Existen decenas de edificios en el casco histórico de Zaragoza, con diferentes figuras de protección, que están agonizando por la interesada desidia del equipo de gobierno del PP, encabezado por la alcaldesa Natalia Chueca y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y su connivencia con las empresas constructoras que hacen negocio a a la sombra de la instituciones.
La inmoral y filibustera estrategia empresarial de algunos empresarios tramposos que compiten deslealmente con quienes sí cumplen las normas, tiene en el paso del tiempo un aliado tan importante como su complicidad con los políticos-caciques. Es habitual, y conocido, que algunos propietarios (normalmente empresas constructoras o particulares directamente vinculados a ellas) no estén conservando el patrimonio, de su titularidad pero todos los zaragozanos también, esperando a una declaración de ruina que les permita posteriormente construir sin rehabilitar, sorteando las figuras de protección, y con ello, ahorrando costes económicos, para acabar entregando pisos de lujo que solo ellos o sus compinches (ya sean los del palco de La Romareda o fondos buitres foranos) podrán adquirir.
Siete años para “comprobar la imposibilidad de notificar”
El Ayuntamiento de Zaragoza ha tardado siete años en “comprobar la imposibilidad de notificar” a Antonio Martínez Martínez sus diligencias sobre el inmueble de Estébanes 12-14.
Martínez es el propietario del edificio de El Tubo, como así consta en el registro de la propiedad, ahora declarado en ruina por el Ayuntamiento de Zaragoza. Este empresario, constructor e inmobiliario, es bien conocido en el sector. Es el dueño de Ton Desarrollos SL, una empresa en activo cuyo administrador único es Antonio Martínez Martínez, y con un activo total de 8,8 millones de euros.
Sonora fue la adquisición de Martínez en 2021 de una de las parcelas más grandes del barrio del AVE, para construir 250 viviendas de lujo (o mejor dicho, a precio de lujo), que posteriormente desarrolló otro conocido empresario zaragozano, Carlos Forcén, de la empresa Grupo Plaza 14. Sí, el mismo Forcén, íntimo amigo del actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, y entonces alcalde de la capital del país, que también está en el ojo del huracán de la Operación Romareda, esa que no iba a costar ni un euro de dinero público y lleva ya enterrados varias decenas de millones.
“Desidia absoluta del gobierno del PP en la defensa del patrimonio de Zaragoza”
Para Zaragoza en Común la declaración de ruina la pasada semana “de un edificio en un lugar emblemático de nuestra ciudad como es El Tubo, en concreto en la calle Estébanes 12-14, es un ejemplo paradigmático que muestra la total desidia por parte del gobierno de la alcaldesa Chueca en la protección del Patrimonio de nuestra ciudad”.
Este edificio, catalogado por patrimonio, acumulaba varios expedientes por deficiencias en la conservación, el último del año 2017 cuando se inició un expediente de la Inspección Urbanística a raíz de una denuncia de la Policía Local, que se archivó en mayo de 2024 sin que se cumpliera ninguna de las medidas establecidas.
“No parece sensato que se archive un expediente de este tipo, sin cumplirse ninguna de las prescripciones técnicas, ni tan siquiera haberse abonado las sanciones impuestas, y que ahora tengamos que hacer frente a una declaración de ruina”, ha manifestado Suso Domínguez, concejal de Zaragoza en Común.
En concreto la Orden de ejecución, aprobada en enero de 2018, requería, el cerramiento de huecos, la colocación de sistemas antipalomas, saneado de revocos en planta baja, pintado, etc. actuaciones todas ellas que se constata que no se realizaron. De hecho, los técnicos municipales informaron en abril de 2024 que no se ha aportado ninguna acreditación de la realización de las obras.
“Todo ello a pesar de nuevas denuncias esta vez por vecinos y vecinas en los años 2019 y 2020 sin que conste que haya habido ninguna inspección de urbanismo posterior, ni que se haya dado traslado a la unidad de conservación del patrimonio”, relatan desde ZeC, que añade que “de la misma manera el titular del inmueble no ha hecho efectivas las sanciones y multas coercitivas y ni tan siquiera ha sido posible notificar las actuaciones que se dirigían efectivamente al titular ya que no recibió las notificaciones, constando los destinatarios como ausentes”.
Para la formación municipalista “no deja de resultar curioso que, pese a estas dificultades, casualmente a raíz de la declaración de ruina, el propietario del edificio sí que contestara a la comunicación para solicitar la ejecución subsidiaria de las intervenciones en el edificio, algo que, en la práctica, supone en muchos casos que finalmente el coste de la actuación finalmente sea asumido por el ayuntamiento, por todos y todas nosotras, y no por los propietarios”, recalcan desde Zaragoza en Común.
Para el concejal Domínguez “detrás de muchas de estas situaciones, del abandono del deber de conservación y el progresivo deterioro de estos edificios, hay intereses especulativos que este gobierno con su inacción está favoreciendo”.
“Esto no es un caso aislado, tal y como denunciaron hace unos meses la AV de La Madalena existen decenas de edificios en el casco histórico, protegidos cuyos propietarios no están conservando esperando a una declaración de ruina que les permita construir sin rehabilitar ahorrando costes”, denuncia la formación de izquierdas.
Por todo ello, desde Zaragoza en Común se exige “la máxima transparencia” y que se tomen “todas las medidas para la protección del patrimonio, exigiendo el cumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios, evitando el derribo de edificios protegidos como vienen denunciando las asociaciones vecinales y de defensa del patrimonio”, concluyen.
