La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), a través de su Comisión de modelo de ciudad y junto a distintas asociaciones vecinales, ha solicitado “la suspensión de la tramitación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) TR 24-16”. La federación de entidades vecinales advierte de las “irreparables consecuencias” que podría acarrear esta reforma urbanística “que plantea transferir edificabilidad desde los suelos urbanizables de los barrios rurales hacia áreas situadas dentro de la Z40”.
Las alegaciones presentadas por la FABZ inciden en que “tras años sin desarrollo efectivo en los terrenos urbanizables o urbanos no consolidados de los barrios rurales, la modificación podría interpretarse como una medida para desbloquear esta situación. Sin embargo, desde la organización vecinal alertan de que el planteamiento va mucho más allá.
Sara Ballester, responsable de la Comisión de modelo de ciudad de la FABZ, explica que la modificación regula “que sectores interiores a la Z40 podrán hacerse cargo de la cesión de suelos de sistemas generales y de la ejecución de infraestructuras generales que el plan general asigna a áreas urbanizables de los barrios rurales, a cambio de mayor aprovechamiento en sus ámbitos”. En este sentido, señala que el documento del Ayuntamiento de Zaragoza “define nuevos ámbitos polisectoriales permitiendo trasvasar edificabilidad y densidad entre áreas y sectores”, lo que implica que la reducción de aprovechamiento en unos suelos se compensará con su incremento en otros situados dentro de la ciudad consolidada.

Ballester concluye que, en la práctica, la modificación supone “un trasvase de edificabilidad de los barrios rurales a los suelos urbanizables de la ciudad consolidada”, una operación que, a juicio de la FABZ, altera “de forma sustancial” el modelo territorial previsto en el planeamiento vigente.
Desde las asociaciones vecinales también se pone el acento en la falta de participación ciudadana en un proceso con importantes implicaciones urbanísticas y sociales. Félix Moreno, representante de la Asociación Vecinal Jerónima Zaporta de La Cartuja Baja, considera “imprescindible iniciar un proceso participativo real para evaluar las implicaciones de la modificación y el modelo de barrio que se desea construir en cada caso”.
Moreno advierte además de que, en caso de que no se suspenda la tramitación, la modificación debería incorporar al menos la obligatoriedad de contar con un informe vinculante de las juntas vecinales para cualquier cambio en las condiciones de aprovechamiento de los suelos edificables en los barrios rurales. “Hablamos de derechos urbanísticos ya reconocidos en el Plan General que ahora, 25 años después, pretenden modificarse y que afectan al modelo de desarrollo y al modelo de servicios públicos y privados que se han generado de forma expectante en el mismo”, subraya.
Por su parte, María Luisa López, representante de la Asociación Vecinal Urdan de Montañana, alerta de que la propuesta “permite mecanismos de redistribución de aprovechamientos y recursos que pueden debilitar los barrios rurales al no garantizar que los beneficios de su desarrollo reviertan en nuestros barrios”. En este sentido, reclama la incorporación de “garantías claras que aseguren un retorno efectivo” y un desarrollo que contribuya a “reequilibrar territorialmente toda Zaragoza”.
López defiende un modelo de crecimiento “progresivo, realista y sostenible”, que asegure servicios, dotaciones e inversiones en los barrios rurales, al tiempo que proteja su identidad, escala y modelo propio.
Finalmente, desde la FABZ insisten en que “la modificación del PGOU TR 24-16”, tal y como está planteada actualmente “puede agravar los desequilibrios territoriales en Zaragoza” y reclaman abrir “un debate público profundo” sobre el modelo de ciudad, con participación efectiva de la ciudadanía y, especialmente, de los barrios rurales afectados.

