El Pleno de las Cortes de Aragón ha acordado que se ejerza control de los pisos privados y otros establecimientos públicos "donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución" y "se procede, en su caso, al cierre", tras aprobar este jueves una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida.
El portavoz parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha defendido "la abolición de la prostitución" y el cierre de "manera inmediata" de "los llamados prostíbulos" garantizando "condiciones de vida digna a las mujeres en situación de prostitución, de las que una gran mayoría son víctimas de explotación sexual", ha asegurado.
IU cree "fundamental" impulsar "leyes abolicionistas de la prostitución", en las que "las mujeres prostituidas reciben ayudas sociales, inserción laboral, formativa, entre otras", y "se persigue de forma eficaz el proxenetismo y la demanda de la prostitución", considerando que "en el origen de ésta se halla la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y, como no, la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo".
En cuanto a la pandemia, desde IU también creen que hay que destacar que mantener abiertos estos locales "supone un riesgo para la salud de las personas en situación de prostitución y un problema de salud pública para identificar y localizar los posibles contagios".
En este sentido, han criticado que "a pesar de las recomendaciones del Ministerio de Igualdad y el cierre del ocio nocturno por la posibilidad de contagio, el Gobierno de Aragón no había previsto tomar ninguna medida en estos locales ante la expansión del coronavirus, como ha pedido Sanidad".
"Izquierda Unida ha conseguido con su iniciativa que se dé el paso fundamental para acabar con esta forma de violencia machista, apoyar a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución y evitar que la pobreza sea el motivo para encontrarse en esta situación garantizando recursos desde las administraciones públicas", ha subrayado Sanz.
La iniciativa se ha aprobado tras transaccionar la enmienda presentada por los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR). El texto sólo ha sido rechazado por el ultraderechista Vox y Ciudadanos.
El texto recoge cuatro puntos, en los que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a "reforzar la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad del Estado y de las organizaciones para el control de los pisos privados y otros establecimientos públicos donde pueda haber sospecha de situaciones de prostitución y proceder, en su caso, al cierre".
En su segundo punto, pide "habilitar un plan de alternativa habitacional para mujeres en situación de prostitución y un plan de recuperación social que garantice asesoramiento, formación y emancipación de aquellas mujeres en situación de prostitución que deseen salir de ella, contando con las organizaciones de apoyo a mujeres en situación de prostitución".
El tercer punto, recoge "analizar en el debate del Proyecto de Ley de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital la inclusión como beneficiarias de ayudas de las personas en situación de explotación sexual para poder abandonar la prostitución e iniciar un proceso de inclusión social, como ya se recoge actualmente en el Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia".
Por último, en su cuarto punto, pide "intensificar la vigilancia por parte de las Administraciones Públicas para identificar los casos de trata con fines de explotación sexual con objeto de eliminar la explotación sexual y los fines lucrativos de los proxenetas".
Cabe recordar, que antes de que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzase la recomendación a los territorios de garantizar el cierre de los prostíbulos, en Aragón ya se estaba actuando para que las trabajadoras sexuales tuvieran una alternativa habitacional frente al cierre de prostíbulos para pasar la pandemia, una medida pionera del IAM para abordar el trabajo sexual durante este periodo.
