La jueza no admite la petición del Ayuntamiento de Zaragoza de modificar las cautelares dictadas sobre el servicio 010

Mientras la pelea político-jurídica continúa, para las empleadas del servicio telefónico 010 el mes de septiembre podría convertirse en su cuarto mes sin cobrar, pues Pyrenalia todavía les adeuda las nóminas de junio, julio y agosto

Trabajadoras del 010 y el consejero Alberto Cubero en una rueda de prensa. Foto: Daniel Marcos (AZ)

La magistrada del juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Zaragoza, Concepción Gimeno Gracia, encargada de resolver el proceso judicial abierto sobre el servicio telefónico 010, ha decidido en un auto dictado este viernes inadmitir las peticiones realizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La decisión, tal y como anunció en rueda de prensa el concejal Alberto Cubero, obliga al consistorio a volver a sacar a concurso el servicio de atención telefónica. Tras la presentación del informe que veía inviable económica y técnicamente la cesión del servicio desde Pyrenalia a la empresa Datanoise, el proceso entraba en una fase en la que solo había dos vías posibles: o la jueza levantaba la suspensión cautelar -algo a lo que se ha negado en este auto-, o el Gobierno de Zaragoza tendría que volver a externalizar el pliego de condiciones.

El consistorio solicitaba en sus escritos la modificación de las medidas cautelares dictadas el 14 de julio de 2017 o que cesara transitoriamente su efectividad. La magistrada, en su auto, pone de relieve que no resulta posible, “ni existe procedimiento legal alguno, que permita a esta Juzgadora "anular" o "dejar sin efecto" la resolución cautelar que adoptó de manera definitiva” máxime, cuando siguiendo el sistema de recursos establecidos legalmente, dicha resolución ha sido apelada por la defensa del Ayuntamiento, por lo que es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, el órgano competente para resolver sobre si la resolución cautelar debe modificarse.

La respuesta de Concepción Gimeno Gracia llega después de que la Asesoría Jurídica del consistorio le remitiera sendos escritos asegurando que desde su juzgado se estaba cometiendo “un exceso de competencias, pues está juzgando cuestiones que se considera que tienen que ver con un Juzgado de lo Social como es la sucesión de empresas”. Además le informaba que estaba vulnerando el Artículo 24 de la Constitución española, pues en cierto modo se le negaba el derecho a la defensa al consistorio dejándole ante la única alternativa de volver a sacar a concurso el servicio.

En este sentido, la jueza mantiene que al estar “enjuiciando un acto administrativo dictado por una Administración Pública, es competente para la resolución del asunto y, por lo tanto, también lo es para adoptar las medidas cautelares oportunas en relación a dicho acto”, y le recuerda al consistorio que la resolución es apelable ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de Aragón.

Mientras la pelea político-jurídica continúa, para las empleadas del servicio telefónico 010 el mes de septiembre podría convertirse en su cuarto mes sin cobrar, pues Pyrenalia todavía les adeuda las nóminas de junio, julio y agosto.

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