La Universidad de Zaragoza ha sacado a licitación la explotación de seis cafeterías y comedores de sus facultades y, según denuncia OSTA, en ninguno de ellos se recoge la obligación de subrogar al personal contratado.
Las instalaciones hosteleras objeto de licitación, ya sean bares, cafeterías o comedores, según informa el sindicato, son las situadas en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo del Campus San Francisco de Zaragoza, y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y el Edificio Torres Quevedo del Campus Río Ebro.
"El periodo por el cual se sacan a licitación va desde septiembre de este año hasta agosto del 2018, y actualmente trabajan en esos centros unas treinta personas", añade OSTA.
OSTA critica que los pliegos "no recogen la subrogación de los trabajadores" por lo que, a su juicio “puede generar enormes problemas, como ya los generó la última vez, y cuya consecuencia ha sido el cierre de las cafeterías de Interfacultades y Estudios Sociales”. Avisan a las empresas entrantes, en caso de ser otras de las que hay, que “la legislación dice que hay que subrogar”.
En 2014, las trabajadoras de la cafetería de Medicina llevaron ante el SAMA a la empresa entrante por no subrogarlas y consiguieron mantener su trabajo. En cuanto a las trabajadoras de la cafetería de Matemáticas, tuvieron menos suerte ya que, según informan desde OSTA “han perdido su trabajo, y no solo eso, sino que la tras la obligación de indemnizarlas o readmitirlas, según el caso, vieron como la empresa cerraba las cafeterías de Estudios Sociales e Interfacultades”.
En esta ocasión, el sindicato pretende que no tengan que llegar a eso y afirma que su asesoría jurídica está estudiando la impugnación de los pliegos, además de incrementar las protestas ante la Universidad de Zaragoza a la que consideran “culpable de fomentar y propiciar la inestabilidad en el empleo y la conflictividad laboral, y culpable de no tener ningún miramiento para esa treintena de trabajadores y trabajadoras cuyo futuro depende de una puja”.
