El Gobierno de Aragón ya ha hecho públicas las tarifas a aplicar por la prestación de servicios sanitarios a las personas en “situación administrativa irregular”. Esta medida inhumana y xenófoba aprobada por el Gobierno central y autonómico mediante el RDL 16 /2012, suponen un atentado gravísimo contra los derechos fundamentales, ya que a partir del 31 de agosto, sólo podrán recibir asistencia sanitaria previo pago de las tarifas establecidas.
Por ello, desde la Plataforma contra la Privatización de Aragón denunciamos que:
1) Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria que, entendemos es un derecho humano básico. La mayor parte de ellos, sin permiso de trabajo y con salarios y condiciones laborales muy precarias, no podrán pagar los quinientos euros diarios que cuesta la estancia al en un hospital, ni los 135 que cuesta la consulta médica, por poner sólo unos ejemplos.
2) La falta de atención sanitaria en patologías crónicas, provocará un aumento sin precedentes de los niveles de mortalidad. Los políticos y los responsables del Ministerio de Sanidad nos mantienen permanentemente en un estado de confusión al no aclararnos qué pasará con todas aquellas personas con las que no exista un convenio bilateral con sus países o bien no pueda pagarse los 710 euros de póliza.
3) Esta medida discriminatoria, inmoral e injusta tiene como objetivo el incrementar la facturación de servicios sanitarios y por tanto aumentar la recaudación a costa de las personas más vulnerables. Todo ello, en lugar de implementar otra serie de medidas relativas a los ingresos, como por ejemplo la persecución del fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), el incremento de los controles sobre el IVA que se deja de recaudar( 17.000 millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles). En materia de gasto se podría abordar la supresión de las subvenciones a la patronal (alrededor de 400 millones en 2010) etc. Con todo ello se podría no sólo mantener el sistema sanitario, sino duplicar el actual.
Ante este ataque sin precedentes a los derechos básicos de toda persona, desde la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón denunciamos que los gobiernos central y autonómico están creando una situación social insostenible, en la que las personas más vulnerables se han quedado, de facto, en la más absoluta desprotección. Ante estas medidas gubernamentales hacemos un llamamiento a los profesionales de la salud para que ejerzan su derecho a la objeción, ya que estas disposiciones contravienen el deber principal de asistencia y el derecho básico de cualquier persona a tener asistencia sanitaria, sin la cual se nos priva de la dignidad que toda vida merece.
