La Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón comparece en las Cortes de Aragón

Desde la plataforma se valora positivamente la comparecencia, en la que todos los grupos han mostrado interés por evaluar convenientemente un proyecto que puede modificar, para siempre, los modos de vida de la zona

Miembros de la plataforma en una visita a las instalaciones abandonadas en la Sierra del Perdón. Foto: Miguel Ángel Conejos (AraInfo).

La Plataforma Unitaria Contra las Minas de Potasa en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón comparecía este martes en las Cortes de Aragón, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, para poner encima de la agenda parlamentaria las afecciones que, según los datos recabados por sus miembros, tendría para esta zona el inicio del proyecto empresarial que pretende poner en marcha la empresa Geoalcali.

En primer lugar, ha tomado la palabra el concejal de Undués de Lerda (Zaragoza) y miembro de la Plataforma, Fermín Riezu, quién ha explicado que el objetivo principal de este colectivo es “exigir la máxima información sobre un proyecto faraónico y tremendamente agresivo con el territorio que cambiaría por completo la vida, el medioambiente y el territorio de toda la zona que abarca desde Pamplona, las Altas Cinco Villas y la Jacetania”. Riezu ha remarcado también la inexperiencia de Geoalcali y de su matriz australiana Highfield Resources. “Geoalcali es una empresa CREADA en 2011 expresamente para la realización de los proyectos de investigación sobre potasas en toda la zona que va desde Pamplona hasta Bailo. La empresa australiana matriz Hightfield Resources es la propietaria del 100% de los proyectos y su capital es australiano. Ni a Geoalcali, ni a la empresa australiana titular de su capital se les conoce ninguna experiencia previa en la explotación de este tipo de minas”. Ha remarcado.

El doctor en Geología Oscar Pueyo ha explicado que este proyecto “no se encuentra adaptado al contexto geológico en el que se enclava”, porque “infravalora el riesgo por colapso de las galerías”, la posible aparición de “procesos sísmicos inducidos por la actividad minera” y la afección a la “estabilidad de las laderas de la zona”.  Ante este último aspecto, Pueyo ha recordado los corrimientos que en 2014 se sucedieron durante las obras de recrecimientos de Yesa, que “se encuentra a 1,8 kilómetros de la mina”, y que “en medio se encuentra la falla responsable de la crisis sísmica de La Canal de Berdún”.

Por su parte, la integrante de la Plataforma Marta López ha puesto en conocimiento de los diputados datos del proyecto que permiten apreciar su magnitud, como que afectaría a 1.742 hectáreas subterráneas y 230 hectáreas de superficie“Las bocaminas serían tres veces superiores al municipio de Urdués de Lerda” y “la planta de transformación sería tres veces más grande que Sangüesa”, ha asegurado López. Además, ha hecho referencia a los “cuatro millones de toneladas de residuos de sal” de residuos que generarían “una montaña, tras 18 años de explotación, con una altura de cuarenta y siete metros de altura y cuarenta y nueva hectáreas de planta”.  También ha remarcado el flujo de vehículos que generaría esta explotación. “El transporte de material desde la planta de tratamiento se realizará mediante camiones de 25 toneladas; a la vista de la extracción que la empresa prevé, indica que empleará 512 vehículos por día”.

Finalemente, López, ha solicitado que, “como mínimo, tanto los proyectos de investigación como los de explotación, sean estudiados y evaluados conjuntamente, tramitándose una Evaluación Ambiental Estratégica, que recoja la verdadera magnitud y pretensiones de explotación de la empresa, para poder ser evaluado tanto por las administraciones, como por la ciudadanía de forma real”.

Por parte de los grupos parlamentarios, Fernando Galve (PP) ha manifestado que “sólo hemos hablado de la parte negativa, pero tenemos que fijarnos también en la positiva”, como son “la incentivación económica y los puestos de trabajo que pretende generar”, adoptando el mismo discurso que la empresa Geoalcali lanza en todas sus reuniones, y asegurando que ha habido algunos planes de restauración de minas que han sido explotadas que “han sido un ejemplo” “han quedado mejor que antes”.

