Lambán contra la ONU: toros sí, infancia no

Algunos responsables políticos del PSOE en Aragón parecen estar compitiendo con el PP y con Vox a la hora de dar una imagen denigrante y vergonzosa de nuestro país en Europa. No sólo niegan lo evidente, es que nadan contra corriente, nadan contra los tiempos que vivimos. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, acaba de anunciar ante la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos de Aragón su intención de actualizar la normativa autonómica en materia de escuelas taurinas para fomentar entre los jóvenes la cultura del toro. Entre otras medidas, se va a estudiar …

Algunos responsables políticos del PSOE en Aragón parecen estar compitiendo con el PP y con Vox a la hora de dar una imagen denigrante y vergonzosa de nuestro país en Europa. No sólo niegan lo evidente, es que nadan contra corriente, nadan contra los tiempos que vivimos. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, acaba de anunciar ante la Comisión Consultiva de Asuntos Taurinos de Aragón su intención de actualizar la normativa autonómica en materia de escuelas taurinas para fomentar entre los jóvenes la cultura del toro. Entre otras medidas, se va a estudiar la posible participación de menores de 14 años en la suelta de reses, concretando la edad y el tipo de animales que participan.

Esas decisiones chocarían frontalmente con el cumplimiento de acuerdos internacionales que obligan a España en materia de protección de los derechos de la infancia y adolescencia a vivir en un entorno libre de violencia. El Gobierno de Lambán tira a la basura a la máxima autoridad internacional en Derechos de la infancia, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que ha expresado reiteradamente su preocupación con respecto a la participación activa o como espectadores de niños, niñas y adolescentes en espectáculos públicos taurinos. El Gobierno de Lambán se ha convertido en heredero de aquellos que le cerraron la puerta a la Ilustración, siglos después.

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). La Convención es de carácter obligatorio para los Estados que la hayan ratificado. España la ratificó el 30 de noviembre de 1990. Mediante su ratificación, España se obliga a seguir las recomendaciones del máximo órgano que vela por el cumplimiento de la Convención, el Comité de los Derechos del Niño, cuyo artículo 19 recoge el derecho del niño, niña o adolescente a vivir en un entorno libre de violencia. Asimismo, la Constitución Española establece en su artículo 39.4: «Los niños gozarán de la protección prevista en acuerdos internacionales que velan por sus derechos».

El 2 de febrero de 2018 se publicaron las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, en el que se revisa el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del Niño en España y se hacen públicas sus Observaciones, que suponen una hoja de ruta sobre cómo mejorar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas en España. Habiendo ratificado la Convención, es obligación del Estado y de la Administración adoptar las medidas necesarias para cumplir con dichas observaciones y dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención, teniendo como consideración primordial el interés superior del niño.

En dichas Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España en su Sección E. Violencia contra los niños, en el artículo nº 25, bajo la rúbrica Tauromaquia, se señala: «Para prevenir los efectos nocivos para los niños del espectáculo de los toros, el Comité recomienda que el Estado parte prohíba la participación de niños menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia.»

Que algunos políticos quieran sacrificar el interés superior del menor en favor de otros intereses que son claramente minoritarios en nuestra sociedad es algo que debería preocuparnos mucho. Que nuestro Gobierno priorice la supervivencia de prácticas anacrónicas etiquetadas erróneamente como patrimonio cultural o sus propios intereses electorales en el medio rural en detrimento de la protección de nuestra infancia y adolescencia es algo perverso que no nos puede dejar impasibles. ¿Es esta la sociedad que quiere construir el PSOE? ¿Es esta la sociedad de la que sus socios de gobierno van a ser cómplices? ¿Van a permanecer CHA y Podemos callados ante esta barbaridad?

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