El Gobierno de Aragón ha vuelto a reunir este martes a los agentes sociales integrantes de la mesa técnica del ICA para aprobar un principio de acuerdo que recoge los diez aspectos básicos a los que la nueva regulación debería responder.
No obstante, cabe señalar que para la firma de este acuerdo no se ha contado, por decisión propia, ni con la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) ni con el Consistorio zaragozano. De hecho, este pasado martes la Red calificaba el documento de “falto de contenido” y lleno de obviedades, por lo que decidieron ausentarse de esta reunión en la que se ratificó dicho documento.
Tras la última reunión celebrada el pasado 22 de febrero y en la que, a juicio del Ejecutivo aragonés, se llegó “a un pre-acuerdo unánime basado en diez criterios generales que intentan recoger las propuestas formuladas por los participantes”, el Gobierno de Aragón consideró oportuno dejar una semana más para realizar y recoger las concreciones y matices que los agentes considerasen oportunas.
“Aunque pasado este tiempo, ninguno de ellos ha presentado ninguna sugerencia o matiz. Así, y tras volver a exponer el documento a los agentes presentes, este martes se ha consensuado y ratificado por todos los asistentes”, apuntan desde el Ejecutivo.
“Estamos satisfechos porque a lo largo de las sesiones de trabajo que hemos desarrollado hemos buscado la participación activa de todos los convocados. Esa participación se ha dado, enviaron sus propuestas y hemos tenido en las sucesivas sesiones de debatirlas”, ha explicado la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba.
En este sentido, la directora ha recordado que ya en la sesión pasada hubo un “elevado consenso en torno a estas propuestas e incluso se ofreció a los participantes que si querían un mayor grado de concreción lo pusieran de manifiesto. Desde el día 22 hasta hoy ha estado abierto el correo electrónico para formular matices y correcciones, pero no hemos recibido nada, por lo que era de esperar que en la sesión de hoy hubiese unanimidad como ha habido”, ha añadido.
El Gobierno de Aragón remitirá el documento en los próximos días a las Cortes de Aragón. Además, aseguran que el Ejecutivo “ha adquirido el compromiso de empezar a trabajar con la mayor agilidad posible para impulsar un proyecto de Ley en el que trabajarán conjuntamente los Departamentos de Desarrollo Rural y Hacienda”.
“Será un proyecto de Ley específico, de naturaleza tributaria, e independiente de la reforma de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón. En él se concretará una nueva regulación inspirada en estas líneas y donde, además, se tendrán en cuenta las aportaciones de los diferentes grupos políticos y los agentes sociales implicados”, excepto la RAPA y el Ayuntamiento de Zaragoza.
En esta última reunión han estado presentes las asociaciones de consumidores de Torre Ramona, San Jorge; la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP); representantes de CEOE-Aragón y el clúster para el “uso eficiente del agua”, Zinnae.
Por parte del Gobierno de Aragón, han tomado parte de la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, el Secretario General Técnico del Departamento Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano y un represente de la Dirección General de Tributos.
Decálogo
Este es el documento final que se llevará al Parlamento aragonés para trabajar sobre él y que ha sido calificado desde la RAPA como “falto de contenido” y lleno de generalidades.
- Eficiencia y sostenibilidad. “Es necesaria una mayor eficiencia en el ámbito de la gestión de los servicios públicos del agua. Las inversiones que se aborden deben ser adecuadas para las necesidades a atender y económicamente sostenibles”.
- Coordinación y colaboración. “Las administraciones públicas deben coordinarse y colaborar entre sí para evitar al ciudadano molestias en la atención de sus obligaciones y en el acceso a la información”.
- Racionalidad y simplicidad en la gestión del tributo.
- Información y participación. “Los gestores de los servicios públicos del agua deben ser transparentes y poner a disposición del usuario información que permita tener conocimiento del coste del servicio que recibe y su relación con lo que paga. Información y participación como binomio vinculado a la gestión de los servicios del agua y también a su tarificación e imposición ambiental”.
- Principio de recuperación de costes. “La recuperación de costes debe considerar los vinculados a la prestación de los servicios del ciclo del agua (inversión, operación y mantenimiento, amortización de la inversión) y los ambientales”.
- Progresividad. “La estructura tributaria en el ciclo del agua debe procurar un incentivo a un uso racional y una menor contaminación. Los tributos no deben penalizar a los hogares con más habitantes, ni a los usos empresariales”.
- Principio de quien contamina paga. “Debe existir un instrumento que incentive el tratamiento de las aguas residuales aunque no exista prestación de servicios. La contribución debe fijarse en función de la contaminación, considerando en cada sector cuales son las mejores técnicas disponibles”.
- Principio de solidaridad y corresponsabilidad. “Todos los usuarios debemos contribuir al mantenimiento de las masas de agua en buen estado. Sin la contribución del conjunto de los usuarios no se puede abordar lo pequeño, aun soportando el déficit del actual sistema por los presupuestos generales”.
- Principio de universalidad (accesibilidad). “Los usuarios vulnerables deben tener protección, aunque sin olvidar la necesidad de incentivar su consumo responsable”.
- Principio de equidad tributaria. “Todos los ciudadanos deben de contribuir”.
