NdP.- Zaragoza, 7 de noviembre de 2012 | Desde nuestra plataforma queremos mostrar nuestro acuerdo con la denuncia que Marea Naranja realiza en su Informe de la Situación Social de Aragón 2012 y que coincide con la que nosotros realizamos en el mes de septiembre como ya recogieron los medios de comunicación.
Escuchamos con asombro la afirmación que desde la DGA se hace afirmando que no existe retraso alguno. Cualquier persona vinculada a los servicios sociales, desde los propios técnicos del IASS a los profesionales de los servicios sociales de base y de las organizaciones sociales, sabe que esto no es cierto.
Desde que en julio de 2009 se cambió la normativa que rige esta prestación para conseguir “mayor celeridad y efectividad administrativa, lo que redunda en los supuestos de mayor urgencia social”, los plazos han venido aumentando sistemáticamente, superando claramente el tiempo de un mes que se establecía y empeorando con mucho la situación anterior a dicho decreto, hasta llegar a la actual situación en es habitual que solicitudes de prestación realizadas en marzo aún están sin resolver.
Pero el problema no es únicamente de la DGA. Los servicios sociales municipales colapsados, con falta de personal, con largas listas de espera para prestar atención, son la primera estación de esta parálisis que luego se traslada al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que se convierte en un auténtico cuello de botella incapaz por su falta de medios de hacer frente a la situación.
Como la Plataforma ya ha denunciado en anteriores ocasiones, los servicios sociales tanto municipales como autonómicos, pese al esfuerzo de sus profesionales, se están mostrando incapaces de hacer frente a esta situación. El incremento de demanda, la falta de recursos y personal, los recortes presupuestarios, la mala organización y orientación de los servicios, están repercutiendo ya nosolo en la calidad con que se prestan, sino ya directamente en la capacidad de cumplir unos mínimos.
Queremos recordar que detrás de estas cifras se encuentran personas y familias afectadas por la crisis, que carecen de ingresos suficientes y que dependen de esta prestación para cosas tan básicas como la compra de alimentos, el pago del alquiler, de la luz... así como para la aplicación de otras medidas destinadas a su inserción social y laboral, por lo que su retraso las aboca a la pobreza más absoluta.
