La noche del 16 de octubre, Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, y Jordi Sànchez, presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), ingresaban en la prisión de Soto del Real por orden de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. La magistrada aceptaba la petición de prisión incondicional sin fianza de la Fiscalía y daba por buena la acusación de sedición que pendía sobre los dos presidentes; o como la opinión pública ha determinado llamar, los Jordis.
La acusación de la Fiscalía se centra en los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Tras los registros de distintos edificios de la Generalitat por parte de la Guardia Civil, un gran número de personas se concentró enfrente de los mismos para protestar por lo que consideraban un ataque a las libertades y a la democracia en Catalunya. En esas manifestaciones, según la Fiscalía, se produjeron incidentes y se llamó al desacato a las autoridades españolas, y fueron los Jordis, el Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero y la intendenta del cuerpo de policía catalán, Teresa Laplana, los responsables directos de que 40.000 personas se concentraran enfrente de la Conselleria de Economía de la Generalitat. Esos hechos constituyen según la justicia española un acto de sedición, cuyo castigo puede llegar a significar 15 años de prisión.
A diferencia de los presidentes de Òmnium y la ANC, Lamela rechazó la demanda de prisión de la misma Fiscalía para el Mayor de los Mossos y a la intendenta. A ambos, se les imponían medidas cautelares leves, que les prohíben -mediante la retirada del pasaporte- salir del estado español, y que les obligan a personarse cada 15 días en el juzgado más cercano a sus casas. Trapero, por su parte, queda a la espera de otro juicio en el que se determinará su relación con los hechos ocurridos durante el 1-O.
Según el auto de la jueza, los acusados de las organizaciones civiles hicieron “un llamamiento, no a una concentración o manifestación pacífica, sino para la “protección” de sus Gobernantes e Instituciones, mediante movilizaciones masivas, frente lugares donde se estaban llevando a cabo actuaciones policiales”. En esas concentraciones afirma el escrito de Lamela se pincharon “ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil", y "se ocasionaron graves daños en los tres vehículos oficiales de la Guardia Civil que habían quedado en el exterior del edificio valorados en 33.729,90 euros, 34.708,51 euros, y 67.193,51 euros”. También, apunta el auto, se impidió "a los agentes (...) abandonar los edificios tras los registros practicados”. Para la jueza, los Jordis fueron una pieza clave el 20 de septiembre para entorpecer las actividades de los cuerpos de seguridad del estado “arengando” y “alentando a la masa” con sus discursos, y utilizando “las redes sociales y grupos de difusión, propios de la ANC y Omnium, para la movilización de personas en contra de las órdenes judiciales”.
Tres son los motivos por los cuales la jueza Lamela ha decidido decretar prisión sin fianza para los presidentes de la ANC y Òmnium. Según la magistrada existe riesgo de fuga, algo extraño de entender teniendo en cuenta que los acusados se presentaron de forma voluntaria en la Audiencia Nacional. Según la magistrada existe riesgo de destrucción de pruebas por parte de los acusados. Según la magistrada existe riesgo de que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart organicen manifestaciones similares a la ocurrida el 20 de septiembre; este último motivo pone en tela de juicio derechos como la libertad de manifestación.
De momento, tal y como prevé el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, los dos presidentes de las organizaciones civiles podrían llegar a pasar hasta dos años en prisión cautelar. A esos dos años se podrían sumar dos más en forma de prórroga.
Reacciones
Las reacciones llegaron desde el primer momento en que se conoció la noticia. La más notable la de los propios acusados que previendo que podrían acabar en prisión, grabaron un vídeo cada uno antes de su juicio el día 16 de octubre:
[VIDEO] Mensaje del presidente de la @assemblea, Jordi Sànchez, tras conocer la sentencia de la AN https://t.co/sWux0CYYFA
— AraInfo (@arainfonoticias) October 16, 2017
▪️@jcuixart: "Més serenor, confiança i coratge que mai. Ens han dit tants cops que no podíem que ara ja sabem que ho podem tot" pic.twitter.com/54EUbL7qBT
— Jordi Cuixart (@jcuixart) October 16, 2017
La respuesta del independentismo ha sido de condena absoluta ante lo que se ha considerado un ataque a la libertad y a la democracia. Por su parte desde el Partido Popular y Ciudadanos se ha aplaudido la decisión de encarcelamiento de la jueza. Así, mientras Albiol publicaba un tuit, Albert Rivera retuiteaba lo siguiente:
A prisión los responsables de la @assemblea y @omnium por sedición. El estado de derecho acaba poniendo a cada uno en su sitio.
— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 16, 2017
Los llamarán héroes. Son solo dos cobardes que desde el confort de sus despachos organizaron la resistencia a un Juez de un país democrático
— Ignasi Guardans (@iguardans) October 16, 2017
En lo que se refiere a la órbita de Podemos y los Comunes, del mismo modo que han hecho los independentistas, se ha rechazado la decisión de Lamela que muchas personas ven como una sentencia nada judicial y muy política.
Rebuig frontal a presó preventiva per convocar una manifestació pacífica!! És una barbaritat. Tot el suport @omnium i @assemblea
— Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) October 16, 2017
Cuixart y Sánchez en prisión; Rato y Urdangarín libres. No sólo es una injusticia, es el proyecto de país monárquico-corrupto de las élites
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) October 17, 2017
Más difusa ha sido la respuesta del PSC. Aunque Miquel Iceta ha lamentado la decisión de la jueza, desde el PSOE -partido que apoya la actuación del gobierno de Mariano Rajoy- no ha habido ninguna declaración al respecto.
La decisió de la jutge ens sembla desproporcionada. El 23.09 ja vàrem criticar que s’acusés de "sedició" a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
— Miquel Iceta Llorens /🌹🇺🇳 (@miqueliceta) October 16, 2017
