La reforma eléctrica ignora los intereses de los consumidores

Tras el análisis del Anteproyecto de ley del sector eléctrico Adicae considera que esta normativa no supone ningún cambio sustancial respecto a la anterior resolución y que el único cambio real será un incremento en la factura eléctrica de los consumidores. "Se ha perdido la oportunidad de llevar a cabo una reforma auténtica del deficitario e insostenible sistema eléctrico que cuente con el consenso de los consumidores" señala Adicae. La Asociación de Consumidores Adicae sigue a la espera de una respuesta a su solicitud de una reunión formal para debatir la nueva reforma del sistema eléctrico mientras el Secretario de Estado, …

electricidadTras el análisis del Anteproyecto de ley del sector eléctrico Adicae considera que esta normativa no supone ningún cambio sustancial respecto a la anterior resolución y que el único cambio real será un incremento en la factura eléctrica de los consumidores. "Se ha perdido la oportunidad de llevar a cabo una reforma auténtica del deficitario e insostenible sistema eléctrico que cuente con el consenso de los consumidores" señala Adicae.

La Asociación de Consumidores Adicae sigue a la espera de una respuesta a su solicitud de una reunión formal para debatir la nueva reforma del sistema eléctrico mientras el Secretario de Estado, Alberto Nadal se reunió con las principales compañías eléctricas pocas horas antes de dar luz verde a la reforma, lo que expresa la prevalencia de los intereses de empresariales frente a los de la ciudadanía. "El Ministerio desoye las propuestas de los consumidores" apostilla Adicae.

Las primeras medidas ya han supuesto un incremento del precio de la luz para las y los consumidores, quienes en agosto pagarán un 3,2% más, pero se espera que en los próximos meses, con la puesta en marcha de la reforma eléctrica al completo, el aumento sea mayor.

Para Adicae, "el resultado de esta reforma, cuyo objetivo es meramente recaudatorio, sólo va a ser un mayor déficit, en una normativa que favorecerá tan sólo a las grandes compañías que durante años han acaparado el mercado, sin promover una auténtica competencia en perjuicio de los consumidores".

Consumidores más indefensos

"El Ministerio utiliza en el Anteproyecto una terminología compleja e incluso incoherente con la utilizada en la anterior Ley, lo que genera una situación de total indefensión para el consumidor y hace temer lo peor de cara a los próximos reglamentos" lamenta Adicae.

Uno de los principales cambios es la creación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor que sustituirá a la Tarifa de Último Recurso (TUR). Sin embargo, esto no va suponer un verdadero precio máximo ya que cualquier aumento de coste del sistema conllevará automáticamente un incremento de precios en las facturas.

Según el Anteproyecto la TUR, a la que están acogidos en la actualidad la mayoría de los consumidores domésticos y que marca el precio máximo que pueden cobrar las compañías, pasa a llamarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. "Un término cuanto menos confuso que, a pesar de este nombre, y de que se asegura que es lo mismo que la TUR, supone que el precio máximo que fije se basará en el 'principio de suficiencia de ingresos' de las eléctricas, sin tener en cuenta la realidad social y económica de los consumidores. Además, no supondrá un precio máximo real, ya que el anteproyecto contempla la aplicación de recargos a la misma y la creación de tarifas por encima de éste máximo" añade la asociación.

Como ya señaló Adicae, "la TUR ha servido como excusa para que las eléctricas no ofrezcan ofertas competitivas. Ahora se anuncia que con la reforma entrarán nuevas comercializadoras a dar este servicio, con la posibilidad de que compitan y se abaraten los precios, pero nada parece indicar que si hasta ahora no ha ocurrido con la actual TUR, esto se vaya a corregir con el Precio Voluntario, a menos que se apliquen medidas que verdaderamente fomenten la competencia".

Adiós a las energías renovables

Desde Adicae recuerdan que esta reforma supone "un gran retroceso en el principio de eficiencia energética y un grave impacto medioambiental". Con ella se recorta la inversión en energías renovables, lo que supone dar carpetazo a un posible cambio de modelo del sector hacia una estructura que pueda ser viable y sostenible en un futuro. Esto va a suponer que el Estado español incumpla la Directiva Europea 2009/28/CE, que obliga a los estados miembros a alcanzar en 2020 al menos un 20% de uso de energías renovables, con el riesgo de sanción económica que esto conlleva.

"Además, -continúa Adicae- se penaliza el autoconsumo en el sector de las energías renovables, un modelo por el que habían apostado miles de consumidores siguiendo las campañas de concienciación de ahorro energético promovidas por todas las administraciones".

Adicae remitirá alegaciones a este Anteproyecto con el fin de que se recojan los intereses de las y los consumidores. Además, informará a la ciudadanía de las consecuencias de esta reforma tal y como se ha presentado, promoviendo la acción colectiva y la reivindicación de una alternativa a este atropello.

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