Política

Lambán, cuatro años sin alternativa para el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración

Una legislatura perdida. Cuatro años en los que el ejecutivo deja sin revisar y sin alternativa el PASD, caducado en 2015; no ha construido las depuradoras del Pirineo, consideradas de interés general; ha paralizado la construcción de nuevas depuradoras y las pocas licitaciones que ha hecho ha sido manteniendo el ineficiente tipo de depuradoras anterior; y se ha obcecado en el cobro del ICA, a sabiendas de que es un impuesto injusto, masivamente rechazado.
| 16 febrero, 2019 07.02
Lambán, cuatro años sin alternativa para el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración
Manifestación en Zaragoza contra el ICA el 4 de febrero de 2018. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Próxima a finalizar la actual legislatura, desde la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), han lanzado un comunicado en el que hacen balance de lo que ha sido la política del gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, en materia de depuración de Aragón.

El gobierno de Lambán prometió frenar la privatización de la depuración de las aguas residuales en Aragón, pero su primera acción nada más llegar al gobierno, en agosto de 2015, fue adjudicar a una empresa privada la gestión del cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), con un coste próximo a los dos millones de euros anuales.

Aunque paralizó los procesos de licitación por el método concesional que estaban en marcha para adjudicar las depuradoras de las zonas 10B y 10C (Baixo Aragón y Maestrazgo turolense), no ha sido capaz de buscar alternativas más eficientes a las depuradoras “tipificadas” en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), adaptadas a la situación real de las poblaciones, lo que ha impedido avanzar en la depuración del agua en Aragón durante los cuatro últimos años.

El gobierno de Lambán ha reconocido en repetidas ocasiones que las depuradoras construidas estaban sobredimensionadas y utilizaban tecnologías caras y poco eficientes. Sin embargo, en las pocas licitaciones que ha hecho han seguido utilizando el mismo modelo de depuradoras, como en los casos de Calaceite (1,7 millones de euros) y Maella (2 millones de euros).

Ha hecho un tímido intento de avanzar en tecnologías extensivas con una planta piloto en Castelserás que, aunque ha supuesto una inversión de 700.000€ (equivalente a un tercio del coste de las depuradoras que se venían construyendo), sigue suponiendo el triple de gasto que otras experiencias exitosas como Fabara. Han tenido que ser iniciativas municipales como las de Jaulín o Torrecilla de Alcañiz las que apuesten por tecnologías extensivas, mucho más económicas, o la insistencia de ayuntamientos como Aguaviva, que han obligado al IAA a revisar proyectos inicialmente diseñados con las depuradoras “tipificadas” en el PASD.

Desde RAPA recuerdan que la última vez que el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD) se revisó fue en el año 2009. “La normativa establece que el PASD ha de revisarse cada 6 años, por lo que el vigente caducó en junio de 2015”, aseguran desde la Red de Agua Pública de Aragón, por lo que el gobierno de Lambán debería haber iniciado el proceso de revisión del PASD tras su toma de posesión. Lejos de hacerlo, va a terminar la legislatura sin que se haya iniciado un verdadero proceso de revisión del PASD que modifique los datos utilizados para dimensionar las depuradoras, los criterios medioambientales, técnicos y económicos que las justificaban y consolide de una vez por todas, un modelo de gestión pública de la depuración en Aragón.

La mayoría de los pueblos del Pirineo siguen vertiendo a los ríos sus aguas residuales sin depurar. La Confederación Hidrográfica del Ebro factura a estos ayuntamientos el canon de control de vertidos más alto y, además, les sanciona por el incumplimiento legal de depurar, cuando la competencia está cedida al IAA. Esta situación conlleva el incumplimiento de directivas europeas medioambientales que va a ser investigado por la Comisión Europea (como el procedimiento 2012/2100), lo que puede suponer la imposición de sanciones millonarias al Estado español. En este aspecto, “la pasividad del gobierno de Lambán no tiene excusa”, afirman desde RAPA.

Y es que el ejecutivo aragonés no ha sido capaz de dar respuesta a los municipios del Pirineo que deberían tener construidas sus depuradoras hace muchos años, sin coste alguno para los aragoneses, gracias al Convenio que se suscribió con el Ministerio de Medio Ambiente en 2008, cuya finalidad se ha incumplido sistemáticamente con la connivencia del resto de instituciones implicadas, lo que puede suponer que Aragón tenga que devolver al Estado más de 117 millones de euros, según cifras de la Cámara de Cuentas de Aragón.

“Ahora pretende que las inversiones en depuración del Pirineo las paguemos entre todos los aragoneses, mientras gobiernos anteriores gastaron el dinero del ministerio en comprar voluntades y forzar la cesión de competencias municipales en depuración con obras que se debían haber financiado con los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma”, denuncian.

