Economía

La plantilla interina de la DGA se suma a la manifestación estatal en contra de los abusos de la temporalidad

En Aragón la plantilla al servicio de la DGA con contratos temporales supone el 47,8 %. Sin embargo, poco más del 2% de estos puestos son propiamente de naturaleza temporal. Se trata de personas que acumulan contratos de interinas durante años. Esta situación ya ha sido denunciada al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea
| 11 febrero, 2020 07.02
La plantilla interina de la DGA se suma a la manifestación estatal en contra de los abusos de la temporalidad
Plataforma de Interinos Aragonesa. Foto: Pablo Ibáñez.

El 19 de marzo se leerá la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que resolverá qué sanción aplicará el Estado español a las administraciones públicas que abusan de la temporalidad de su personal, bien transformándolos en trabajadores y trabajadoras fijas o bien indemnizando con cantidades muy elevadas. El 15 de febrero en Madrid se convoca una manifestación estatal de todos los sectores de las Administraciones.

En Aragón, según los últimos datos publicados por el propio Ejecutivo aragonés, la plantilla al servicio de la DGA está formada por 56.045 personas, de las que 29.208 son empleadas fijas y 26.837 temporales, el 47,8 %. Sin embargo, poco más del 2% de estos puestos son propiamente de naturaleza temporal, según denuncia STEPA.

«La mayor parte del llamado personal temporal o interino realmente no lo es, ya que está ocupando plazas estructurales durante años y años (en algunos casos más de 25), asumiendo las mismas tareas que el personal fijo, sin que se le reconozcan las mismas condiciones de trabajo y de legalidad, es decir manteniéndole indefinidamente en puestos de trabajo en condiciones de precariedad laboral. La Administración durante los sucesivos Gobiernos ha perpetuado esta situación de fraude de ley en la contratación de personal», considera esta formación sindical, fundada el pasado año y que en las últimas elecciones celebradas en la Diputación General de Aragón consiguió el 18.85% de los votos a Juntas de personal y 26 delegados; siendo así tercera fuerza en representación, solo por detrás de CCOO y CSIF e igualada con UGT.

Al abuso que supone la contratación temporal por tiempo indefinido, se suman otras discriminaciones, tanto salariales, como en materia de formación, movilidad o promoción profesional y estos y estas trabajadoras pueden ser despedidas en cualquier momento sin indemnización ni preaviso. Así, STEPA considera «sangrante que mientras desde los poderes públicos se reclama al sector privado empleo estable y de calidad son las administraciones las primeras que mantienen un régimen precario y discriminatorio de trabajo. No es creíble que un gobierno que tiene un 47% de su plantilla en esta situación, vaya a hacer frente seriamente a la precariedad laboral».

A toda esta situación se opone la legislación europea mediante la Directiva 1999/70/CE cuyo objetivo es evitar el abuso en la contratación temporal. Una Directiva es una norma que no es de aplicación directa, sino que tiene que ser traspuesta a la legislación estatal. El plazo de trasposición de esta Directiva venció en el año 2001 y hasta la fecha en el sector público español no se ha legislado al respecto. Así, en el Estado español, solo existe sanción, en caso de abuso en el sector privado, pero debería existir también en el sector público, considera STEPA y en ello se basan las iniciativas legales presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE por el abogado Javier Araúz, que representa a más de 5.000 personas interinas, aunque se encuentran afectadas en todo el Estado unas 800.000.

La sanción del abuso está avalada por la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2108 que, haciéndose eco de la Directiva citada y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de UE, ha manifestado que para prevenir y sancionar de manera efectiva el abuso de los contratos de duración determinada en el sector público y en el privado, estos deben transformarse en contratos indefinidos.

La normativa europea tiene supremacía sobre la estatal, y al no haber sido traspuesta a nuestra legislación, debe ser de aplicación directa, pero hasta la fecha no está utilizándose de manera efectiva dada la situación generalizada de abuso en la contratación temporal en el sector público, suponiendo alrededor de 800.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo del Estado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dictaminado en abundantes sentencias que ante la existencia de abusos, deben aplicarse sanciones que no sólo deben ser proporcionadas, sino también lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de la Directiva.

Por todo ello, el 15 de febrero en Madrid se convoca una manifestación estatal de todos los sectores de las Administraciones. Se trata de una movilización ciudadana apoyada por colectivos y sindicatos minoritarios. En Aragón está apoyada por los sindicatos integrantes en ISTA, entre los que se encuentra STEPA, y, además el sindicato STAZ del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo es terminar con la precariedad laboral de las administraciones y reducir la alarmante tasa de temporalidad defendiendo a las personas, y dándoles estabilidad en sus puestos.

Esta iniciativa surge de modo horizontal y plural dentro de un colectivo heterogéneo que por primera vez plantea una movilización estatal para exigir una solución definitiva a la precariedad y temporalidad en la que vivimos desde hace décadas.

11 febrero, 2020

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