La Fiscalía Anticorrupción concluyó este pasado lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a las 37 personas acusadas de participar en la primera época de la Gürtel (1999-2005), que la trama corrupta era "una actividad duradera para delinquir". Todo ello con el objetivo de apropiarse de fondos públicos mediante el contacto con algunos cargos públicos del Partido Popular y el pago de comisiones de un "tres o cuatro por ciento".
Tras una "ardua y compleja instrucción" de la causa, “y no menos complejo juicio", la fiscal Concepción Sabadell subrayó, durante la exposición de su informe de conclusiones, la acreditación de que la trama de corrupción llevada a cabo por el Grupo Correa no se trataba de “un hecho aislado", ya que los hechos habían sido “probados, contrastados".
Tal y como reconoció Francisco Correa, la trama consistía en un "sistema" para conseguir adjudicaciones públicas a cambio de pagar comisiones de un "tres o cuatro por ciento" a altos cargos públicos. "No es un hecho aislado, es una actividad duradera para delinquir", matizó la fiscal.
La meta consistía, según Sabadell, en lograr "contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP". Del mismo modo recalcó que a través de estos contactos de la red corrupta se "apropiaron de fondos públicos". Así pues, para Anticorrupción ha quedado suficientemente probado que la Gürtel buscaba un "enriquecimiento con el abuso de las funciones públicas” de algunas de las personas acusadas.
Entre estas personas se encuentran exalcaldes 'populares' como Guillermo Ortega (Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP de Galiza, Pablo Crespo, considerado 'número dos' de la trama. "Una actuación aún más reprochable" si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a "cargos públicos" provenía del dinero que la trama estaba gestionando con estos negocios, insistió la fiscal en su informe de conclusiones.
En este sentido, Sabadell también determinó que "se eliminó el trato justo y equitativo que merecían otras empresas", ya que al adjudicarse los contratos públicos a las empresas de Correa "se anuló por tanto cualquier posibilidad de competencia real".
La Fiscalía ha centrado parte de su exposición en explicar por qué las nulidades planteadas por las defensas no deben ser tenidas en cuenta, pues, a su juicio, no tienen "fundamento". Casi la totalidad de ellos aseveraron que este procedimiento penal no es válido porque se ha vulnerado la cadena de custodia del pendrive incautado al presunto contable de Gürtel, José Luis Izquierdo; al igual que no se ha podido acreditar la autenticidad de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso y exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, también acusado.
Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción ha reprochado que alguna de las personas acusadas, como el exasesor y el exviceconsejero de Presidencia de Madrid, Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, insinuaran que la Fiscalía "subcontratase" a los peritos que han presentado sus conclusiones durante el procedimiento y en la vista oral.
"Esperamos que no se repitan en este trámite valoraciones semejantes", concluyó Sabadell, al tiempo que instaba al tribunal a que valorara las consecuencias y responsabilidades de dichas manifestaciones.