“Lo único que ha hecho el gobierno de Lambán en esta legislatura ha sido anunciar en diciembre de 2018 un plan plurianual de inversiones para el periodo 2019-2024, que deberán ejecutar otros gobiernos, por valor de 74 millones de euros para construir 19 depuradoras en las aglomeraciones urbanas de más de 1.000 habitantes equivalentes, más una línea específica de subvenciones con un presupuesto total de 43 millones”, unas cantidades que en ningún momento ha explicado de dónde van a salir. Incluso la rescisión definitiva de los contratos concesionales vigentes en las cuatro zonas del Plan Integral de Depuración del Pirineo Aragonés se va a demorar más allá de esta legislatura, lo que supondría un coste adicional que ya lleva acumulados 5 millones de euros.

La única solución que ha encontrado para avanzar en la depuración en pequeñas poblaciones (más de 450 pueblos de menos de 1.000 habitantes equivalentes, incluidos en el Plan Integral de Depuración, PID) ha sido lanzar convocatorias de subvenciones con el objetivo de tener en funcionamiento las depuradoras en 2026, comprometiendo las dos próximas legislaturas. Sin embargo, los propios servicios jurídicos institucionales han reconocido que unos 560 municipios de Aragón no disponen en la actualidad, ni van a disponer en un futuro próximo, de instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

A pesar de que el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón de marzo de 2017, sobre la fiscalización del ejercicio de 2015 del IAA, reconocía los sobrecostes en la construcción y explotación del sistema concesional de las plantas de depuración en funcionamiento, y la necesidad de incrementos constantes de las tarifas del ICA, por encima del IPC, para hacer sostenible el sistema concesional, el Gobierno de Aragón no ha sido capaz de presentar una propuesta alternativa de financiación del PASD que reduzca esos sobrecostes y reduzca la presión fiscal sobre los aragoneses.

El Presidente Lambán, junto con el Consejero Olona y la directora del IAA recibieron a representantes de la RAPA una única vez, en febrero de 2018, donde se les entregó un resumen de la propuesta elaborada como alternativa al modelo de financiación del PASD vigente. “Ha sido imposible volver a mantener otra reunión con el Presidente, ni ha dado respuesta fundamentada a las propuestas que se le hicieron. Su reacción fue convocar una supuesta ‘Mesa Técnica para la evaluación del ICA’, cuya composición y contenidos estuvo controlada en todo momento por el gobierno de Aragón, cuya finalidad evidente era desactivar la alternativa de la RAPA, razón por la cual sus representantes no participaron en la elaboración de conclusiones, ni las suscribieron”, denuncian desde RAPA.

En lugar de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza para buscar una solución pactada a la aportación de Zaragoza para financiar el PASD, el gobierno de Lambán forzó la modificación de la Ley 10/2014, obligando a la ciudad a incorporarse al sistema general del ICA sin negociación previa, contradiciendo la propia actitud defendida por el Consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, cuando representaba los intereses de la ciudad.

Ha desoído a la ciudadanía de Zaragoza que se ha manifestado con contundencia en dos ocasiones ya, coincidiendo con la emisión de los recibos del ICA de los años 2016 y 2017.  En el primer caso, la ciudadanía se pronunció a través de casi 50.000 recursos de reposición contra los recibos del ICA y con un volumen de impagados de más de 90.000 recibos.  En el segundo caso, los impagados han aumentado hasta más de 106.000 recibos, se han recogido decenas de miles de firmas y se han presentado más de 1.600 reclamaciones económico-administrativas contra esas liquidaciones, que obligarán a que haya un pronunciamiento formal del gobierno de Aragón.  Con toda esa conflictividad social, el gobierno de Lambán ni siquiera se ha molestado en responder los recursos interpuestos de manera individualizada, tal y como le ha sugerido el Justicia de Aragón en varias ocasiones, y ha actuado con total falta de respeto al sentir de la ciudadanía.

Finalmente, se ha constatado que el gobierno de Lambán no ha asumido la responsabilidad institucional que le correspondía respecto a las decisiones erróneas adoptadas por gobiernos anteriores de Aragón, rechazando asumir con cargo a sus presupuestos generales la parte de los gastos de depuración en Aragón que se pueden considerar “suntuarios”.  Es decir, aquellos generados a consecuencia de los errores cometidos en el diseño de las plantas y en el modelo de gestión privatizado.

Por todo ello, el próximo gobierno que salga de las urnas en el mes de mayo tendrá ante sí unos retos, agravados por la parálisis de la actual legislatura, que deberá acometer desde el primer día, sin solución de continuidad. Desde la Red de Agua Pública de Aragón hacen pública su disposición para trabajar en un PASD que responda a las necesidades de los aragoneses, con criterios de gestión pública, sostenibilidad y eficiencia, así como en la defensa del ciclo integral del agua como bien público, gestionado desde los ayuntamientos, evitando su mercantilización y su conversión en objeto de lucro.

16 febrero, 2019

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