En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Efe y Europa Press, el fiscal pide dos años y medio de cárcel por un delito de "desórdenes públicos" para once de las personas detenidas por esta protesta, así como un año de prisión para otras dos, por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad" por supuestamente enfrentarse a los Mossos d’Esquadra que trataban de reabrir los accesos al edificio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el paso de Lluís Companys de Barcelona.
La Fiscalía relata un centenar de activistas se concentraron el 23 de febrero de 2017 a las puertas del TSJC e impidieron la entrada al edificio durante una hora, en un acto convocado por los CDR y otras entidades independentistas, como CUP, Arran, Alerta Solidària y SEPC, para exigir la libertad de los independentistas que estaban en prisión preventiva por la causa del 1-O.
Algunas de las personas concentradas se encadenaron a la puerta del edificio del TSJC, mientras otras se apostaban en la escalinata de acceso al alto tribunal catalán, en actitud de resistencia pacífica, para impedir la entrada, de forma que la puerta estuvo bloqueada durante cerca de una hora, hasta que fueron desalojadas por los Mossos d’Esquadra, que arrestó a catorce de ellas. De las 14 personas detenidas, una quedó en libertad al ser menor y las otras 13 son las que ahora irán a juicio.
Según recoge Naiz, para la organización antirrepresiva Alerta Solidària, que se estén pidiendo penas de prisión por una "legítima protesta" demuestra "la prueba más evidente de la irracionalidad del sistema penal". "Se persigue hasta la obsesión la militancia independentista y se blindan de impunidad constantes muestras de violencia e intimidación españolista. Como era de esperar, ningún cambio real en la política represiva del Gobierno de Madrid", denuncia.
El activista de los CDR acusado de "terrorismo", "rebelión" y "sedición" está en Bruselas
Por otra parte, el activista de los CDR, Adrià Carrasco, buscado por la policía española por unas acusaciones de "terrorismo", "rebelión" y "sedición", se encuentra en Bruselas. El joven dará una rueda de prensa este próximo jueves por la mañana acompañado de su abogado, Christopher Marchand, y de un miembro del grupo de apoyo ‘Adri te queremos en casa’, Efrem Blázquez.
Carrasco cuenta cuenta con el mismo equipo legal que Carles Puigdemont, los consellers exiliados y el rapero Valtonyc, todos ellos coordinados por el abogado Gonzalo Boye. El miembro de los CDR está buscado por la policía desde el mismo día que detuvieron a Tamara Carrasco en Viladecans.
El 10 de abril, enmarcado en la operación ‘Cadera’, agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio tanto de Adrià Carrasco, al que no encontraron, como al de Tamara Carrasco, en Viladecans (Barcelona), a la que detuvieron. Ambos jóvenes estaban buscados acusados de haber participado en el corte de carreteras promovidos por los CDR.
A Tamara Carrasco la encontraron y la trasladaron a los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos y posteriormente fue puesta en libertad con cargos. Sin embargo, Adrià Carrasco había huido y hasta este miércoles no se sabía donde se encontraba.
El 8 de junio, miembros de su grupo de CDR hicieron pública una carta donde Adrià Carrasco denunciaba la represión a la que está siendo sometido y donde aseguraba que tiene la firme convicción de seguir luchando.
