La necesaria intervención de los poderes públicos

Mucho se habla últimamente de las deficientes infraestructuras de telecomunicación en el dominio público del medio rural. Es cierto, las disponibles son a todas luces insuficientes para prestar servicio a toda la población y la tecnología utilizada es en muchos casos obsoleta. Una buena conexión a internet es claramente un componente fundamental para el desarrollo social y económico del territorio. Las operadoras -quizá legítimamente- buscan optimizar su rentabilidad económica y la pronta recuperación de las inversiones que acometen, y amortizar la prestación de un buen servicio de cobertura de internet en el medio rural lastraría su crecimiento empresarial. Pero se …

Torre con antenas de telefonía móvil.

Mucho se habla últimamente de las deficientes infraestructuras de telecomunicación en el dominio público del medio rural. Es cierto, las disponibles son a todas luces insuficientes para prestar servicio a toda la población y la tecnología utilizada es en muchos casos obsoleta.

Una buena conexión a internet es claramente un componente fundamental para el desarrollo social y económico del territorio.

Las operadoras -quizá legítimamente- buscan optimizar su rentabilidad económica y la pronta recuperación de las inversiones que acometen, y amortizar la prestación de un buen servicio de cobertura de internet en el medio rural lastraría su crecimiento empresarial.

Pero se obvia la rentabilidad social, y como decíamos, es fundamental tener en cuenta esta óptica para desarrollo socio-económico de las áreas menos pobladas. La visión economicista y de corto plazo piensa en la recuperación inmediata de las inversiones, lo que relega a los territorios rurales al perpetuo atraso y cercena sus posibilidades de desarrollo, que facilitarían en un futuro la rentabilidad de esas inversiones y el aumento en la proyección de estas.

El tejido empresarial privado, privatizado mejor dicho, que según nos cuentan promueve el desarrollo económico y social del país, termina por servir como lastre para las áreas rurales. Teóricamente toda la riqueza está subordinada al interés general, y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, pudiéndose incluso reservar al sector público los servicios esenciales o la intervención de empresas cuando así lo exija el interés general. Lo dice la Constitución que tanto defienden los partidos de gobierno.

Sin duda existen herramientas legales para obligar a las operadoras a invertir en el territorio. De hecho, tras la definitiva privatización de Telefónica por parte del PP de Aznar -que continuó las políticas iniciadas por el PSOE-, siguió vigente la obligación de esta para prestar sus servicios en un elevado porcentaje del territorio. La tecnología del cobre pronto quedó obsoleta, y con ella desapareció la obligación.

El auge de las telecomunicaciones, el cambio de tecnología a fibra, y la pronta democratización de la telefonía móvil hizo que el control sobre este sector y aquella garantía de cumplir con la función social desapareciera. Para paliar los efectos nocivos sobre la población de esta privatización los gobiernos de todo signo optan por el camino fácil de la subvención. Todos ellos sin excepción, y ni aun así las operadoras mantienen unos servicios de calidad en el medio rural.

¿Por qué no se conceden licencias para la implantación del 5G condicionadas al despliegue de esta última tecnología en el medio rural? Sería posible, es legal esta práctica. Pero no se quiere afrontar el debate. El neoliberalismo ha impregnado a todos los gobiernos. A unos más que a otros, pero todos están contaminados.

Se habla poco del asunto central. Si el libre mercado no es capaz de ofrecer y garantizar estos servicios básicos en el medio rural, como manda la ley, el Estado o los poderes públicos deberían garantizarlos. Podría obligarles o incluso crear una operadora pública, que ya estaría en funcionamiento si todo lo destinado vía subvenciones de tantas administraciones se hubiera concentrado en capitalizar una empresa pública de telecomunicaciones.

Aragón dispone de una red pública. Infraestructuras y servicios de telecomunicación con capacidad de servir como base para implantación de telefonía móvil y fija. De hecho algunas operadoras privadas alquilan esta red para prestar sus servicios en zonas rurales. Esta red pertenece a la pública AST.

Unos se sienten cómodos desempeñando su rol histórico de facilitar la trasferencia de recursos públicos a manos privadas, y otros no se atreven a poner freno a este sinsentido de desarrollo neoliberal. Son muchos años a su servicio.

Es necesario el control por parte de las administraciones públicas de aquellos sectores estratégicos que garantizan una vida digna a la población, y su correcta planificación que permita el desarrollo equilibrado y territorial, que termine de generar ciudadanos de segunda.

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