El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado instar al Gobierno aragonés a poner en marcha medidas para paliar y reducir la pobreza energética y mejorar la eficiencia tras aprobar la proposición no de ley, presentada por Izquierda Unida, que ha aceptado la enmienda de los grupos que sustentan al Ejecutivo (PSOE, Podemos, CHA y PAR).
La iniciativa, que ha salido adelante con el voto favorable de IU, PSOE, Podemos, CHA, PAR, PP y C’s y la abstención de Vox, ha quedado aprobada.
En ella se recoge la propuesta de impulsar políticas proactivas de identificación y rehabilitación energética de edificios habitados por personas vulnerables y solicitar al Gobierno español el mantenimiento de los programas de eficiencia energética estableciendo una regulación diferenciada para los consumidores vulnerables.
También se reeditará presupuestariamente un nuevo plan Renove para el cambio de electrodomésticos más eficientes y la implantación de tecnología led para dar cobertura especialmente a las personas vulnerables de forma diferenciada.
Otra de las propuestas es la de implementar de forma efectiva la medida 7 recogida en la Estrategia nacional contra la pobreza energética, rehabilitaciones exprés en viviendas, en las convocatorias de rehabilitación de viviendas de la Dirección General de Vivienda.
IU también recoge que se posibilite en la línea de subvenciones de vivienda dirigidas a eficiencia energética la cobertura del 100% del gasto de las familias vulnerables; y por último, estudiar fórmulas para mejorar las medidas de eficiencia energética en el parque de vivienda de alquiler.
El coordinador y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha recordado durante su intervención que las personas vulnerables en Aragón tienen unas circunstancias concretas que “no se ajustan a los planteamientos que se impulsan en la ley de reducción de la pobreza energética de Aragón, dejándolos fuera en demasiadas ocasiones”. Asimismo, Sanz ha señalado que muchas de las personas vulnerables viven de alquiler o viven en edificios antiguos que necesitan de una gran inversión que no pueden asumir y en ocasiones la ciudadanía no conoce la existencia de dichas subvenciones y les puede resultar muy complejo solicitarlas, quedando fuera y no llegando a bolsas de población que deberían ser objeto prioritario de actuación.
