Para quienes conforman la Sociedad Cooperativa Urbana de Trabajadores del Bus de Zaragoza (SCUT) ahora que están "a punto de salir los pliegos del nuevo concurso para la gestión del bus en Zaragoza, según nos dice la alcaldesa, esos que no terminamos de ver, pese a estar hace meses fuera de plazo e incumpliendo una sentencia del TSJA, no vendría mal recordar algunas cosas".
En el comunicado remitido a AraInfo desde la SCUT explican, para que no caiga en el olvido, que "la anterior contrata terminó su periodo de vigencia, en 2023, habiéndose concedido a TUZSA/Avanza ‘con trampas’, según una sentencia del TSJA y otra del TS". Prosiguen rememorando la existencia de "otra sentencia del TSJA" que dictó que "no sé debió prorrogar por cuatro años, porque las anteriores sentencias ya avisaban de que en 2023 debía de haber pliegos para un nuevo concurso". Asunto que "el Gobierno Municipal ignoró, deliberadamente, por más que se le recordó". La cooperativa añade a este interminable periplo judicial que "ésta prórroga sigue judicializada y pendiente de una resolución del Tribunal Supremo, adonde recurrió Avanza, procurándose con ello el correr de tiempos y plazos, y terminar una prórroga que nunca debió firmarse".
Para los trabajadores y las trabajadoras integrantes de SCUT, la ultima "charlotada" ha consistido en pedir al comité de empresa de Avanza, que "sean los propios trabajadores quienes soliciten al Ayuntamiento el aplazamiento de los pliegos". Sostiene que esto ha sido trasladado "literalmente por el propio presidente del comité de empresa, en asamblea abierta de trabajadores".
"Toda esta sarta de maniobras e incumplimientos, ponen de manifiesto, una vez más, la indefensión a la que estamos sometidos los ciudadanos ‘normales’ y en este caso nuestra cooperativa de trabajadores", sostienen. Este sensación es producto de la estrategia conjunta del Ayuntamiento y la multinacional que gestiona el contrato del autobús urbano, que consiste en "alargar procesos" hasta conseguir sus objetivos, gracias a lo que definen como "inoperancia judicial para que se cumpla la ley".
El comunicado concluye explicando que son partidarios y partidarias de la municipalización del servicio, con el principal argumento de que "lo público es más eficiente, económica y socialmente". Ponen de ejemplo los servicios de bus de la inmensa mayoría de las grandes ciudades del Estado español bajo gestión pública. Y, en particular, desde SCUT resaltan los buenos de la empresa municipal de València que arrojó un beneficio superior a los 14 millones de euros.
