La vía judicial certifica la victoria de la lucha social en defensa de Castanesa

Celebremos que uno de los valiosos valles del Pirineo aragonés mantendrá su frágil equilibrio medio ambiental alejado de los ‘señores del ladrillo’. Celebremos que en virtud de una contundente sentencia judicial los especuladores y usureros mantendrán sus billeteras alejadas de uno de los enclaves paisajísticos más hermosos de las montañas de Aragón. Celebremos que el sentido común, que dicta la obligación ética de preservar la biodiversidad para generaciones futuras, ha visto reforzadas sus posiciones también desde el frente judicial. Celebremos. Porque es necesario celebrar para que las luchas en defensa de la tierra recobren energía, se revitalicen y salgan fortalecidas. …

Tuca Castanesa chorche tricasCelebremos que uno de los valiosos valles del Pirineo aragonés mantendrá su frágil equilibrio medio ambiental alejado de los ‘señores del ladrillo’. Celebremos que en virtud de una contundente sentencia judicial los especuladores y usureros mantendrán sus billeteras alejadas de uno de los enclaves paisajísticos más hermosos de las montañas de Aragón. Celebremos que el sentido común, que dicta la obligación ética de preservar la biodiversidad para generaciones futuras, ha visto reforzadas sus posiciones también desde el frente judicial.

Celebremos. Porque es necesario celebrar para que las luchas en defensa de la tierra recobren energía, se revitalicen y salgan fortalecidas. Celebremos, puesto que nos reconocemos proclives a la alegría y al bien común. Celebremos, si quiera sea por lo inusual de una victoria, en la lucha de los pequeños contra los grandes, en la defensa de los derechos humanos y medioambientales. Celebremos, pero sin olvidar que la sentencia judicial que declara la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy es una victoria muy importante pero parcial.

Celebremos pues esta victoria parcial siendo conscientes de que las luchas sociales y medio ambientales son útiles y dan resultados para los intereses del bien común. Aprendamos a utilizar ‘el frente judicial’ como una herramienta más para la conquista de derechos colectivos. Y aprendamos también de esta experiencia, que sin olvidar la ‘lucha en la calle’, la construcción de argumentos, o la labor de zapa en el discurso hegemónico del poder, la victoria de las tesis de la defensa del bien común y lo colectivo solo será completa con un cambio de modelo económico, social y político.

La contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón –TSJA-  ha estimado favorablemente el recurso presentado por Naturaleza Rural-Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa contra el PGOU del municipio de Montanuy, siendo la parte demandada Aramón-Castanesa Nieve, el Ayuntamiento de Montanuy y la Diputación General de Aragón, y sentenciando la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- de Montanuy.

El PGOU anulado del Ayuntamiento de Montanuy recalificaba 52 hectáreas de suelo con objeto de crear el mayor dominio esquiable del Pirineo, pero el TSJA ha argumentado que la evaluación ambiental estratégica es un trámite de carácter esencial y su omisión determina la nulidad de pleno derecho del PGOU aprobado y ahora anulado.

La sentencia -ver completa- señala que los acuerdos impugnados son los alcanzados por la Comisión de Ordenación del Territorio de Uesca el 27 de febrero y el 23 de diciembre de 2008, mediante los cuales se aprobó el PGOU de este municipio, así como la decisión del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón de desestimar los recursos de alzada interpuestos por Naturaleza Rural contra los acuerdos mencionados. La sentencia destaca la elevada calidad ambiental del municipio de Montanuy, en especial por la gran cantidad de espacio protegido dentro de la Red Natura 2000 y el gran impacto sobre el territorio que tendría el PGOU.

La lucha en defensa de las montañas de Aragón ha sido larga y no ha concluido

Que Aragón es un país de montañas es una obviedad geográfica y una realidad sentimental. También es obvio que el modelo de desarrollo turístico levantino-franquista dio sus zarpazos en nuestros valles y aún hoy continúa intentándolo, pues el Gobierno de Aragón mantiene entre sus proyectos estrella (tanto para el PSOE, como para el PAR, como para el PP) la empresa semipública Aramón (primer grupo empresarial peninsular de turismo de nieve y montaña. El grupo está participado al 50% por el Gobierno de Aragón y por Ibercaja y, bajo la forma de sociedad anónima, opera como holding que integra y gestiona cinco estaciones: Cerler, Panticosa y Formigal, en el Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares, en el Sistema Ibérico aragonés).

Como ejemplo del carácter estratégico de “la nieve” para este gobierno y los anteriores, baste recordar que el actual consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, es el anterior presidente ejecutivo de Aramón, y que el actual presidente de Aramón es Manuel Guedea, histórico dirigente de la delegación del PP en Aragón.

