La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ha hecho pública una carta dirigida al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona; y a las secretarías generales de PSOE, Podemos, Equo, PAR, CHA e IU.
En la misma, el colectivo afirma haber seguido "con suma atención" el reciente Pleno de las Cortes de Aragón. RAPA, que viene coordinando el movimiento ciudadano en todo Aragón contra el "injusto y abusivo" Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) -con el apoyo de los principales sindicatos; asociaciones vecinales y de consumidores y consumidoras; colectivos ecologistas; asociaciones y fundaciones-, continúa defendiendo los servicios de agua y saneamiento como servicios públicos que deben gestionarse "desde la lógica del interés general y no desde la lógica del mercado que imponen los procesos privatizadores".
Recuerdan que, en su momento, saludaron "con expectativas positivas" que uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad asumido por los cuatro partidos que integran el Gobierno de la DGA explicitara su reivindicación de derogar el ICA. "Sin embargo -añaden-, lanzar los recibos de 2018, sin esperar a que culmine ese proceso de derogación desde la correspondiente reforma legislativa, además de incrementar la indignación ciudadana y aumentar probablemente el número de impagos, hoy por encima de los 100.00, no augura una buena disposición negociadora por parte de la DGA".
Cabe señalar que la RAPA ha propuesto un nuevo modelo de financiación alternativo al ICA para gestionar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD). De esta forma, aprecian y valoran algunos avances en las líneas generales expuestas por el consejero, Joaquín Olona, en el reciente debate en las Cortes de Aragón.
No obstante, desde este colectivo subrayan que "en dichas líneas no se incluye la cuestión fundamental de las demandas ciudadanas: que ningún aragonés ni aragonesa pague más de lo que paga de media el resto de la ciudadanía" en el Estado español por estos servicios.
"Ese objetivo fundamental de la reforma legal que se propone, exige que se cubran los sobrecostes del sistema administrado por la DGA, desde los presupuestos generales de la Comunidad. Tales sobrecostes, del orden de 15 millones de euros/año, no sólo son asumibles en esos presupuestos que deben empezar a discutirse en breve, sino que podrían y deberían reducirse en el futuro si se pusieran en marcha las medidas e incentivos de ahorro que venimos proponiendo", argumentan en la misiva.
Al mimo tiempo, esperan que el Gobierno de Aragón y los partidos que participan en él o dieron su apoyo a la investidura de Javier Lambán, destinatarios de esta carta, "tengan la necesaria sensibilidad social y sentido de la justicia para entender la indignación que ha generado este injusto y abusivo impuesto y atender las demandas que se plantean".
Finalmente se ponen a disposición "para iniciar las conversaciones y negociaciones que permitan resolver este grave conflicto social en Aragón, cuando el Gobierno estime conveniente".