La Red Europea de Igualdad Lingüística -ELEN- está presentando hoy durante la celebración de la “21 Sesión del Consejo de la ONU para la Evaluación de los Derechos Humanos”, el informe “Elen Report to the Universal Periodic Review on discrimination and attacks on co-official language speakers in the spanish state”.
Así, la European Language Equality Network -ELEN- explica en las conclusiones de su informe que las administraciones públicas españolas son responsables de violar sistemáticamente los derechos lingüísticos de las minorías. Que animan, o en su caso toleran, las actitudes ‘supremacistas’ de las y los funcionarios públicos con la ciudadanía autóctona que no es castellano hablante. Que las evidencias de este estudio concluyen, asimismo, que en los sistemas judicial, policial, educativo y sanitario se producen de forma frecuente y sistemática comportamientos abusivos y totalmente inapropiados por los funcionarios autóctonos de habla castellana hacia hablantes de otras lenguas. Y por último alertan sobre la situación de indefensión de la población que se expresa en una lengua diferente al castellano en el acceso a la justicia.
Específicamente, con respecto a Aragón, el informe señala que “las lenguas de Aragón (catalán y aragonés) raramente generan situaciones de conflicto. Casi el 100% de sus hablantes también pueden hablar español, y emplean cada lengua según cada entorno o situación. A raíz de siglos de represión y adoctrinamiento, el aragonés y el catalán son utilizados ahora solo dentro de círculos familiares y relaciones sociales cercanas”, el informe presentado ante la ONU, continúa indicando que “cuando se cruzan estos ‘límites’, las hablantes de aragonés y catalán se encuentran con el rechazo de sus administraciones, el rechazo social, la burla, y serias dificultades para acceder a servicios o relacionarse con la administración pública”.
Asimismo, dicho informe constata que “únicamente activistas de la lengua -aragonés y catalán- intentan ocasionalmente hacer visible esta situación ejercitando sus derechos públicamente, aunque normalmente tienen que abandonar su esfuerzo cuándo alcanzan el punto en qué el sistema rechaza cualquier interlocución con ellos”. En este sentido, el informe se hace eco del caso “más reciente, el del concejal de la ciudad de Uesca, Francho Nagore, quién declaró su voluntad de expresarse en aragonés. Lo que provocó reacciones airadas de algunos otros concejales. Y, alguno de ellos, preguntó con sarcasmo si dispondrían de traducciones escritas de sus discursos, o si los concejales podrían expresarse también en francés, inglés o alemán”.
En respuesta a esta situación, CHA reclama al Gobierno de Aragón “que atienda a las conclusiones del informe de la Red Europea de Igualdad Lingüística que, entre otras cuestiones, recuerda la necesidad de cumplir con las leyes y tratados europeos para la protección de las lenguas minoritarias”.
Alberto Celma, responsable de la Secretaría de Cultura e Identidad Nacional, explica que “en este informe se estudia la situación del catalán y del aragonés. Sobre este último recuerda que ha sido una lengua maltratada y que ha sufrido descuido y represión hasta arrinconarla al ámbito familiar, y que queda relegada del uso administrativo donde se encuentran importantes trabas para que pueda usarse”.
El responsable de CHA considera que “el Gobierno de Aragón es responsable de esta situación ya que, con la Ley de Lenguas actual, se mantiene esta situación de desprecio”, y por eso reclama “que se atienda a este informe y se cambie el rumbo de la política lingüística en Aragón hacia la normalización de la realidad trilingüe”.
