Después de casi diez meses de hibernación de este Proyecto de Ley, puesto en marcha como tal proyecto gracias a la valentía y el empeño de algunos de nuestros legisladores y legisladoras, los procesos se han precipitado y en poco más de un mes se han tramitado multitud de enmiendas sin un debate público abierto y transparente.
Una Ley tan fundamental que importa a toda la ciudadanía y afecta a los más vulnerables no se puede liquidar en cuatro días. Y aún se han dado cuatro meses para “dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución”. Un poco más de tiempo, pues, para que sea efectivamente operativa.
Entre tanto, las personas que todavía disfrutan del Ingreso Aragonés de Inserción porque no han logrado ver aprobado su IMV continuarán cobrándolo hasta que puedan solicitar la nueva Prestación Aragonesa. Es un logro innegable, después de muchas movilizaciones de entidades y colectivos sociales, que dará tranquilidad provisional a estos ciudadanos y sus familias. No sabemos cuántos son, quizás unas 4.000 personas beneficiarias. Cuatro meses de relativa tranquilidad. ¿Y luego?
¿Qué se ha logrado con la nueva ley gracias a nuestras reivindicaciones y movilizaciones? Habrá que hacer un análisis en profundidad y compartido con los colectivos sociales que más han batallado por reclamar una prestación aragonesa que mejorara el deficiente Decreto Ley de junio pasado. Pero se pueden avanzar algunas reflexiones.
Desde luego la prórroga del IAI, como he señalado, supone un respiro para estos hogares enredados en la burocracia del IMV y en la pasividad del Gobierno de Aragón. También se han reconocido los informes sociales de profesionales de los servicios sociales públicos como documentos válidos para reconocer ciertos requisitos de acceso a esta prestación.
El resto de nuestras reivindicaciones no tienen respuesta en esta ley. El Espacio de Información, Promoción y Defensa de los Derechos Sociales lanzó un Manifiesto junto con el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón que ha sido apoyado por un importante número de entidades sociales y ciudadanos individuales. En él se reclamaba, además de las dos reivindicaciones señaladas arriba, que esta prestación:
1) fuera complementaria de cualquier otro ingreso incluido el IMV. Sólo será complementaria muy limitadamente. Se ha pasado de 470€ que garantiza el IMV básico, para una persona sola, a 522 de la “PArCo”. Unos escasos 50 euros más. No parece una gran mejora. En 2018 se fijó el IAI en un 65% del SMI. El Espacio de Derechos Sociales junto con otros colectivos hemos exigido mantener esa referencia que hoy alcanzaría los 617 euros, 43€ euros más que la línea de pobreza extrema de 2019, según le Encuesta de Condiciones de Vida de 2020.
Así que, en el mejor de los casos, quienes logren acceder a esta prestación, que seguiré llamando “PArCo” por ser tan raquítica, puede que mejoren sus rentas, pero quedarán por debajo de lo que se llama línea de pobreza extrema, pobreza AROPE.
2) que la edad de acceso fuera los 18 años de manera general. En esta ley no se dice nada de la edad. Pero reserva un acceso directo a dos colectivos de jóvenes, lo cual excluye que puedan acceder todos los demás: El primero, “las personas mayores de 18 años y menores de 30 que vivan solas …. siempre que acrediten que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, … durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud y hayan estado nueve meses de alta, continuados o no, en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social” (art. 3,3,a) Un año de vida autónoma y nueves meses de cotización a la Seguridad social. Pero nadie sabe cómo podrán sobrevivir estos jóvenes como no sea con trabajo en negro.
El segundo, “las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de una entidad pública como medida protectora y accedan a su emancipación definitiva”, … siempre que hayan estado en un programa especial, como mínimo, dos años antes de solicitar esta prestación. (art. 3,3b) No hay, pues, acceso universal por edad a partir de los 18 años como se exigía y parce justo en una situación de tasas de desempleo juvenil desorbitadas que suele asolar a el Estado español.
3) que para valorar la situación de pobreza se consideren los ingresos reales a la fecha de solicitud. Pero el articulado de esta ley deja bien clara la referencia al IMV: “el cómputo de ingresos se realizará en los términos del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo (art. 4,5)”. Es la norma que regula el IMV que hace referencia a las rentas del año anterior en un mercado de trabajo tan precario y tan volátil. Por otra parte, el artículo 3 deja bien claro quiénes podrán beneficiarse por situación de necesidad: “Se entiende que existe situación de vulnerabilidad económica cuando se carezca de rentas, ingresos o patrimonio suficientes conforme a lo establecido en la legislación sobre el IMV (art. 3,2)”.
4) que establezca las mismas deducciones en los ingresos de la unidad familiar que establecía el IAI. En esta ley no se contempla ninguna deducción a la hora de contabilizar los recursos económicos disponibles de la unidad de convivencia como queda claro en el artículo señalado.
Estas dos últimas demandas de nuestro Manifiesto son condición indispensable para abrir la puerta de acceso a esta prestación aragonesa más allá de las condiciones y limitaciones del IMV. Esta misma semana se ha publicado el último informe de la Seguridad social sobre el IMV.
En el mes de mayo cobrarán el IMV 7.212 hogares aragoneses y se beneficiarán 19.378 personas. Pero hay 20.257 hogares aragoneses a los que se les ha denegado el IMV, el 58% de las solicitudes válidas presentadas hasta el mes de mayo y el 66,5% de las tramitadas.
¿Podrán acceder estos hogares a la Prestación Aragonesa Complementaria, a esta PArCo tan limitadora de los derechos de acceso? Según dice el mismo informe de la Seguridad social “en su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)”. Si la ley aragonesa establece el mismo criterio, según se recoge en los artículos señalados, estos 20.257 hogares quedarán igualmente fuera de la “ParCo”, salvo error u omisión en el redactado de la ley aragonesa.
A pesar de los muy pequeños logros en relación con el Decreto Ley de junio pasado, hay que considerar que ha sido una enorme pérdida de oportunidad para garantizar unas mínimas condiciones materiales de vida a la población aragonesa en situación de mayor vulnerabilidad.
Sabemos que la Renta Básica Universal, como base de un Estado de Bienestar avanzado, está lejos de lograrse. Pero en una situación de crisis sanitaria, económica y social tan profunda y que se va a agravar, esta Prestación Aragonesa Complementaria, esta “PArCo”, se queda muy lejos de una garantía de rentas mínimas que garanticen una vida digna para toda la población aragonesa que lo necesite. Esta Prestación Aragonesa complementaria continúa siendo muy parca.
