Las Asociaciones Vecinales del Actur solicitarán en el Pleno Municipal de Actur-Rey Fernando, que se celebra hoy miércoles 22 de mayo a las 19.30 horas en el salón de actos del Centro Cívico Río Ebro (calle Mª Zambrano 56), la reprobación y la dimisión del Delegado del Gobierno en Aragón y del Subdelegado en Zaragoza, por los hechos del 18 de abril.
Las AAVV basan su demanda en “la incapacidad demostrada por los citados cargos públicos para desempeñar su labor de manera democrática, ya que nos estamos enfrentando a un continuo menoscabo del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, manifestación o reunión, derechos recogidos en los artículos 20 y 21 de la norma constitucional del Estado español”.
Contenido completo de la moción que presentarán ante el Pleno Municipal:
Las asociaciones vecinales de Actur-Puente Santiago, Parque Goya II “Los Caprichos”, Actur-Rey Fernando y Parque Goya, integrantes todas de la Plataforma Solidaria de Actur y Parque Goya, mediante el presente escrito instamos a la Junta Municipal de ACTUR-Rey Fernando a la reprobación y, en su caso, solicitar la dimisión del Delegado del Gobierno, el Sr. Gustavo Alcalde, y del subdelegado, dada su incapacidad para desempeñar su labor de manera democrática, ya que nos estamos enfrentando a un continuo menoscabo del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, manifestación o reunión, derechos recogidos en los artículos 20 y 21 de la norma constitucional del Estado español.
El próximo 28 de mayo se va a celebrar un Juicio de faltas a la Presidenta de la AVV de Vecinos Actur – Puente Santiago Asun Gulina, miembro de la Plataforma Solidaria Actur – Parque Goya, denunciada por dos agentes, en el libre ejercicio de su derecho a entregar un escrito en la sede del IASS y protestar contra los recortes de las ayudas y alquileres sociales, el pasado 18 de abril de 2013.
Así mismo se ha incoado apertura de 5 expedientes sancionadores, por los mismos hechos relatados en el apartado anterior, a 5 personas concentradas allí, que están en paro y en difícil situación debido a los motivos por lo que se hacía la protesta.
Dicha protesta estaba comunicada y autorizada por la misma autoridad gubernativa que posteriormente la reprime, dejando a la ciudadanía en una clara indefensión.
Por tanto, estas personas se encontraban ejerciendo su derecho de manifestación o concentración en lugares públicos, consagrado en el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la LO 9/1983 de 15 de julio; regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 105 (art. 11); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 (art. 21); y más recientemente en el art. 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los denunciados, se encontraban haciendo uso de un derecho individual de ejercicio colectivo, legítimo en nuestra legislación.
También decimos que estos hechos no son aislados, sino que están enmarcados en unas cuantas decenas más de hechos similares desde su toma de posesión, por lo que entendemos que responde a una estrategia de criminalización de la protesta social.
Y por último, no llegamos a entender cómo entidades sociales debidamente registradas, y ejerciendo su derecho de manifestación con todos los permisos requeridos, además de con una trayectoria histórica de actuaciones responsables, son permanentemente acosadas con desproporcionados despliegues policiales que, para más escarnio y vergüenza, acaban con la consabida petición general y a todo el mundo de las documentaciones que, desgraciadamente, solo recuerdan a tiempos que creíamos olvidados. ¿Cómo entender, si no, que para una concentración pacífica y legalizada en la que apenas había 50 personas, hubiese 3 furgones de policía nacional y que no se nos permitiera entregar el escrito de protesta que era el principal objetivo de nuestra concentración?
Por todo ello, SOLICITAMOS:
La dimisión del Delegado del Gobierno, el Sr. Gustavo Alcalde y del subdelegado, ante los hechos expuestos anteriormente y ante la incapacidad de proteger el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas que vivimos en Aragón. Por el contrario, entendemos que se pretende la criminalización y la represión de baja o alta intensidad de la ciudadanía, las organizaciones y los movimientos sociales.
