La Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP) ha presentado ante el Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y cohesión territorial de la DGA, alegaciones al proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, en las que recuerda que “el Tribunal Constitucional sentencia contra apartados de la ley en la que se basa la exposición al público de ese proyecto, y por tanto la nulidad de sus actuaciones”.
Además, entienden que no está justificada la ‘urgencia ni el interés general’ del proyecto, pues recuerdan que la posibilidad de tramitación legislativa de proyectos gubernamentales de manera urgente y excepcional se aprobó “en una coyuntura de crisis y desaceleración económica como la existente en 2008, con una técnica legislativa también excepcional como es el Decreto Ley, y una validez provisional”.
“La declaración de interés general en aplicación del Decreto Ley formulada mediante acuerdo de 26 de julio del Gobierno de Aragón y la aprobación inicial del PIGA basada en el mismo Decreto-Ley, resultan ser nulas por inconstitucionalidad puesto que carece de justificación de la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad cuando se aprobó este Decreto-Ley, e inexistente en el contexto actual donde el único motivo de urgencia es gastar una enorme cantidad de fondos públicos europeos Next Generation dentro de un plazo establecido”, enfatizan desde la SAPAP.
Además aseguran que “la reducción del plazo de dos meses de exposición al público de la aprobación inicial del PIGA de unión de estaciones Astún-Candanchú y de su evaluación de impacto ambiental a tan sólo un mes, no está justificada por este Decreto Ley pues no concurre ningún motivo de crisis económica ni desaceleración que justifiquen la urgencia, sino que el único motivo de urgencia es gastar una ingente cantidad de fondos públicos europeos Next Generation dentro de plazo, fondos que además deben cumplir el requisito de no causar daños en el medio ambiente”, reiteran, y aseveran que por tanto “la tramitación del PIGA y su evaluación ambiental en un plazo de tan sólo un mes, en lugar de los dos meses previstos en el artículo 41 de la LOTA, vulneran el ordenamiento jurídico, producen indefensión para el público general y para las organizaciones medioambientales como la SAPAP, pues resulta imposible analizar la documentación ambiental y formular alegaciones en tan solo un mes de tiempo, y vulnera por último de forma grave la normativa que regula los fondos Next Generation con los que se va a financiar este proyecto en cuanto a las garantías medioambientales”.
Por si esto fuera poco, desde la SAPAP explican que “ni en el Convenio, ni en el expediente del PIGA sometido a exposición pública constan los acuerdos de los Ayuntamiento de Chaca y Aísa por los que deleguen o realicen una encomienda de gestión a la Mancomunidad, después de realizar los expedientes correspondientes, conteniendo los acuerdos previstos por la normativa en vigor, así como su publicidad”, y que “cabe señalar que tampoco estarían facultados los representantes municipales en la Mancomunidad, para tomar estas decisiones, simplemente con su voto en una reunión o Pleno de la Mancomunidad”, por lo que “en consecuencia, deben retrotraerse los expedientes comenzando su tramitación de nuevo, con los preceptivos acuerdos de los Ayuntamientos en favor de la Mancomunidad”.
Además, la SAPAP, en particular, y la sociedad aragonesa en general desconoce “de forma precisa las consignaciones presupuestarias de cada una de las administraciones, a pesar de haberlo solicitado formalmente en varias ocasiones, así como la disponibilidad en estos momentos de todo el capital, o crédito, por parte de la Mancomunidad para poder contratar, requisito sin el que no se podría realizar la licitación, ni contratar. Este dato no se nos ha proporcionado, ni figura en la información pública como sería preceptivo. Lo cual de ser así impediría, el proceso de licitación y contratación de la obra”, alertan.
Sin embargo, la obra “no sólo va a costar 35 millones de dinero público a los contribuyentes, sino que hay que sumar los costes del funcionamiento de las administraciones públicas existentes para este tema, los contratos externos, el plan de innivación, protecciones de aludes, etc, y las obras complementarias que pagamos todos. Es decir, que fácilmente se van a duplicar los costes y la inversión de dinero público, acercándonos a los 70 millones de euros, cuestión pendiente de conocer por la información solicitada”, enfatizan desde la SAPAP.
La Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas también recuerda que “nada más conocerse la pretendida unión Astún - Formigal, la respuesta inmediata fue que Eivasa (Astún) reactivó un proyecto para construir más de 800 viviendas, hoteles y servicios en Monte de Utilidad Pública (por sistema de concesiones), aunque el pago de la depuración necesaria de las aguas, los sistemas antialudes necesarios para la promoción inmobiliaria, la ampliación de los servicios públicos, etc., sería con dinero público y en suelo público”, y, por su parte “Etuksa (Candanchú), propiedad en un 76% de Ibernieve Aragón desde el 2016, propiedad de familias empresariales muy conocidas, ha anunciado sus proyectos de desarrollo vinculados a fondos públicos. En Candanchú proponen, por ejemplo, hacer un lago en Monte Público, con los fondos públicos para la innovación, y para usos recreativos en verano, además de otras inversiones públicas, con similares finalidades”.
Desde la SAPAP concluyen anunciando que en caso de que la DGA hiciera caso omiso a sus alegaciones se verán obligadas a recurrir “a la vía judicial con la presentación de un contencioso-administrativo”.
