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La ONU avisa de la falta de protección en los derechos de vivienda y salud en el Estado español

El Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales ha trasladado algunas recomendaciones como hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada sobre todo para los y las más perjudicadas por la crisis y ha advertiddo del efecto regresivo de la ley que limita el acceso a servicios de salud a los y las migrantes en situación irregular
| 4 abril, 2018 10.04
La ONU avisa de la falta de protección en los derechos de vivienda y salud en el Estado español
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Ampliar el parque público de vivienda, regular el mercado privado para evitar los precios tan altos y revisar la legislación sobre los alquileres para que los y las inquilinas estén más protegidas, son algunas de las medidas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha remitido al Estado español para reducir el impacto de las medidas de austeridad en derechos básicos como la vivienda o la salud.

El Gobierno español ya ratificó hace 41 años que cumpliría con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, el comité encargado de revisar y analizar el estado de estos derechos ha mostrado su preocupación ante las medidas tomadas por el gobierno durante la crisis económica basadas en el recorte de los derechos básicos.

Estas políticas han perjudicado “el disfrute del derecho a una vivienda adecuada», particularmente de personas y grupos más vulnerables. Asimismo, aseguran que hay un “número insuficiente de vivienda social”, que el coste de la vivienda es muy elevado y que resulta muy significativo el número de hogares “que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar”.

Para finalizar el bloque de vivienda, el Comité considera que la “ausencia de un marco legislativo adecuado” en cuanto a los desahucios no determina las garantías legales y procesales de las personas afectadas. De hecho, esta sigue siendo una cuenta pendiente con este organismo por parte del Estado español ya que en el anterior informe ya señaló esta carencia. La solución pasaría por crear una ley con los requisitos y procedimientos adecuados para ejecutar desahucios basados en los principios de “razonabilidad y proporcionalidad”. Además, añade que las personas afectadas deben tener acceso a “una compensación o la opción de una vivienda alternativa adecuada»así como la redacción de un protocolo de actuación que asegure la coordinación entre los tribunales y los servicios sociales.

La salud de los y las migrantes

Por su parte, el Comité subraya el “efecto regresivo” en el derecho a la salud del Real Decreto-ley de 2012 que limita el acceso a servicios de salud a los y las migrantes en situación irregular: “Se ha producido una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas».

4 abril, 2018

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