El Ministerio Público pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas, pero finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre dos y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Aunque los magistrados impusieron las penas más altas contempladas para los citados delitos, no creen que deban ser penados por los delitos terroristas porque que “no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA”.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya estimó la petición de la Fiscalía decretando prisión incondicional, por un supuesto riesgo de fuga, para cuatro de los cinco jóvenes que aún permanecían en libertad y que fueron detenidos en la localidad navarra el pasado martes 5 de junio -Iñaki Abad (condenado a 13 años), Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob (condenados a nueve años)-, sin que la sentencia condenatoria sea firme.
A estos cuatro jóvenes, se suman Oihan Arnanz, Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno que se encuentran en prisión desde hace año y medio y que fueron condenados por la AN a 13 años, en el caso de Oihan, y a 12, Adur y Jokin.
Crece la solidaridad con los jóvenes de Altsasu
Mientras tanto, la solidaridad con los jóvenes de Altsasu sigue creciendo. Numerosos agentes sociales se han sumado ya a la protesta contra la sentencia del caso Altsasu y muestran su apoyo a la manifestación convocada para este sábado en Iruñea por Altsasu Gurasoak que se prevé una de las mayores movilizaciones que ha vivido Nafarroa.
Además, según informa Gara, distintas organizaciones juveniles levantaron este jueves un “gune solidario” (espacio solidario) con los jóvenes de Altsasu en Iruñea. La previsión es aguantar acampados hasta el sábado, cuando se sumarán a la manifestación que saldrá a las 17.00 desde el estadio El Sadar.
Por su parte, la presidenta del Gobierno navarro, Uxue Barkos, ha afirmado, en respuesta a una pregunta del PSN sobre la decisión del Ejecutivo de acudir a la manifestación, que el Gobierno navarro tiene “el derecho y el deber” de expresar su discrepancia y de “acompañar a una parte importante de la ciudadanía” en la “denuncia” sobre la falta de “proporcionalidad” que advierten en la sentencia contra los jóvenes de Altsasu.
Barkos ha subrayado que las sentencias “se acatan y respetan, pero en democracia también se puede disentir de las mismas”, como lo hace su Ejecutivo, “preocupado por su desproporción”, ha dicho tras defender que las instituciones están “concernidas en mostrar nuestra posición cuando consideramos que se produce una reacción no ajustada a la realidad”.
