El pasado jueves, 27 de marzo, por primera vez un director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) declaró en el Juzgado como imputado. Se trata de Jesús Lobera, anterior director del INAGA, que fue citado por el Juzgado de lo Penal de Uesca como investigado. También están investigadas la Directora Provincial del Servicio de Industria y Energía de Uesca y parte de los miembros del Consejo Provincial de urbanismo, aunque todavía sin fecha para declarar.
En la providencia del Juzgado de Uesca, a la que ha tenido acceso AraInfo | Diario Libre d’Aragón, se admite “parte importante de las diligencias de investigación”, que se propusieron desde Ecologistas en Acción. La imputación se produce por las tramitaciones del Clúster del Cinca, conformado por seis parques eólicos (Santa Cruz I, I ampliación, II, III , IV y San Isidro II) que se están acabando de construir en los sasos que hay entre Berbegal y Castelflorite, y una parte importante también en los términos municipales de Peralta de Alcofea y Sariñena.
Ecologistas en Acción Aragón denunció “los importantes impactos ambientales que se producirían de construirse estos parques eólicos y sus lineas de evacuación, fundamentalmente porque se construyen en una zona de alta biodiversidad con afección a especies amenazadas (cernícalo primilla, alimoche, águila real y aves esteparias: ganga ibérica, ganga ortega y sisón) y las irregularidades en su tramitación, como otorgar declaraciones de compatibilidad ambiental de las modificaciones sustanciales de los proyectos sin realizar nueva declaración de impacto ambiental (DIA), admitir modificaciones de proyectos en los trámites de audiencia anteriores a las resoluciones de DIAs, sin que estas se expusieran al público”.
Igualmente recoge las dudas de Ecologistas en Acción respecto de las actuaciones administrativas del Gobierno de Aragón al “otorgar las DIAs haciendo caso omiso a los graves impactos ambientales que se iban a producir en aves y murciélagos pese a que los estudios de impacto ambiental y las propias resoluciones reconocían este alto impacto que ‘en concurrencia con otras amenazas, se podría llegar a ver comprometida la viabilidad a medio plazo de las poblaciones de dichas especies amenazadas’. O otorgar las DIAs sin los estudios de avifauna de ciclo anual, entre otros muchos aspectos”, recuerdan desde la entidad ecologista.
Recientemente el Juzgado de lo Penal de Uesca recibió el informe requerido por la Fiscalía al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia. Este informe, al que ha tenido acceso AraInfo | Diario Libre d’Aragón, fue emitido tras la visita a los parques eólicos de un facultativo de valoración Toxicológica y Medio Ambiente, que fue acompañado por el equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Uesca de la Guardia Civil (SEPRONA). Asimismo, se consultaron los estudios de impacto ambiental de todos los parques eólicos y las declaraciones de impacto ambiental emitidas por el INAGA.
En su informe “el perito forense destaca que la mayor parte de los aerogeneradores se sitúan dentro de un área prioritaria de reproducción, alimentación, dispersión o concentración local de las especies de aves incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón”.
La pericial “muestra su asombro por que se hayan otorgado las declaraciones de impacto ambiental (DIAs) siendo que los estudios indicaban que la mayor parte de las aves volaban a la altura de los aerogeneradores y que había una alta tasa de riesgo de colisión y que estas DIAs emitidas por el INAGA ‘reproducen estos datos científicos y asumen los criterios de compatibilidad de todos y cada uno de los estudios ambientales sin objeciones ni análisis crítico al respecto’, y añade otras irregularidades detectadas como la falta de estudios de avifauna que abarquen el ciclo anual completo, necesarios para evaluar los impactos que los aerogeneradores pueden provocar sobre ellas, o con informes de avifauna (como es el caso del parque eólico Santa Cruz I) de 2012, cuando la DIA se le otorgó en 2021 o en otros casos esos estudios de avifauna (en el Santa Cruz IV) se presentaron con posterioridad a la emisión del estudio de impacto ambiental, por lo que no se tuvieron en cuenta para diseñar la localización de los aerogeneradores”, destacan desde Ecologistas en Acción.
“Tampoco se realizaron estudios de alternativas adecuadas de los proyectos de los parques eólicos y los estudios sinérgicos y acumulativos no tuvieron en cuenta otros parques eólicos pegados al Clúster Cinca, también del promotor Forestalia. Según el perito estos efectos sinérgicos podrían ser críticos para las especies amenazadas dado que ‘el fraccionamiento realizado sobre el conjunto de aerogeneradores del clúster Santa Cruz permite la omisión o infravaloración consciente de sus efectos sinérgicos y acumulativos previsibles, asumiendo como compatibles de modo arbitrario los impactos sobre la avifauna y los quirópteros’ pese a que los datos empíricos y científicos aportados indican un grave riesgo de perjuicio sobre la fauna silvestre”, subrayan del informe pericial desde la entidad ecologista.
“Todas estas afirmaciones coinciden con las argumentaciones esgrimidas por Ecologistas en Acción, tanto en las alegaciones iniciales, como en los escritos de demanda de los contenciosos administrativos y de la querella penal presentada contra altos cargos del Gobierno de Aragón”, recuerdan desde la entidad, que por este motivo y “desde la acusación popular ejercida” por Ecologistas en Acción “está preparando una nueva batería de iniciativas legales”, concluyen.