La diputada del PSOE Begoña Nasarre ha remarcado la necesidad de “tener suficientemente claras todas las condiciones del proyecto”, por lo que ha asegurado que el Departamento de Vertebración del Territorio ha solicitado a la empresa un informe “que trate con rigor los aspectos que generan más dudas”. Nasarre ha recordado que para su partido “el desarrollo sostenible constituye una necesidad ética”, pero “mantenemos cautela a la espera de los informes técnicos y jurídicos”.

“Aragón tiene algo muy importante que  decir respecto a este macro proyecto”, según el diputado de Podemos Román Sierra. En su opinión, Geoalcali “ha hecho regates administrativos” gracias a que son tres instituciones públicas las implicadas en el proyecto. Además, ha insistido en la necesidad de “auditar cómo se han dado determinadas cuadrículas mineras y permisos de explotación” porque no comprende que, por ejemplo, en algunos casos “se estén investigando durante veinte años”.

Desde el PAR, su diputada Lucía Guillén “las administraciones debemos ser sensibles y hay que garantizar el estricto control de estas actuaciones y mantener a los ciudadanos informados”. En este sentido, ha puesto encima de la mesa “la cercanía del proyecto con el embalse de Yesa”, donde “ya se han producido corrimiento de las laderas” o que una mina de potasa explotada en Cataluña “está en el punto de mira de la UE porque está afectando a las aguas de la zona”.

Según el diputado Ramiro Domínguez (Ciudadanos), “nos preocupa muchísimo este proyecto”  y “nos genera muchas dudas”. Esta empresa “utiliza la baza” del empleo que van a crear, lo que genera expectativas en “pequeños pueblos que se están muriendo”, pero “lo que parece que va a dar vida puede matar la zona definitivamente”, según Domínguez, quien ha manifestado que “las cosas han cambiado, pero la Ley de Minas no, y los impactos al agua y a los hundimientos no se tienen en cuenta”.

Por último, la diputada del Grupo Mixto Patricia Luquin ha valorado la explicación   “pedagógica” dada por la plataforma y ha manifestado que, tanto IU como CHA“hacemos nuestras sus reivindicaciones porque los datos jurídicos, ambientales, geológicos y sociales que ponen encima de la mesa tienen una base sólida”. En su opinión, mientras no se cambie una Ley de Minas “obsoleta”, las empresas “se aprovecharán, bordeando la normativa.”

Desde la plataforma han valorado positivamente la comparecencia, a la espera de que los grupos manifiesten el mismo interés que han mostrado este martes, con el fin de conseguir una evaluación integral de este proyecto y de otros planteados por la empresa Geoalcali.

 

Un informe del Gobierno de Aragón detecta deficiencias en el proyecto

Este mismo martes, el Periódico de Aragón daba a conocer un informe del Servicio de Coordinación Territorial del Gobierno de Aragón que ha detectado una serie de deficiencias, con repercusiones negativas para los vecinos y para el medio ambiente, en el proyecto para Undués de Lerda y Urriés.

En el análisis realizado por los técnicos de la DGA a partir de la documentación aportada por la empresa Geoalcali, SL, se señala que "es probable" que los habitantes de los términos aragoneses afectados, Undués de Lerda y Urriés, "sufran molestias durante la fase de explotación derivadas del polvo, ruidos y vibraciones". Undués de Lerda se sitúa a menos de 300 metros del área proyectada como interior de la mina y a poco más de un kilómetro de la bocamina.

Desde el punto de vista medioambiental, y en cuanto a afecciones a la fauna, la DGA considera en dicho informe, que la empresa debe aportar análisis de la compatibilidad con los planes de recuperación del quebrantahuesos y del cangrejo común. Asimismo indica que deben justificarse convenientemente los medios para depurar las aguas sobrantes y las medidas para el caso en que se produzcan problemas por fenómenos climatológicos adversos. El mismo informe considera que en el proyecto de Geoalcali, no se han justificado convenientemente ni la inexistencia de riesgos sísmicos ni las afecciones al Camino de Santiago. Además, de que la explotación minera requeriría 819.784 metros cúbicos de agua al año lo que representa el consumo de agua de una población de 21.000 habitantes, o el consumo de boca de Undués de Lerda durante 300 años.

En el plano socioeconómico, el informe echa en falta un estudio socioeconómico de la zona, que basa su economía en la agricultura, la ganadería, la caza y el turismo sostenible, “por lo que resulta importante asegurar su mantenimiento”, algo que la empresa Geoalcali ha obviado.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies