Este pasado miércoles el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón publicaba en el BOA el Decreto-Ley 4/2020 “por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica”. Lo rubrican el Consejero del ramo, Carlos Pérez, y el Presidente, Javier Lambán.
Este Decreto Ley establece todas las medidas de la iniciativa gubernamental “Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica”, pero tenemos que llegar hasta la penúltima página, concretamente a su Disposición final primera, para comprobar que textualmente dice “Modificación de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. -subapartado 2- Se adiciona un nuevo apartado tres bis en la disposición transitoria tercera con la siguiente redacción: El plazo de 6 años al que hace referencia el apartado anterior para la pérdida de vigencia de las declaraciones de impacto ambiental que no hubieran iniciado la ejecución de los proyectos o actividades correspondientes en el año 2020 se ampliará en un año con objeto de compensar las limitaciones derivadas de las circunstancias de fuerza mayor, establecidas para la lucha contra la pandemia del COVID-19”.
Pues bien, casualmente el plazo de vigencia de seis años para la DIA -Declaración de Impacto Ambiental- para las obras que Aramón está perpetrando en Castanesa vence este mismo año 2020. Así, en el último instante, y por la gatera, Aramón se podrá acoger a esta medida ‘general’ que bien parece redactada ‘a medida’.
Sorprende, o no, la insistecia del PSOE de Lambán -y su gobierno, claro- en facilitar a la empresa semi-pública Aramón cuantas modificaciones y ayudas administrativas necesite para el desarrollo de sus estrategias en el subsector turístico de la nieve, sobre todo en proyectos de tan alta contestación social, política, y científica como el de la ampliación de la estación de Cerler por Castanesa.