En el caso concreto de la estación de Cerler y de la pretendida ampliación de su superficie esquiable destrozando para ello la Bal de Castanesa, la lucha se remonta a varios años atrás. En el año 2005 la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón promovió una iniciativa legislativa popular -ILP- para la creación de una Ley de protección de la montaña de Aragón. Esta propuesta de ley, avalada por la firma de más de 30.000 aragoneses y aragonesas, defendía la aprobación de medidas protectoras del paisaje y del territorio de montaña por encima de la cota de 1.500 metros, el desarrollo de "una moratoria cautelar por dos años con carácter general para la aprobación de proyectos de creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y centros invernales que se pretenden instalar en áreas de alta montaña", e iniciativas integrales para el desarrollo económico y social en la montaña aragonesa, recuperando una especial atención a la promoción de las actividades económicas agrícola, ganadera, de la industria agrotransformadora y de los nuevos servicios emergentes.

El 16 de diciembre de 2005 la presentación de la ILP en las Cortes de Aragón fue rechazada por la coalición gobernante PSOE-PAR, a pesar de cumplir ampliamente con todos los requisitos legales. Sin embargo, la Plataforma no rebló en la lucha, anotándose un notable éxito en febrero de 2009 con la iniciativa “Buena Chent” que recaudó fondos con un concierto solidario en defensa de Castanesa, al que asistieron más de 5.000 personas llenando la sala Multiusos de la capital del país, y obteniendo gran parte de los cuantiosos recursos económicos necesarios para la interposición del recurso contencioso-administrativo que ha dado sus frutos con la sentencia del TSJA.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón celebra la sentencia

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón considera que “la sentencia judicial es un espaldarazo a los argumentos que durante años han esgrimido los sectores contrarios al despropósito social, económico y ambiental que suponía la ampliación de Cerler y el megaproyecto urbanístico de Montanuy”.

Mariano Polanco, uno de los portavoces de la plataforma que aglutina a particulares y entidades conservacionistas, entre ellas Naturaleza Rural, que demandó el proyecto, muestra su “satisfacción por el entierro definitivo de esta barbaridad, aunque es terrible saber que ya se han tirado 30 millones de euros que ha salido de todos los contribuyentes aragoneses”. En opinión de la plataforma, “este hecho debería tener consecuencias políticas claras y hacer que asumieran responsabilidades muchos dirigentes políticos y financieros que impulsaron el proyecto y tiraron el dinero público”.

Polanco recuerda que “las numerosas alegaciones que efectuaron las asociaciones ecologistas y los particulares que cuestionaban el proyecto decayeron sin tener en cuenta ni una”,  y reitera “la alegría por el hecho de que un juez haya mostrado argumentos tan claros y fulminantes contra el plan urbanístico”. El portavoz de la plataforma también advirtió de que otro plan aún vigente, la unión de Astún y Candanchú con Formigal, “es otra barbaridad con graves afecciones”.

Coagret entiende que la sentencia debe tener consecuencias políticas y provocar dimisiones

Desde Coagret explican que esta coordinadora “ha apoyado siempre a la lucha de los compañeros de la Plataforma en Defensa de las Montañas, y de la asociación Naturaleza Rural en su lucha contra este proyecto de Castanesa, que no era sino un expolio lanzado contra un valle, contra una comarca que ha estado a punto de ser objeto de la explotación de los especuladores de siempre”.

“Lo han hecho tan mal, que la sentencia del TSJA debería producir dimisiones y la marcha de la vida política de aquellos que desde el Gobierno de Aragón anterior del PSOE-PAR impulsaron y presentaron este proyecto como fundamental y estratégico para Aragón, criminalizando y estigmatizando a las gentes que desde la propia comarca y desde el movimiento ecologista han luchado para que la legalidad y el sentido común prevalezcan”, denuncian.

Puyalón de Cuchas celebra la anulación del plan urbanístico de Montanuy

El Coordinador Nacional de Puyalón de Cuchas, Zésar Corella, afirma que “el desarrollo de los pueblos de nuestro País debe realizarse de manera racional y sostenible”, y añade que “la construcción de miles de viviendas, hoteles y plazas de aparcamiento en unos pueblos que suman 250 habitantes es crear un Benidorm pirenaico”.

“El Gobierno de Aragón debe retirar inmediatamente el proyecto de ampliación de las pistas de esquí de Cerler. El gasto de casi 500 millones de euros en macroproyectos como este no está justificado ni económica, ni socialmente. Exigimos del Gobierno de Aragón una investigación en Aramón y depurar  responsabilidades por los millones de euros gastados ya en este proyecto y que irán a parar a las deudas de esta entidad que ascenderán ya a más de 100 millones de euros”, denuncia Corella.

