La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la puesta en libertad de Inés del Río

NAIZ.INFO | La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebraba desde esta mañana un pleno extraordinario para estudiar la libertad de Inés del Río tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha rechazado la doctrina 177/2006 que la mantenía en prisión y ha ordenado su excarcelación. La Fiscalía apoya la puesta en libertad de la tafallesa. Madrid.- Los magistrados de la Audiencia Nacional española están reunidos desde las 9.15 de la mañana en un pleno extraordinario para decidir sobre el caso de Inés del Río. Tras la sentencia remitida ayer por el Tribunal Europeo …

El presidente del Tribunal de Estrasburgo, Dean Spillmann (dcha.), y el subsecretario, Michael O'Boyle, ratificaron ayer su sentencia contra la 'doctrina Parot'. Foto: Agencias
El presidente del Tribunal de Estrasburgo, Dean Spillmann (dcha.), y el subsecretario, Michael O'Boyle, ratificaron ayer su sentencia contra la 'doctrina Parot'. Foto: Agencias
El presidente del Tribunal de Estrasburgo, Dean Spillmann (dcha.), y el subsecretario, Michael O'Boyle, ratificaron ayer su sentencia contra la 'doctrina Parot'. Interior dice respetar la excarcelación de Del Río pero defiende la doctrina. Foto: Agencias

NAIZ.INFO | La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebraba desde esta mañana un pleno extraordinario para estudiar la libertad de Inés del Río tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha rechazado la doctrina 177/2006 que la mantenía en prisión y ha ordenado su excarcelación. La Fiscalía apoya la puesta en libertad de la tafallesa.

Madrid.- Los magistrados de la Audiencia Nacional española están reunidos desde las 9.15 de la mañana en un pleno extraordinario para decidir sobre el caso de Inés del Río. Tras la sentencia remitida ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que rechazaba la denominada ‘doctrina Parot’ y ordenaba al Estado español a liberar a la presa tafallesa "en el plazo más breve posible", el tribunal excepcional iniciará los trámites para aplicar el procedimiento.

La Fiscalía apoya la puesta en libertad de la presa de Tafalla, ya que la resolución de la Corte europea es "clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados". Por consiguiente, reclama que se le ponga en libertad en el plazo más breve, ya que entiende que la sentencia no da "ninguna elección", según fuentes judiciales citadas por Efe.

El proceso de excarcelaciones al que aboca la sentencia europea puede demorarse un tanto debido a la tramitación decidida por el Estado español, pero los casos estarán sobre la mesa de la Audiencia Nacional desde hoy mismo. Tendrá que decidir sobre Inés del Río, sin más opción que la puesta en libertad. Más adelante, ya el viernes, el tribunal especial celebrará una sesión ordinaria en la que estaba previsto el estudio de otros dos recursos, presentados por Joxepa Ernaga y Juan Manuel Piriz.

Fuentes jurídicas consultadas por GARA remarcaron que debería de abordarse también la situación de todos aquellos condenados por el Código Penal de 1973 y a quienes afecta la sentencia, aunque quizás la Audiencia Nacional trate de dilatar y escalonar el proceso. Es lo que pidieron la AVT y la FVT ayer tarde, en una rueda de prensa conjunta con los ministros de Interior y Justicia en la que incidieron en que no quieren ver una imagen de "un autobús" lleno de excarcelados.

En cada procedimiento que abra la Audiencia Nacional se dará la palabra a la Fiscalía, que valorará cada caso tratando de explorar si hay algún resquicio que permita reclamar que continúe en prisión.

Fuentes jurídicas interpretan que, a pesar de este anuncio, la Fiscalía no tiene argumentos que le sirvan para justificar esa vulneración de derechos fundamentales. Apuntaron a que se puede alargar unos días o alguna semana la decisión de excarcelar a esas personas, aunque ello en términos políticos puede desgastar la imagen del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Serían, a su juicio, "triquiñuelas administrativas muy evidentes, difíciles de justificar ante instancias europeas".

La sentencia de Estrasburgo debe provocar la excarcelación de 56 vascos que están ahora presos por la doctrina anulada. Pero además tendrá efectos lógicamente sobre otras decenas que se acercaban inexorablemente a la fecha de cumplimiento de condena y a las que el Estado quería alargar la estancia en prisión, como ha hecho desde febrero de 2006.

Bloqueada la indemnización de 30.000 euros

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado asimismo el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a Inés del Río para destinarla "al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas".

"No hay margen para mantener su encarcelamiento"

Las abogadas Amaia Izko y Ainhoa Baglietto solicitaban ayer mismo la libertad de su defendida y anunciaron que exigiran la excarcelación de 54 personas que "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta".

"Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", aseguraban sobre el caso de la tafallesa, que permanece encarcelada desde hace 26 años. "Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la doctrina Parot inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales", destacaban.

El Tribunal de Estrasburgo rechazó este lunes por unanimidad la sentencia 197/2006, al considerar que esta vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En su sentencia, el tribunal consideraba que "ha habido violación del artículo 7" de la Convención Europea de Derechos Humanos que establece que "no hay pena sin ley" que la avale. Además, por unanimidad, ha confirmado que desde el 3 de julio de 2008 Inés del Río ha sido objeto de una detención "no regular" en violación del artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad).

La Gran Sala afirmaba que "vista la necesidad urgente de poner fin a las vulneraciones constatadas", corresponde a las autoridades españolas "garantizar" la liberación de la presa "a la mayor brevedad posible". Determinaba que el Estado debe abonar una indemnización de 30.000 euros en un plazo de tres meses a Inés del Río en concepto de "daños morales". Asimismo, por unanimidad ordenaba que el Estado español debe abonar a la demandante la suma de 1.500 euros en concepto de costas judiciales.

Interior dice respetar la excarcelación de Del Río pero defiende la doctrina

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha expresado su "respeto" por la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a Inés del Río tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la sentencia 197/2006, que, según él, fue "justa y eficaz para luchar contra los delitos más abyectos".

Fernández Díaz ha destacado que el Gobierno español "no tiene nada que decir" y no puede opinar sobre la excarcelación de Inés del Río porque, ha reiterado, "son los tribunales los que tienen la misión de ejecutar lo que proceda", y "si lo han hecho, es por que habrán entendido que es lo que procedía".

Sobre el fallo del TEDH, ha subrayado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entendía "y sigue entendiendo que la ‘doctrina Parot’, que no fue elaborada por el Gobierno sino por el Tribunal Supremo y validada por el Constitucional, era justa y además ha sido un instrumento muy eficaz para luchar contra el terrorismo y la criminalidad en sus diversas manifestaciones y las más abyectas".

"Como Gobierno no tenemos otra cosa que decir. No podemos añadir más. Solo ser, como somos siempre, respetuosos con las decisiones de los tribunales más allá de las opiniones que nos merezcan, pero (la Audiencia Nacional) ha actuado en el ejercicio de sus competencias", ha apostillado.

Fernández Díaz no ha sido el único miembro del Gobierno español en valorar la excarcelación de la presa de Tafalla. El titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha señalado que la Audiencia Nacional "ha tenido que aplicar un cumplimiento doloroso"de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha dicho por su parte que el Gobierno español "no está contemplando, de ninguna manera, no acatar la sentencia". "Si España no acatara esta decisión, el artículo 47 del Convenio Europeo de Derechos Humanos otorga naturaleza imperativa" a las decisiones del Tribunal de Estrasburgo y, por tanto, el Estado español "se tendría que salir del Consejo de Europa", ha indicado.

El fiscal general asume la sentencia de Inés Del Río pero adelanta que analizará caso por caso

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que su departamento "no va a poner ninguna dificultad" a la ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha condenando al Estado español por aplicar la doctrina 197/2006 a la presa Inés del Río.

Torres-Dulce ha resaltado que "aunque discrepemos, la sentencia obliga a ejecutarla en sus estrictos términos, la Fiscalía no va a poner ninguna dificultad a su ejecución". Asimismo, ha matizado que la decisión de Estrasburgo "no cuestiona en sí misma la doctrina Parot, sino la manera de aplicar retroactivamente dicha normativa jurisprudencial" a los presos condenados antes de su aprobación.

Por ello, se examinará cada caso concreto "para decidir si procede o no procede su aplicación. Ni vamos a ralentizar ni a acelerar absolutamente nada", ha indicado Torres-Dulce.

Amaiur expresa su "máximo respeto y comprensión" hacia las víctimas

El diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo ha expresado en nombre de la coalición soberanista su "máximo respeto y comprensión" a las víctimas y ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que no obstaculice ni dificulte la puesta en libertad de los presos afectados por doctrina 197/2006.

"Instamos al Gobierno español a hacer una profunda reflexión y a cambiar la política penitenciaria de excepción", ha señalado el diputado de Amaiur en declaraciones a los medios realizadas en el Congreso español. Errekondo también ha instado a todos los partidos políticos, así como a todas las instituciones del Estado español, incluida a la Audiencia Nacional, a respetar y acatar la decisión del Alto Tribunal europeo, que a su entender es "beneficiosa" para la construcción de la paz.

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