La UE pacta un fondo de recuperación de 750.000 millones pero agranda la brecha entre el austericida norte y el damnificado sur

Tras cuatro días de negociaciones, esta madrugada, los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para poner en marcha un plan de recuperación para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 en las economías europeas

Los Veintisiete en una de las reuniones. Foto: @Europarl_ES

El acuerdo recoge la creación de un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que pretender relanzar las economías del bloque comunitario. De este fondo, 390.000 millones se desembolsarán en subvenciones y 360.000 millones en préstamos con el objetivo de ayudar a los estados europeos más golpeados por la pandemia, como el español o el italiano.

Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros.

A las 5.31 horas de este martes, al término de una cumbre que arrancó el pasado el viernes por la mañana en Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, escribía en su cuenta de Twitter: "¡Acuerdo!".

Tras el anuncio, algunos de los principales líderes europeos no han dudado en maquillar de alabanzas el acuerdo. "¡Día histórico para Europa!", aseguraba en la misma red social, el presidente francés, Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el acuerdo es "una señal sobre la capacidad de actuar" de la UE para añadir: "Europa tiene la valentía y la imaginación de pensar en grande".

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha calificado el acuerdo como "un auténtico Plan Marshall para dar una respuesta contundente a la crisis", ha afirmado, en rueda de prensa este martes a primera hora, que "el esfuerzo ha sido extenuante pero el resultado es exitoso, ha merecido la pena. Europa está dando un paso de gigante".

A juicio de Sánchez: "Hoy, sentamos las bases para dar una respuesta a la crisis del COVID-19 sin olvidar el mañana. Iniciamos el camino hacia una gran modernización, situando a Europa donde merece: a la vanguardia, sin dejar a nadie atrás". 

Así, el presidente del Gobierno español se ha mostrado "satisfecho al 95%" con el acuerdo logrado con el resto de líderes de la UE para crear un fondo de 750.000 millones de euros de los que "aproximadamente 140.000 millones de euros" servirán "para financiar reformas e inversiones" en el Estado español. Del total, 72.700 millones serán en transferencias directas "a fondo perdido" y el resto en préstamos.

Recortes en los programas europeos y más control

Sin embargo no es oro todo lo que reluce. Para desbloquear la negociación han sido necesarios cuatro días de intensas negociaciones -que estuvieron cerca de descarrilar en la madrugada del domingo al lunes- y un buen puñado de concesiones al bloque de estados formado por Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia, a los que se sumó Finlandia, que han conseguido recortar el volumen de ayudas, tener mayor control sobre las mismas y mantener sus descuentos en la contribución al presupuesto.

Entre otros aspectos, las transferencias se quedarán en 390.000 millones de euros, 110.000 millones menos que los que recogía la primera propuesta que llegó a la mesa de los líderes europeos. El resto del fondo, 360.000 millones de euros, llegará a los Estados miembros en forma de préstamos que tendrán que devolver.

Además, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria aumentarán sus "cheques" de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, estos cinco estados verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros.

El de los Países Bajos será de 1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial, el de Dinamarca pasará de 197 a 377 millones, el de Austria de 237 a 565 millones y, el de Suecia, de 798 a 1.069 millones. Mientras que Alemania simplemente lo mantiene (en 3.671 millones de euros anuales).

Países Bajos también ha conseguido introducir una mayor supervisión de las ayudas, pero no tendrá una capacidad real de veto si considera que las reformas que ha planteado un país concreto para recibir fondos no son las adecuadas.

El acuerdo final establece que los planes estatales de reformas serán aprobados con mayoría cualificada entre los Veintisiete y los desembolsos posteriores dependerán del cumplimiento de una serie de objetivos preestablecidos. La Comisión Europea evaluará si se han cumplido estos objetivos, aunque excepcionalmente uno o más socios que tengan dudas de su análisis podrán pedir que debata entes a nivel de líderes.

Así, la mayor parte del fondo de recuperación irá dirigido a los gobiernos europeos para apuntalar sus economías, pero el resto se utilizará para reforzar el presupuesto de distintos programas europeos. Estas dotaciones, no obstante, han sido objeto de importantes reducciones en las negociaciones para poder ampliar las ayudas a los países.

Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para la Transición Justa, pieza clave en el llamado Pacto Verde Europeo puesto que canalizará dinero para territorios muy dependientes del carbón. Su dotación con cargo al fondo de recuperación se reduce a 10.000 millones de euros desde los 30.000 millones previstos inicialmente.

El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original y se reduce hasta 7.500 millones, el programa europeo de I+D (Horizonte) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación (frente 13.500 millones que pedía Bruselas) y el programa comunitario de inversiones (InvesEU) recibirá 5.600 millones de este plan.

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