La RAPA -Red Agua Pública de Aragón- en coordinación con Aigua és Vida, Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, Attac, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, Fundación Nueva Cultura del Agua, Marea Azul del Sur, Plataforma ciudadana por la defensa del agua pública en Asturies, Plataforma de Bizkaia Ur Publikoa, Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y Xarxa Valenciana per l´aigua pública, se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad para denunciar que la transposición delas normativas europeas a la legislación estatal “se está llevando a cabo de una forma opaca sin que se propicie la participación de la ciudadanía”.
“La revisión de la directiva estuvo motivada, en gran parte, por la presión que se consiguió a través de la Iniciativa Ciudadana Right2Water ‘El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano’, que fue apoyada por cerca de 2 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos y por muchas organizaciones sociales que propugnaban que el abastecimiento de agua no puede regirse por las normas del mercado interior, debe quedar fuera del proceso de liberalización, a la vez que tiene que cumplir condiciones estrictas de información, participación pública y rendición de cuentas, todo ello en el contexto general del reconocimiento del derecho humano al agua”, detallan desde la RAPA.
A pesar de que el Parlamento europeo asumió las reivindicaciones de la iniciativa right2water, “en el proceso de revisión de la directiva de 1998 se relegaron una parte importante de los planteamientos de la ciudadanía, de forma que la Directiva aprobada en diciembre de 2020, si bien supone un importante avance con respecto a la anterior, no cubre lo fundamental de las exigencias ciudadanas expresadas en la iniciativa right2water”, aseguran.
Así, y atendiendo al principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, el gobierno del Estado español ha puesto en marcha el proceso de trasposición de la nueva directiva. “Este proceso, que está siendo liderado por el Ministerio de Sanidad, se está llevado a cabo de una forma opaca sin que se propicie la participación de la ciudadanía en un tema en el que debe tener especial presencia, si se consideran los principios definitorios del derecho humano al agua”, denuncian.
En este contexto, la Red Agua Pública se ha dirigido por carta a la Ministra de Sanidad, denunciando esta circunstancia y ofreciendo su colaboración para que “en la trasposición de la directiva europea se recojan las reivindicaciones ciudadanas que quedaron soslayadas en la directiva aprobada en diciembre de 2020”. La carta se ha puesto en conocimiento de las titulares de los ministerios de Consumo y Transición Ecológica “toda vez que también están directamente interesados en el proceso”, concluyen.
