En concreto, las Cortes instan al Gobierno aragonés a revisar y actualizar los protocolos y medidas de todos los Planes de Emergencia Exterior (PEE) en zonas afectadas por industrias que trabajan con sustancias peligrosas y a cumplir con las medidas que se establecen en estos Planes en situaciones de normalidad, para las poblaciones afectadas, especialmente: Garantizando una dotación adecuada de materiales; organizando simulacros de emergencia periódica con la participación de los diversos grupos de acción implicados en una hipotética emergencia planteada (mínimo uno cada 3 años); programando ejercicios de adiestramiento de los cuerpos implicados; llevando a cabo programas de enseñanza básica de protección personal de la población y poniendo en marcha campañas de divulgación e información entre la población, con charlas, demostraciones, folletos y acciones de familiarización de los sonidos de las alertas.
Además, se demanda al cuatripartito elaborar la Ley de Emergencias y Protección civil de Aragón considerando el riesgo generado por los establecimientos que manejan sustancias químicas peligrosas, estableciendo protocolos de revisión de los PEE que afectan a las zonas de influencia de estas industrias y garantizando la dotación de medios para la información y formación de la población afectada.
Cabe destacar que en Aragón, unas 845.140 personas están sometidas a un riesgo industrial químico en las 11 instalaciones fijas que requieren de la aprobación de un PEE (de las 40 sujetas a la normativa), en poblaciones como Zaragoza, Utebo, Samianigo, La Zaida y Monzón (con cuatro industrias). Si bien es cierto que el territorio cuenta con una decena Planes de Emergencia Exterior aprobados o en elaboración, algunos datan de hace 10 años y, por lo tanto, son anteriores a la aprobación de la última normativa en 2015 e incluso de la aprobación del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón. Estos planes están concebidos para tener una respuesta ágil ante un siniestro grave, pero para ello en situaciones de normalidad hay que tenerlos en “orden de revista”.
“Estos planes, como los coches, necesitan pasar por el taller y ser sometidos a una 'revisión de mantenimiento' porque de nada sirve elaborarlos y meterlos en un cajón, cuando las circunstancias que condicionaron en el momento de su redacción van cambiando con los años”, ha señalado el portavoz de IU, Álvaro Sanz para recordar que el Plan Territorial de Aragón del 2014 es posterior a la elaboración de 7 de los 10 PEE con que cuenta Aragón y en éste se establecen las normas generales que deben cumplir en lo que respecta a la definición de la estructura, la organización y funciones, para garantizar así la eficacia en la organización de los recursos humanos y materiales en situaciones de emergencia.
“No se trata de alarmar a la población, - ha apuntado Sanz- pero sí de preparar y mantener el las mejores condiciones los medios materiales y humanos que, en el hipotético caso de que se produzcan estos siniestros, tendrían que actuar y de informar y de preparar a la población para que sepa cómo y cuándo debe actuar”.
