Los centros educativos aragoneses han recibido una solicitud de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública para que, a través de sus ‘Consejos Escolares’, acuerden no modificar los libros de texto para el próximo curso. Como indican con claridad las leyes vigentes “las enseñanzas obligatorias no deben representar coste económico alguno para el alumnado y, por ende, para sus padres y madres o tutores legales. Sin embargo, en los últimos años las diversas Administraciones Públicas han reducido, e incluso eliminado, las partidas económicas que estaban orientadas a intentar garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria”, señalan desde la Plataforma.
Desde la Plataforma aragonesa se adhieren a la propuesta realizada por una plataforma similar de ámbito estatal español que denuncia en un comunicado como “las becas y ayudas de todo tipo han sufrido recortes continuados, llegando a desaparecer en muchos casos. Becas y ayudas que deben ser recuperadas e incrementadas de forma urgente. En lo que respecta a los libros de texto y los materiales curriculares, la situación actual provoca que una parte muy considerable del alumnado no pueda acceder a los mismos. Con el pretexto de la crisis económica, se está atacando la igualdad de oportunidades y la equidad de nuestro sistema educativo y, con ello, se está vulnerando el derecho a la educación de una gran parte de la ciudadanía”.
“Es cierto que la utilización de los libros de texto no es obligada desde un punto de vista pedagógico, es más, cada vez existen más docentes y centros educativos que no los usan habitualmente, salvo como materiales existentes en las bibliotecas de aula, y que se debe caminar en ese sentido para que sean las docentes las que desarrollen su labor con sus propias unidades didácticas, elaboradas en función del alumnado que tienen en sus aulas, pero es evidente que los libros de texto son considerados aún por muchos docentes como materiales imprescindibles para poder impartir las enseñanzas y así los solicitan a las familias, que deben afrontar los costes de su adquisición, puesto que ello no es asumido en su totalidad por las Administraciones”, señalan desde la Plataforma.
Por otra parte, indican, “el próximo curso 2014/2015, se pretende poner en marcha la LOMCE en 1º, 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica, lo que afectará a más de millón y medio de estudiantes” -en el Estado español-. “El ministerio tramita, de forma irresponsablemente acelerada además, los nuevos Reales Decreto de currículo, para adaptarlos a su visión ideológica y orientarlos a la superación de reválidas y otras pruebas estandarizadas, elementos fundamentales de su ley educativa. Las editoriales, por su parte, se disponen a modificar sus libros de texto para adaptarlos a los nuevos decretos. Ello les generará nuevos beneficios a costa de las familias y causará que se puedan perder los materiales acumulados en los bancos de libros, algo que ven con buenos ojos”, denuncian.
“Pero debe tenerse en cuenta que estos cambios, tanto los realizados en la LOE, a través de la denominada LOMCE, como los que se realizarán como desarrollo de los anteriores, parten de una imposición unilateral del gobierno central y el partido político que lo sustenta, habiendo cosechado ya el rechazo del resto del arco parlamentario y de la inmensa mayoría de la sociedad, que exige su retirada inmediata. De este rechazo, ha surgido el compromiso de las fuerzas políticas de la oposición de proceder a la derogación de la LOMCE”, explican desde la Plataforma.
El comunicado de la Plataforma estatal a la que se adhiere la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública concluye exigiendo “la completa financiación de la enseñanza pública con fondos públicos”, y anuncia que “inicia una campaña, de forma conjunta con todas las plataformas existentes, en la que llama a las Comunidades Educativas de todos los centros educativos a la toma de acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros de texto que se estén utilizando en la actualidad, dado que: son perfectamente válidos y deben seguir siéndolo durante un mínimo de cuatro años desde el curso para el que fueron adquiridos, los cambios curriculares que se proponen ahora no tendrán una gran vigencia y, además, no son cambios esencialmente de los contenidos, sino del enfoque de los mismos por motivos ideológicos. Existen grandes dificultades de las familias para asumir costes por la adquisición de libros de texto y materiales curriculares. Los bancos de libros que se han creado deben seguir siendo usados porque suponen un capital social que debe ser respetado y defendido”.
