Desde que a finales de los 90 una inspección de la UEFA señalara las múltiples carencias del viejo estadio zaragozano, La Romareda ha ocupado cíclicamente el debate público de la capital aragonesa. Un debate que poco tiene que ver con lo estrictamente deportivo y mucho con los intereses económicos y diseño de ciudad que siempre se encuentra tras ellos. Un asunto de gran interés para las elites que manejan los suelos de la ciudad como si de una partida de Monopoly se tratara.
Para entenderlo mejor es necesario hacer una pequeña cronología de cómo han ido evolucionando los proyectos relacionados con la construcción de un nuevo estadio en los últimos años.
Primer tiempo: Valdespartera y reforma de La Romareda
La primera opción que se barajó para responder al reto (un estadio que se cae literalmente a pedazos y que cada 15 días es visitado por cerca de 30.000 personas) fue la de construir un estadio nuevo en Valdespartera. El proyecto fue defendido con ahínco por la derecha de la ciudad (PP y PAR, entonces gobernando el Ayuntamiento), tanto política como económica y mediática. Que siempre van unidas. La construcción de un equipamiento tan importante para una ciudad como un estadio de fútbol no pasa inadvertida. Allá donde se sitúa casi por arte de magia consigue que los terrenos que lo rodean se revaloricen. Un estadio necesita a su alrededor bares, restaurantes, zonas de ocio, sector terciario… Todo un caramelo para unos terrenos que en el inicio de siglo (antes de que fueran miles de personas a vivir allí y se instalase Puerto Venecia) estaban ocupados casi exclusivamente por arbustos y fauna propia de nuestra estepa.
El asunto despertó un gran debate en el que el modelo de ciudad, mediterránea, compacta, soste-nible, se enfrentaba a quien solo piensa en expandir, recalificar, revalorizar y crecer ilimitadamente. La izquierda y el movimiento vecinal abucheaban la jugada y pensaban en una táctica diferente desde la grada.
En 2003 el cambio de gobierno municipal permitió que se ensayase una coalición inédita hasta el momento, integrada por PSOE y CHA. Urbanismo caía manos de Antonio Gaspar (entonces de CHA) quien desde el principio se oponía a la nueva ubicación. Comenzó entonces una dura campaña de los grupos de la derecha zaragozana, poco dada a dejar participar en el diseño de la ciudad a nuevos agentes, en la que no se escatimaron recursos. Medios de comunicación, opinadores varios, algunos colegios profesionales, incluso algunos grupos de izquierdas se apuntaron a la fiesta… fueron muchos colectivos quienes se sumaron a la campaña en contra de mantener el estadio en la misma ubicación que había tenido desde 1957, así como muchos fueron los argumentos. Principalmente se barajaron cuestiones como la incompatibilidad con el Hospital Miguel Servet (como si este no hubiera estado ahí durante 50 años), los problemas que podrían causar las obras (como si la demolición del estadio se produjera por medio de una varita mágica) o las afectaciones que podrían causar al tráfico de la ciudad (como si eso no ocurriera del mismo modo, o incluso más, llevando el estadio fuera).
Con todo, la solución propuesta desde el Ayuntamiento resultó muy cuestionable. Con la intención de que no le costara un euro a la ciudad, la estratagema que se planteó desde la Gerencia de Urbanismo pasó por la construcción de un megaedificio anexo al estadio destinado a la explotación de terciario. Esto es, especialmente a zona comercial, por si no fuera poca ya la que tiene Zaragoza, incluso bien cerca del estadio de La Romareda. En el pecado, no obstante, tenían la penitencia, porque la oposición al proyecto de reforma se guardaba un as de la manga, como un gol en el último minuto: la paralización de las obras mediante sentencia judicial. El poder judicial en Aragón siempre raudo y veloz interviniendo en asuntos políticos, en la mayor parte de las veces en una dirección determinada.
Llega el descanso: cambio de gobierno y proyecto de San José
Con el proyecto del gobierno PSOE-CHA fuera de combate y con cambio de gobierno en 2007 se buscó una nueva solución, que pasaba por un nuevo traslado del estadio, en esta ocasión en el barrio de San José. Sin embargo, este nuevo consenso, siempre entre comillas, para el traslado del estadio se topó con un problema inesperado y poderosos: la crisis económica de 2008.
Con el derrumbe de la capacidad de inversión pública, los recortes y los múltiples frentes que abría la crisis pensar en construir un estadio cuyo presupuesto ascendía a 125 millones de euros parecía mucho más que una frivolidad.
Segunda parte: vuelta a la carga, con el apoyo de los dueños del Real Zaragoza
La reforma del estadio quedó aparcada para una mejor ocasión, guardándose en los cajones de los proyectos non natos. Atrás quedaban los intentos de que el estadio sirviese como escenario de la inauguración de la Expo 2008 o que pudiera ser una de las sedes de la Eurocopa 2018 (en el caso de que se hubiese celebrado en el estado español y Portugal).
Entre tanto, el Real Zaragoza continuaba como único inquilino de la instalación, que con el paso de los años se iba degradando de una forma más y más alarmante. El estadio se había quedado totalmente obsoleto, llegando incluso a suponer una amenaza para los aficionados que cada dos semanas se daban cita en él. Especialmente cuando gobierna la izquierda (como ocurrió del 15 al 19) las campañas mediáticas se intensifican, alertando sobre la decrepitud del campo y poniendo en el punto de mira al Ayuntamiento. Del mismo modo, se pasa por alto la posible participación de la Sociedad Anónima Deportiva, que en todo momento se antoja casi imposible, primero por la falta de músculo financiero de la entidad pero, sobre todo, por la ausencia de voluntad de sus rectores.
La posición de perfil bajo de estos últimos mudó, sin embargo, en la campaña electoral de 2019, en la que el presidente ejecutivo de la entidad, Christian Lapetra, comparecía de la mano de Jorge Azcón, candidato del Partido Popular, rescatando el proyecto de reforma de estadio en el mismo emplazamiento. Paradojas de la vida, Azcón defendía ahora una obra que combatió con todas sus fuerzas 15 años antes. Pero las paradojas no quedaban ahí. Entre los actuales dirigentes de la Sociedad se encuentran algunos de los principales interesados en derribar aquel proyecto, incluidos los dueños del principal grupo mediático del país. Las hemerotecas son lugares tan severos en sus juicios como ignotos por la mayoría de las personas, que prefieren la amnesia colectiva.
Azcón marcaba así un gol por toda la escuadra en su particular pugna por la alcaldía y se alienaba con los que siempre se había alineado, con los suyos. Cero sorpresas. Que para ello fuera necesario un giro en su estrategia de 180 grados era lo de menos. De hecho, rescatar el traslado del estadio a La Romareda a Valdespartera ya no interesaba, así que era momento de pasar página.
No sabemos si motivado por esta jugada o no lo cierto es que las elecciones le dieron la victoria a la derecha de siempre, apoyada por la extrema derecha (nada nuevo bajo el sol), mientras de la reforma no se atisbaba nada claro, al menos en forma de inversión pública. La historia tantas veces vista. Con la llegada de la crisis de la COVID-19 el estadio pasaba nuevamente a un segundo (o tercer plano)… o eso parecía.
Prórroga: se rescata el proyecto
El cambio de gobierno propició la firma de un convenio de explotación del estadio por parte del Real Zaragoza que descarga en la entidad deportiva la responsabilidad de la reforma. Pero ese acuerdo guarda una condición importante: a cambio de un periodo de cesión de la instalación de 75 años. Casi nada.
No obstante, el interés urbanístico de las propietarios del club no parece muy destacado, siendo que ha transcendido en varias ocasiones su intención de vender su paquete accionarial e incluso así lo hicieron público durante el verano de 2021. En noviembre de ese mismo año en el Ayuntamiento de Zaragoza se debatieron (y aprobaron) varias mociones en las que los distintos grupos representados se comprometieron a acometer la reforma o construcción del nuevo estadio. Más de 20 años después seguimos en el punto de partida, sin que haya cristalizado ninguno de los proyectos y, eso sí, con una instalación cada día más deteriorada (todas las actuaciones que allí se han hecho no han dejado de ser auténticas ñapas para salir del paso) que en muchas ocasiones re-presenta incluso un peligro para quien asiste a ella.
Conclusión: algunas claves
La Romareda es un estadio de titularidad pública, lo que obliga y responsabiliza al Ayuntamiento de Zaragoza (su propietario). Cierto es que en la actualidad y salvo los pocos partidos de Copa que ha disputado el CD Ebro la instalación no ha albergado ningún otro acontecimiento.
La primera cuestión pasa por resolver que un infraestructura de estas características y que requie-re de una inversión considerable no puede destinarse únicamente a la organización de partidos cada dos semanas. En Europa son muchos los estadios que ofrecen una mayor versatilidad, permitiendo la celebración de otro tipo de actividades. De hecho, La Romareda a lo largo de su dilatada historia también lo ha hecho, siendo escenario habitual durante mucho tiempo de otro tipo de ac-tividades, como pueden ser conciertos de música.
La utilización de la instalación para acontecimientos deportivos también tendría sentido para albergar otras competiciones o equipos, incluidos los partidos de las selecciones aragonesas, en el caso de que estas vuelvan a reunirse y competir.
¿Quién tiene que invertir en el estadio? Se trata de una de las cuestiones que genera mayor polémica. A día de hoy no existen dudas sobre la titularidad del mismo, así que cualquier actuación tie-ne que tener presente al Ayuntamiento. Más allá del papel que pueda representar el propio club, sobre todo en el mantenimiento, es posible buscar fórmulas de colaboración de otras institucio-nes, como ha ocurrido en la construcción del nuevo San Mamés. No obstante, como se ha visto a lo largo de este repaso histórico, la decisión sobre la ubicación de un estadio tiene una dimensión política de gran importancia en el diseño de una ciudad, más en un lugar como Zaragoza, donde los intereses urbanísticos cuentan con un poder desmesurado.
Un estadio puede también ser una apuesta estratégica de ciudad, con un retorno económico y cultural. Un emblema que vaya mucho más allá de la utilización en exclusiva de un determinado equipo o sociedad. Las decisiones, por lo tanto, sobre su futuro, incumben a toda la ciudadanía y pueden afectar a varias generaciones de zaragozanos y zaragozanas.
Las ventajas de la ubicación actual son muchas y sabidas, sobre todo si se apuesta por el modelo de ciudad compacta y mediterránea con la que tan habitualmente se llenan la boca responsables políticos. Mantener el estadio en su actual emplazamiento tiene un pero importante para quien aspira a los desarrollos urbanísticos estratosféricos, del más puro estilo de lo que se llamó cultura del pelotazo: no supone la revalorización de ningún suelo nuevo, ninguna América por descubrir. Sin embargo, disponer de un estadio en un lugar céntrico, bien comunicado y al que muchas personas se desplazan habitualmente a pie es un auténtico lujo para una ciudad. Cualquier actuación futura tendría que tener estas cuestiones en cuenta, debido a la afluencia de público que genera cualquier acontecimiento que allí se celebra.
Un estadio de fútbol hoy en día es mucho más que un lugar donde disputan sus partidos equipos profesionales. Se trata de un elemento estratégico en torno al que se disputan otro tipo de duelos, más relacionados con los intereses y aprovechamientos urbanísticos. La izquierda zaragozana debería tenerlo en cuenta y no pecar de ingenuidad cuando surge un debate sobre la necesidad de reformar una instalación obsoleta y su posible reubicación.
