Ante el anuncio por parte del nuevo Gobierno de Aragón (PP-Vox-PAR) conformado tras las elecciones del pasado 28 de mayo de que se va a proceder a la derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, actualmente en vigor, aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, quince profesores y profesoras de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza han lanzado un manifiesto en su defensa.
"Manifiesto contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón", el título del texto firmado y lanzado por Julián Casanova, Roberto Ceamanos, Ángela Cenarro, Carlos Domper, Carlos Forcadell, Carmen Frías, Diego Gaspar, Ignacio Peiró, Francisco Javier Ramón, Carmelo Romero, Miguel Ángel Ruiz, Pedro Rújula, Alberto Sabio, Pilar Salomón y Enrique Bernad, profesores de la Universidad de Zaragoza, y que ahora puede ser firmado por cualquier persona que quiera apoyarlo a través de una campaña lanzada en change.org.
En el manifiesto, expresan "desde un punto de vista estrictamente académico y profesional, en línea con la visión que nuestros compañeros de otras Universidades españolas y europeas han defendido respecto al papel que deben desempeñar los poderes públicos en el desarrollo de políticas del pasado", que como indica la misma ley, "construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático vinculado a la guerra civil y a la dictadura franquista y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia". "Pensamos que esta ley es un instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos", añaden.
Explican que las y los profesores del área de Historia Contemporánea firmantes del manifiesto "hemos dedicado años de investigación y esfuerzo para construir un relato estrictamente profesional de lo ocurrido en el siglo XX español y aragonés, trabajo que ha facilitado también la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas de la guerra civil y de la posterior dictadura franquista frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas".
Así, advierten que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón supone, de facto, "la paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la guerra civil y la represión de posguerra". "Especialmente grave es que deja la puerta abierta a la revisión de los currículos educativos por parte de quien en ese momento ocupe el poder político. Este último aspecto preocupa especialmente a los profesores de Historia contemporánea por cuanto se perciben serios desajustes entre el conocimiento historiográfico más avanzado y lo plasmado de forma sintética en algunos manuales escolares", remarcan.
También subrayan que la Ley de Memoria Democrática de Aragón "se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. A su vez, la Constitución española indica en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España".
Por todas estas razones, las y los profesores de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza firmantes del manifiesto solicitan el mantenimiento en vigor de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada por una amplia mayoría en las Cortes, y considerada "un texto legal moderado y razonable" que "busca cerrar las heridas del pasado no mediante su negación u olvido, sino a través del conocimiento de los hechos fundamentado en el método histórico propio de la disciplina, contrastado en la tradición historiográfica forjada en la comunidad plural de historiadores".
En ese sentido, consideran que los poderes públicos "deben garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica". "Hacer frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país", afirman. En ese sentido, sostienen que "los beneficios de esta ley redundan en favor del avance del conocimiento histórico sobre unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual".
Por último, invitan a las y los historiadores que lo deseen, y al resto de la ciudadanía, a apoyar este texto que, "aunque nacido de un grupo específico de contemporaneístas, está abierto a ámbitos más amplios a los que afecta una derogación de esta norma de tanto calado social".
