La FAS rechaza, por "vergonzoso e ilegal", el acuerdo entre la UE y Turquía para la deportación de la población refugiada

La Federación Aragonesa de Solidaridad exige programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, la concesión de visados humanitarios y vías seguras y aperturas de fronteras para "toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales"

Refugiados en Idomeni. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La Federación Aragonesa de Solidaridad, junto con el resto de Coordinadoras territoriales y la Coordinadora Estatal de ONGD, expresa su "más enérgica repulsa" por el acuerdo alcanzado esta semana entre la Unión Europea y Turquía como "respuesta vergonzosa" a llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria.

Asimismo denuncian que, a los efectos, este acuerdo consolida el modelo de "devoluciones en caliente" que el Gobierno español puso en marcha en Melilla, e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza".

El acuerdo, que implica devolver a Turquía a todas las personas que llegan irregularmente a las costas griegas, incluida la población siria, con el compromiso de traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones, consolida, a juicio de laFAS, "el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la UE".

Para la FAS, la deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política de la UE y la incoherencia con sus propias decisiones, ya que "en septiembre de 2015 alcanzaba un acuerdo para la distribución de 120.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia". De ellas, casi 17.000 debían haber llegado al Estado español; a día de hoy, sólo lo han hecho 18.

"La falta de escrúpulos de Europa la aleja de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los Derechos Humanos" denuncia la FAS. "Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas, a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del gobierno autoritario de Erdogan, vulnera el derecho internacional en materia de asilo, pero no sólo eso: también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada", añaden.

En los últimos meses hemos visto cómo la policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera con Grecia; las pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas, sin que la UE haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones; el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria y Hungría... y otras muchas acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como con el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el último Eurobarómetro, publicado la semana pasada (con una media del 65% a favor del apoyo) .

Por ello, desde la Federación Aragonesa de Solidaridad y las Coordinadoras de ONG de Desarrollo, exigen a la Unión Europea y a los gobiernos de los estados miembros la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios. Asimismo, exigen vías seguras y aperturas de fronteras para "toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales".

"En definitiva, exigimos y defendemos la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus Derechos Humanos, que pasan ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internacional en materia de asilo", concluye la FAS.

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