Movimientos

La obligación de pinchar la burbuja del alquiler

Este sábado el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha organizado una movilización –plaza de España, 18.00 horas– para denunciar el abuso al que están sometidos los precios del alquiler y para reclamar un parque público de vivienda
| 4 abril, 2019 07.04
La obligación de pinchar la burbuja del alquiler

Cada vez vemos con más naturalidad que los precios de los alquileres, especialmente en determinadas zonas céntricas, sean estirados, a veces multiplicados de la mano de especuladores que actúan con la impunidad de unas instituciones que o bien obvian este drama social o actúan con tibieza ante la vulneración de lo que debería ser un derecho y no una mercancía.

Mientras el Estado español se permitió regalar a la banca más de 60.000 millones de euros en la anterior burbuja hipotecaria, estos con miles de millones en activos tóxicos, que realmente eran viviendas, se han dedicado a expulsar a la gente de sus casas sin alternativa habitacional y dejando estas viviendas en manos de fondos buitres y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimis) de  que disfrutan de beneficios fiscales que les permiten eludir el pago de impuestos, mientras inquilinos e inquilinas soportamos una presión fiscal superior al 30%.

De hecho, el Estado español se ha convertido, desde su legalización en 2009 y posterior remodelación en 2012, en el país con mayor número de socimis cotizando en bolsa. Y eso que para constituir una socimi hay que contar con un capital inicial de 5 millones de euros y cuatro quintas partes del valor de la sociedad debe provenir de inmuebles de naturaleza urbana dedicados al alquiler o de terrenos donde en el plazo de tres años se vaya a construir con el objetivo de arrendar. A cambio las socimi tributan en el impuesto de sociedades al 0%, pudiéndose dar el caso de tributar al 19% sobre el importe de los dividendos, cuando se distribuyan a socios con una participación social igual o superior al 5% y sólo en el caso que dichos socios estén exentos de tributación o lo hagan a un tipo de gravamen inferior al 10%.

Con la legislación, con la Ley de Arrendamientos Urbanos como piedra angular dado su carácter estatal, cada reforma no ha hecho sino perjudicar la posición de los y las inquilinas, dando más poder al arrendador, ya de por sí parte fuerte en la relación de arrendamiento. Desde el sindicato de inquilinas entienden que “es necesario un viraje en las políticas hacia una mayor protección del inquilino, con el derecho a una vivienda digna como principio rector de cualquier norma”.

Y no solo eso, si no que donde ya existen normas que mejorarían la situación de la población respecto al acceso a la vivienda, como es el caso de Aragón, con las leyes de emergencia social, de 2015 y 2016, “debemos exigir su cumplimiento, y que los gobiernos lo acaten, de lo contrario, normas mejores acaban siendo solo papel mojado, y nos van a tener movilizados para exigir su cumplimiento”, denuncian desde el sindicato.

Los desahucios se han disparado y están al nivel de los peores años de la crisis. En el Estado español se ejecutan 165 desahucios cada día, uno cada 5 minutos. En Zaragoza, el precio del alquiler está subiendo a un ritmo de 7% anual, mientras que los desahucios por impago de alquiler suponen un 70% del total. A esto hay que añadir los desahucios invisibles, que no aparecen en las estadísticas pero que suponen la expulsión de muchas inquilinas que no consiguen renovar sus contratos, o no pueden asumir las subidas impuestas por los propietarios. Mientras, los fondos buitres acumulan viviendas a una velocidad vertiginosa, el alquiler supone en el Estado español un porcentaje de la renta superior a cualquier otro país de la OCDE. “La burbuja del alquiler nos está asfixiando y queremos pincharla desde todos los frentes”, denuncian desde el sindicato de inquilinas.

Recuerdan también que el decreto sobre alquileres aprobado por el PSOE resulta “claramente insuficiente”. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y los colectivos que secundan esta movilización seguirán luchando por “desmercantilizar la vivienda y convertirla en un derecho”. Para ello exigen medidas políticas y fiscales que adecúen los alquileres a la renta de los hogares.

Piden también que estos alquileres sean estables, asequibles y con un contrato único. Para ello valdría con regular la finalización injustificada de los contratos y la regulación de los precios de alquiler en consonancia con el poder adquisitivo real de los y las arrendadoras. Para regularlo exigen la creación de un contrato único que sea gestionado por oficinas de vivienda y ayuntamientos con el fin de poner coto a un mercado desbocado. En este sentido exigen la eliminación de todas las figuras creadas a medida de los grandes tenedores de vivienda para permitirles la elusión fiscal del Impuesto de Sociedades y el IRPF.

Además exigen que, con el fin de acabar con el drama de los desahucios, estos no sean ejecutados, en ningún caso, sin haber una alternativa habitacional. Una alternativa que requiere de mayor autonomía de los ayuntamientos para gestionar su parque de viviendas, así como la creación de parques públicos de alquiler que conviertan las viviendas acumuladas por la banca y fondos buitres en viviendas sociales, evitando lo que consideran “escasez artificial” y evitando así la especulación.

“Se les ha acabado hacer negocio con nuestros hogares, nuestros barrios y nuestras vidas. Pinchemos la burbuja, y pinchémosla bien, para que no vuelva a hincharse nunca más”, recuerdan desde el sindicato de cara a la movilización de este sábado.

4 abril, 2019

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