La empresa Kimberly Clark realizó un ERE de extinción en el año 2013 que supuso el despido de más de 200 trabajadores y trabajadoras y un duro golpe para el empleo y la economía de la comarca de Calatayú/Calatayud.
En el expediente de regulación firmado constaba una cláusula que establecía de forma literal: “Si en el plazo de 3 años Kimberly Clark pusiese en funcionamiento un nuevo centro productivo en España, o en cualquiera de sus centros actuales en España fuera necesario contratar nuevos empleados, los trabajadores afectados por el ERE tendrán preferencia respecto de posibles candidatos para ser contratados, en los términos y condiciones de la oferta de trabajo que la empresa realice, y siempre que su perfil profesional y formación satisfaga los requerimientos del puesto a cubrir. En relación con lo anterior, la empresa deberá comunicar la existencia del proceso de contratación arriba referido a la oficina del Instituto Aragonés de Empleo en Calatayud”.
En el mes de mayo de 2015, la empresa dirigió determinadas ofertas de empleo, todas ellas de puestos de la planta de Doñinos (Salamanca), a la oficina del Instituto Aragonés de Empleo en Calatayú para su ofrecimiento a los trabajadores y trabajadoras del centro.
“El INAEM remitió la candidatura de varios trabajadores y trabajadoras, cuyo perfil encajaba en el de los puestos ofertados, previo requerimiento a estos de la entrega de sus currículums”, explican desde el sindicato.
“Sin embargo, la empresa ni siquiera los citó, al objeto de concertar una entrevista, alegando que las contrataciones en Salamanca requerían la previa prestación de servicios en aquella planta, lo cual excluía a cualquier operario de Calatayud”, añaden.
Ante la actitud de la empresa, CCOO Aragón, a través de su estructura sindical, realizó varias acciones y se personó ante la dirección estatal de la empresa, en un primer momento, y ante la dirección europea posteriormente, exigiendo el cumplimiento de lo pactado.
La empresa mantuvo su negativa, por lo que CCOO Aragón inició una demanda judicial desde el gabinete jurídico del sindicato. “La sentencia resultante del proceso nos ha dado la razón obligando a la empresa al abono de una indemnización adicional a la percibida en el ERE a 11 trabajadores que decidieron adherirse a la demanda. La cantidad global que percibirá el conjunto de los trabajadores supone unos 221.000 euros”, confirman desde el propio sindicato.
