La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón van a iniciar una campaña contra la aplicación de la nueva Ley de Telecomunicaciones que permite la expropiación de las terrazas de las comunidades de propietarios para instalar antenas de telefonía móvil. Ambas entidades impulsarán una campaña informativa a la ciudadanía para la que, en un primer paso, han editado una pegatina que será colocada en los portales de todas las comunidades de propietarios de la ciudad que se adhieran a la campaña.
Estas medidas han sido anunciadas esta mañana durante una rueda de prensa, en la que han intervenido Miguel Ruiz Lizondo, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón, Juan Manuel Puértolas, de la Asociación Independiente para Defender la Salud, y Juan Carlos Crespo, de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente y el Secretariado de la FABZ.
Para las tres entidades la nueva ley supone la renuncia absoluta a las competencias municipales y territoriales sobre la prevención de la salud, las normas urbanísticas y medioambientales -que ahora quedarán en manos del Ministerio de Industria exclusivamente-, además de constituir "un atentado los derechos de propiedad privada de las y los ciudadanos, en beneficio exclusivo del interés económico de las empresas de telefonía móvil".
Miguel Ruiz se ha referido al recurso de amparo que el Consejo General de Administradores de Fincas del Estado español -que agrupa a más de 16.000 personas afiliadas- ha presentado al Defensor del Pueblo, y a los múltiples problemas que la ley supondrá para la gestión de las comunidades de propietarios con los complejos procesos judiciales a los que dará lugar.
Juan Manuel Puértolas ha recordado las consecuencias para la salud física y psíquica de las personas sometidas a las radiaciones de las antenas de telefonía, y la normativa de la Unión Europea, así como de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que hasta ahora las protegía, pero que "con la aplicación de esta ley, carecerán de cualquier valor ante la voluntad y el interés de las empresas de telefonía".
Por su parte, Juan Carlos Crespo ha señalado que la ley está concebida en beneficio exclusivo de las operadoras y empresas, "a las que se les arroga en el proceso expropiatorio la potestad de ser juez y parte". Además ha señalado que es un claro ejemplo del proceso de la “puerta giratoria” cuando "los mismos políticos que aprueban este tipo de leyes han formado o pasan a formar parte, cuando dejan sus cargos políticos, de los consejos de administración de las empresas para las que han legislado en su beneficio, y de los que hay un ingente número de ejemplos".
Por todo ello, además, la FABZ presentará en todas la Juntas de Distrito y Vecinales mociones para que se informe a la ciudadanía sobre las consecuencias de la aplicación de la ley.
En dichas mociones reclamará al Ayuntamiento:
1º Que manifieste su rechazo a la Ley por atentar contra la autonomía municipal y autonómica y eleve al Gobierno de la Nación la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales y autonómicas deberá contar con la participación de las mismas.
2º Que comunique al Gobierno de la Nación la necesidad de que cualquier reforma de la Ley de Telecomunicaciones tenga en cuenta el derecho a la salud ya la vida por encima de los beneficios económicos y no atender sólo a los intereses de la industria y de los grupos de presión.
3º Inste al Gobierno Central a que promueva un desarrollo de las telecomunicaciones seguro y saludable escuchando a todos los actores afectados por la LEY: los gobiernos autonómicos y locales y especialmente a la sociedad civil (asociaciones y colectivos implicados) y los científicos expertos independientes (sus investigaciones y sus puntos de vista), atendiendo a las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (mayo de 2011) sobre "Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente ", así como a los Convenios internacionales relacionados (Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, y el Convenio de Aarhus de 1998, sobre el acceso a la información).
4º Traslade al Gobierno de la Nación que los derechos otorgados a las operadoras en materia de ocupación de la propiedad privada y pública obedecen más a los intereses económicos que a la utilidad pública o el interés social.
5º Traslade estos acuerdos a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y del Congreso de los Diputados.
