La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y la Red de Medios Comunitarios (ReMC) han elaborado un informe sobre la libertad de expresión en el Estado español, en el que constatan con casos concretos el retroceso que se está viviendo en esta materia. Este informe ha sido enviado a distintas organizaciones internacionales y estatales, así como a todos los grupos parlamentarios del Congreso español y a la institución del Defensor del Pueblo.
La FeSP y la ReMC denuncian el incremento de agresiones a periodistas y fotoperiodistas, por parte de algunos agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías de los distintos territorios, cuando desempeñan su trabajo en manifestaciones y protestas públicas. Estas agresiones y obstáculos en su tarea las padecen, según el informe, sobre todo los freelances y los colaboradores de publicaciones modestas y emisoras comunitarias, de manera especial cuando registran las detenciones de manifestantes o las cargas de los agentes contra ellos.
En el informe también denuncian que el Gobierno español y los de varias CCAA incumplen la Ley General de Comunicación Audiovisual y no responden o deniegan las solicitudes de licencias para emisoras de radio y televisión comunitarias sin ánimo de lucro.
La FeSP y la ReMC recuerdan que, pese a los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el Gobierno español aún no ha aprobado las disposiciones que prevé dicha norma respecto de las emisoras comunitarias, lo que es utilizado por algunas CCAA como excusa para negar las solicitudes de licencias.
El retroceso en la libertad de expresión y el incremento de los obstáculos policiales al trabajo de los profesionales de los medios de comunicación ha sido denunciado en distintas ocasiones no sólo por la FeSP y la ReMC sino también por otras organizaciones profesionales, e incluso por la representante sobre libertad de medios de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), Dunia Mijatovic. Esta organización, en una de sus recomendaciones, ha recordado a los Estados miembros que los ataques contra periodistas han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión, por lo que es imprescindible que se pongan los medios para que quienes ejercen el periodismo puedan desempeñar su trabajo con seguridad.
Respecto al incumplimiento de la legislación audiovisual, la titular de la institución del Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, estudió la situación y, a finales de 2012, envió un recordatorio a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) sobre la obligación que tiene de desarrollar reglamentariamente la citada ley, sin que lo haya hecho.
Como consecuencia de ese incumplimiento de la ley por parte del Gobierno español y los de varias CCAA, que no conceden las licencias, numerosas emisoras comunitarias de radio y televisión han sido presionadas y expedientadas por distintas administraciones para que cesen sus emisiones, porque carecen de licencia. En el informe se citan varios casos.
