Los y las trabajadoras de Bosal se han concentrado este miércoles por la mañana en las puertas del SAMA, en Zaragoza. Una concentración convocada por el comité de empresa una hora antes de la reunión entre la parte social y la empresa para intentar acercar posturas, "lo cual parece imposible debido a la actitud de la empresa". Con esta movilización han querido mostrar su apoyo a las 135 personas que se quedan en la calle, tras el cierre anunciado por la multinacional en su planta de Pedrola.
"Después de más de 30 años la empresa Bosal quiere despedir a sus 135 trabajadores y trabajadoras sin intención alguna de pagar indemnizaciones", han denunciado en la movilización. "La empresa Bosal lleva prestando servicio en Aragón desde hace más de 30 años y ha decidido de manera unilateral cerrar su planta de Pedrola dejando en la calle a más de 135 personas trabajadoras", han incidido.
El sindicato OSTA ha recordado que "la empresa que se dedica a la automoción ha perdido sus contratos, por diferentes motivos, algunos de ellos a nuestro juicio 'sospechosos', y con la posible intención de cerrar la planta y han comunicado a la representación de los y las trabajadoras el despido de la plantilla de manera unilateral sin abrir negociaciones con el comité para buscar otras vías o soluciones".
"Además –añade OSTA–, manifiesta que se declara insolvente y por ello no podrá pagar las indemnizaciones de las personas trabajadoras que durante 30 décadas han estado prestando servicios en la empresa". Esto hace que las personas trabajadoras si no hay cambios en la negociación, tengan que ir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) y pasar una serie de trámites que "no va a hacer más que dilatar su cobro, un cobro que, además, está topado y es mínimo, por lo tanto, los trabajadoras y trabajadoras de Bosal no van a cobrar lo que les corresponde según su salario y antigüedad", ha advertido OSTA.
"No entendemos como tanto la patronal del metal, el clúster de la automoción y los sindicatos más representativos a nivel estatal, aun creen que el dialogo social y organismos como el SAMA son eficaces para la defensa de la clase trabajadora", ha remarcado Jorge Ruíz. responsable de Industria de OSTA. Desde el sindicato aragonesista consideran "urgente" que las administraciones "vigilen y penalicen" a las empresas "que como Bosal destruyen empleo y no se hacen cargo de las consecuencias finales, después de que desde los diferentes gobiernos se apoye a las mismas y en especial al sector de la automoción". "Exigimos que Bosal se haga cargo de las indemnizaciones y que llegue a un acuerdo con el comité para garantizar unas salidas dignas a la plantilla", ha zanjado OSTA.
IU exige al Gobierno de Aragón que se implique y defienda a la plantilla de Bosal
Por otra parte, Izquierda Unida Aragón mantuvo este martes una reunión con el comité de empresa de la planta de Bosal en Pedrola para abordar el cierre anunciado por la multinacional. Tras el encuentro en las Cortes de Aragón, su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, y el presidente del comité, David Chico, han comparecido en rueda de prensa.
Sanz ha tachado la decisión de Bosal de “indecente” y ha subrayado que el 80% de la plantilla tiene entre 50 y 60 años. Cuestión, para Sanz, que requiere “una atención que el Gobierno de Aragón no puede desoír”. “Después de 30 años de actividad productiva, no se merecen no ser apoyados, ni sufrir un cierre perpetrado en pleno agosto”, ha criticado el diputado de IU.
“Es una multinacional que ha presentado beneficios pero gracias a una ‘ingeniería contable’ pretende justificar una situación económica que aboque a la realidad del concurso de acreedores, que debería ser estudiada por la Administración porque no reúne las condiciones jurídico-legales oportunas”, ha señalado Sanz.
“Vamos a indagar y vamos a pedir, también al Gobierno español, todas las ayudas y subvenciones que haya recibido esta empresa y exigimos al Gobierno de Aragón que, igual que pone alfombras rojas a las empresas para que vengan a esta tierra, se comprometa con los 131 trabajadores”, ha reiterado Sanz para manifestar el apoyo de Izquierda Unida a la plantilla y a sus familias.
Desde IU exigen al Gobierno de Aragón que haga lo posible para que esta empresa no cierre y, de producirse, asegure que sea en unas condiciones dignas para sus trabajadores y trabajadoras. Además, reclama que elabore un plan de recolocación para garantizar el futuro a la plantilla.
Por su parte, el presidente del comité de empresa, David Chico, ha defendido que en el caso de que la empresa no retome la actividad quieren que se sienten a negociar “las condiciones dignas que nos merecemos los trabajadores con los mínimos que marca la legislación como punto de partida”.
Chico ha advertido que la intención de la empresa es presentar el concurso de acreedores y “eximirse de cualquier tipo de indemnización, de manera que sean las arcas del Estado las que asuman el coste de los despidos, si finalmente cierra, además de eximirse de pagar la cotización a la Seguridad Social a la que obliga un ERE para mayores de 55 años”.
El presidente del comité de empresa ha agradecido la atención de Izquierda Unida y ha solicitado al resto de grupos parlamentarios y al Ejecutivo aragonés que “esté encima e investigue lo que a nuestro parecer es un acto muy premeditado por parte de la dirección del grupo”.
