
LA DIRECTA | Jesús Rodríguez | Desde ayer por la tarde y durante esta mañana el gobierno de la Generalitat está comunicando a sus interlocutores políticos y sociales que no habrá plan C el 9N. El consejo ejecutivo acordó ayer seguir adelante con el proceso participativo (plan B después de la suspensión del decreto oficial de la consulta) y estar expectantes a la reacción que pueda tener a partir de ahora la Fiscalía General del Estado y el poder judicial. A pesar de que el plan C del gobierno de Artur Mas, que consistía en traspasar la responsabilidad de la convocatoria a las entidades integradas en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD), fue expuesto por primera vez el 4 de octubre en la cumbre del bloque soberanista celebrada en el Palau de la Generalitat, ahora se ha constatado que ya no forma parte de la hoja de ruta de CiU.
Numerosas entidades adheridas al PNDD expresaron ayer su frontal oposición a las intenciones de echar un paso atrás. Y ha sido Artur Mas esta mañana quien ha manifestado ante el público asistente en el Foro Europa, que se ha celebrado en el hotel Princesa Sofía de Barcelona, que el domingo “nadie tenga miedo” y ha hecho un llamamiento para que la gente salga a la calle y vaya a votar. Aún así no hay garantías que el domingo se puedan poner las urnas dentro de los centros escolares.
El papel de la fiscalía y los Mossos
Ahora los ojos están puestos en el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en quien recae la responsabilidad de actuar de oficio por un presunto delito de desobediencia contra aquellos que no acaten la suspensión decretada ayer por el pleno del Tribunal Constitucional español. Cualquier resolución en este sentido tendría que ir acompañada por una petición explícita al poder judicial en el sentido de ordenar a los organismos –Departamento de Gobernación– que coordinan el proceso de participación del domingo que paren los preparativos.
Hay que recordar, que la cadena de mando final ejecutiva recaería en los Mossos d'Esquadra. El consejero de Interior, Ramon Espadaler, envió hace quince días una circular interna a los agentes donde les recordaba que tenían que mantenerse “neutrales”, pero a la vez garantizó que no pondría a los policías catalanes “contra las cuerdas” y siempre cumpliría la ley. La semana pasada el mismo consejero advirtió que la cúpula política de Interior no tiene ningún margen de decisión cuando se comunican órdenes judiciales, y que estas llegan directamente a la cúpula policial del cuerpo.
El gobierno español dice que no habrá consulta
El equipo de prensa de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado por activa y por pasiva desde ayer por la mañana que la consulta del domingo no se podrá celebrar, cuando menos en el marco del proceso participativo previsto y, sobre todo, que las urnas no se podrán colocar en escuelas públicas. También han hecho llegar a la Generalitat que no impedirán que la votación se haga en la calle o en locales de entidades de la sociedad civil.
Desde el lunes por la mañana han llegado a Catalunya más de 500 efectivos de las Unidades de Intervención Policial del CNP y unos 800 de los Grupos de Intervención de la Guardia Civil. Los primeros están alojados en hoteles de Pineda y Calella. Los segundos se han distribuido por cuarteles de Barcelona y Sant Andreu de la Barca. Amplias dependencias del cuartel del Brezo también están preparadas para acoger refuerzos policiales.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Estévez, ha declarado esta mañana en Tv3 con relación a esto: "Tendrían que emprenderse acciones legales contra aquellos responsables que continúen promoviéndola, o incitando a los ciudadanos, o no haciendo lo que está en sus manos para que no llegue a realizarse de forma ilegal. Y si no se toman estas medidas, nos veremos abocados al 9N por irresponsabilidad política de unos e inoperancia judicial y gubernativa de otros a un no deseado enfrentamiento entre ciudadanos y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
También ha hablado hoy el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En una entrevista a Onda Cero ha declarado que "la ley es la ley y confío que los Mossos impedirán el 9N".
Caceroladas
Por su parte la sociedad civil también se está organizando. Ayer noche las cazuelas repicaron con fuerza en toda la geografía catalana y se prevé que hoy a las 22.00 horas la ruidosa protesta vuelva a ocupar balcones, calles y plazas.
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