"De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción en los funcionarios públicos", ha argumentado el miércoles 21 de marzo la fiscal María Ángeles Garrido para ampliar la pena impuesta por la Audiencia de Palma a Iñaki Urdangarin. La magistrada ha considerado que de los 6 años y tres meses de cárcel a los que el empresario ha sido condenado la pena debería aumentarse a los 10 años.
La misma magistrada también ha pedido en sede del Tribunal Supremo que se aumente la pena para el socio del cuñado del rey, Diego Torres. En su caso la petición de la fiscal se sitúa en los 12 años y cuatro meses.
Además, la fiscalía también ha pedido que se condene a los cuatro acusados de la trama valenciana de Nóos que en su día fueron absueltos. Según Garrido "en la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad".
La causa del caso Nóos supuso para Urdangarin una condena por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y tráfico de influencias cometidos en la organización de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006. La fiscalía pidió en la Audiencia de Palma un total de 19 años de cárcel, pero finalmente la pena quedó rebajada al desestimar el tribunal los delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en las Illes Balears, el País Valencià y Madrid.
Además de la condena carcelaria que Urdangarin eludió, el miembro de la Casa Real tuvo que pagar una multa de 512.533,68 euros y fue inhabilitado por siete años y un mes. De pronunciarse el Tribunal Supremo en contra del antiguo jugador de balonmano podría acelerarse el ingreso en prisión de éste. Sin embargo, Urdangarin todavía podría alargar su ingreso carcelario si, por ejemplo, interpone un recurso en el Tribunal Constitucional y paraliza de este modo la ejecución de su condena.
En lo que se refiere a la defensa esgrimida por el abogado defensor de Urdangarin, Mario Pascual Vives, el letrado ha pedido al Tribunal Supremo que se estime su recurso y absuelva al miembro de la familia real del caso Nóos y los siete delitos por los que ya fue condenado. Según el mismo, su cliente que solo actuó “como mediador”, ya ha sido condenado por “parte de la sociedad y determinados medios”.