Para el portavoz de Puyalón en Aragón “debemos plantearnos un desarrollo del medio rural que se adecúe a la situación, aprovechando el medio en que se vive, no destruyéndolo. Proyectos como la ampliación de Cerler, la unión de Candanchú con Astún y Formigal o Gran Escala son proyectos estrellados contra la realidad. Grandes inversiones en modelos desarrollistas con un gran impacto ambiental y dudosa rentabilidad social y económica presente y futura”. concluye.

Asociaciones vecinales de Zaragoza muestran su satisfacción por la sentencia del TSJA

Las asociaciones de vecinos y vecinas de la ‘República Independiente de Torrero’,  La Paz, Venecia y Torrero, explican que “siempre hemos tenido la protección y mejora del medio ambiente como uno de los condicionantes a la hora de apoyar un modelo de desarrollo, ya sea éste de crecimiento de la ciudad en su extrarradio, donde cuando va la gente no hay nada,  sea ‘una exposición cultural’ bajo el paraguas prostituido de la sostenibilidad ambiental o sea un trasvase de río sin más demanda que el bolsillo de unos especuladores de ladrillo o de agua, tanto en el Ebro como en el Jalón. Hemos hecho alegaciones y hemos estado en las manifestaciones que los colectivos que defienden el patrimonio natural y cultural de todos y todas han realizado”.

“Castanesa nos pareció un ejemplo de soberbia y distanciamiento de la realidad. Soberbia para decidir desde un consejo de gobierno qué es y qué no es un impacto ambiental a base de pagar doblones a consultoras o institutos ambientales que no osan chistar”, denuncian.

Desde las vecinales concluyen afirmando que “apoyamos a la Plataforma en Defensa de la Montaña en su momento y ahora nos alegramos con ellos de la sentencia del TSJA que declara ilegal el proyecto urbanístico de Montanuy – Castanesa , con ellos y sobre todo con los vecinos y vecinas que allí en minoría mostraron que así no se hace rico un valle, perdiendo sus valores ecológicos, su paisaje, su identidad y su autonomía. ¿Es lógico que la empresa Aramón sea ahora la mayor propietaria del valle de Castanesa?  Más de 30 millones de euros de deuda para pagar pastos que hoy vuelven a ser pastos”.

CHA reclama al Gobierno de Aragón que no recurra la sentencia sobre la ampliación de Castanesa

José Luis Soro, presidente nacional de CHA, se muestra “satisfecho por una sentencia que frena un pelotazo urbanístico y una barbaridad social y medioambiental”.

CHA muestra “su satisfacción tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por el que se anula el Plan General de Ordenación de Urbana de Montanuy. Para Soro “esta sentencia da la razón a unos ciudadanos y ciudadanas que luchan por su futuro contra el pelotazo urbanístico que pretendía impulsar el Gobierno de Aragón PSOE-PAR”.

“Si el Gobierno de Aragón PP-PAR recurre la sentencia estará siendo cómplice de intentar arrasar el Pirineo a base de ladrillo y hormigón”, enfatiza Soro y recuerda que “nos mostramos a favor del desarrollo de las comarcas de montaña gracias a los deportes de inverno y aprovechando un recurso como la nieve pero con el consenso social de la zona y protegiendo el medioambiente”.

Soro concluye afirmando que “los planes de apisonadora del PSOE-PAR suponen hipotecar el futuro y el desarrollo de la comarca a cambio de un boom urbanístico efímero que, ahora, ni siquiera existe”.

IU Aragón valora positivamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón

“Compartimos la decisión del Tribunal porque consideramos que las Administraciones públicas deben trabajar para solucionar los problemas de la ciudadanía y escuchar reivindicaciones como las que plasmaron, al presentar este recurso, los vecinos y vecinas del valle”, explica el portavoz de Medio Ambiente de IU en las Cortes de Aragón, Miguel Aso.

En su opinión, “el estallido de la burbuja inmobiliaria y la actual crisis estructural económica y social en la que nos encontramos pone de manifiesto que ninguna Administración pública debe apostar por proyectos como la ampliación de la estación de Cerler, porque no es estratégica,  es medioambientalmente insostenible y está basada en pelotazos urbanísticos”.

“Bajo la justificación de que el turismo de la nieve genera empleo, -continúa- se ha pretendido facilitar el negocio del ladrillo, cuando sabemos que la ampliación de Cerler tiene un elevado coste ambiental y supone un modelo de  crecimiento desordenado que hipoteca el futuro social y ambiental de las montañas, porque potencia exclusivamente la creación de segundas viviendas y complejos de ocio, que son importantes consumidores de agua, energía y recursos naturales”, explica Aso.

“Es fundamental mantener en las mejores condiciones las estaciones de esquí de nuestro territorio, pero más aún es mantener y proteger nuestro rico patrimonio natural”, concluye.

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