El pasado 1 de abril falleció el exdictador Efraín Ríos Montt sin poder concluirse el juicio en el que se le acusaba de genocidio. En 2013 ya fue condenado pero la condena se anuló por “cuestiones de procedimiento” y ahora, cuatro años después se había reanudado.
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos Liz Throssell advertía de los peligros de los retrasos judiciales: “Los retrasos incrementan el riesgo de dejar a la gente sin el derecho a la justicia, sobre todo por la avanzada edad de las víctimas y acusados, como demuestra la muerte de Rios Montt a los 91 años”.
Ahora el proceso continúa contra el ex director de la inteligencia guatemalteca, José Mauricio Rodríguez Sánchez, acusado de genocidios contra el pueblo indígena Ixil y de crímenes contra la humanidad.
Throssell ha recordado también la ley internacional para asegurar que estos retrasos no son justificación de nada, “Los retrasos en la justicia también pueden suponer una violación de la obligación que bajo la ley internacional tienen los estados de investigar y juzgar crímenes tan graves”.