La "nueva normalidad" será con mascarillas, con menos distancia de seguridad, PCR en todos los casos sospechosos y controles sanitarios en los transportes

El Gobierno español ha aprobado este martes en Consejo de Ministros y Ministras el decreto ley que sentará las bases que regirán en la llamada "nueva normalidad", el paso siguiente al estado de alarma y la fase 3 de la desescalada que finalizan el 21 de junio, y que se prolongará hasta que haya una vacuna contra el virus

Foto: Pixabay

La "nueva normalidad" en la que entraremos cuando finalice el estado de alarma, el 21 de junio, estará vigente hasta que el Gobierno español dé por concluida la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, algo que sucederá cuando haya quedado "definitivamente derrotado" con una vacuna o terapia eficaz.

Así lo contempla el borrador del decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que este martes ha aprobado el Consejo de Ministros y Ministras y que previsiblemente será convalidado en el Congreso al haber recibido el aval de Ciudadanos y el PNV.

La formación de Inés Arrimadas ha anunciado su respaldo después pactar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez "una distancia de seguridad menos segura", como explica el periodista Iker Bizkarguenaga en un artículo en GARA. En concreto, ha acordado reducir la distancia mínima interpersonal en 1,5 metros, y no de entre los 1,5 y 2 metros contemplado en el borrador inicial.

El decreto llega el mismo día en el que la OMS ha avisado de que la pandemia mejora en Europa pero "empeora" a nivel mundial. Y es que, según ha detallado en una rueda de prensa, en los últimos 10 días se han notificado a la OMS más de 100.000 casos de COVID-19, y el 75% de los que se notificaron procedían de 10 países, especialmente de América y Asia del Sur. Mientras, la mayoría de los países de África están experimentando un aumento de los casos.

La vida con mascarillas

El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, “en condiciones económicas no abusivas”, añade.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán los gobiernos territoriales y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de "vigilancia, inspección y control".

El decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece que la autoridad competente delegada para la "adopción, supresión, modulación y ejecución" de medidas correspondientes a la fase 3 del plan de desescalada serán los gobiernos territoriales, salvo para las medidas vinculadas a la "libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial" determinada para cada territorio, subraya.

Serán también los territorios los que puedan decidir, "con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos", la superación de la fase 3 en las diferentes unidades territoriales. En este sentido, cabe recordar que este lunes, Javier Lambán ya descartó adelantar el estado de alarma "a corto plazo" y "de manera unilateral", antes del 21 de junio.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que "la buena evolución" hace que todo el Estado pueda pasar a la nueva normalidad en la fecha del 21 de junio, lo que significa que algunas zonas transitarán quizás directamente de fase 2 al escenario futuro, sin pasar siquiera por la 3 o haciéndolo unos pocos días, por lo que finalmente no habrá una salida asimétrica del estado de alarma, como se había ido afirmando.

Detección precoz y vigilancia epidemiológica

El decreto recoge la declaración expresa del COVID-19 como "enfermedad de declaración obligatoria urgente".

Se introduce, además, el "deber" de los territorios de suministrar información "cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Además, deberán continuar facilitando "los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19", así como "la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material".

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, "tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas", y que toda la información se transmita "en tiempo y forma".

Los gobiernos territoriales "deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica", así como crear planes de contingencia para "asegurar una respuesta rápida y coordinada".

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre personas residentes y trabajadoras, y sus contactos.

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva normalidad, incide el decreto.

Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros y viajeras en vehículos de hasta nueve plazas, incluida la persona conductora, si las y los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo se adapta la obligación "a las particularidades de este modo de transporte".

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para "evitar aglomeraciones", así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.

"El decreto incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud", apunta.

El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para "garantizar en todo momento su abastecimiento". "Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera", los territorios podrán establecer "las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial".

Controles sanitarios

El decreto recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por Aena, y en puertos de interés general.

Como gestora de la red de aeropuertos de interés general, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior "los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior".

Por otra parte, añade "las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la atención a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del COVID-19".

Así, establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una "provincia", conserven la información de contacto de las y los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, "con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario". Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo.

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