
La FABZ considera “la exclusividad de todo el personal sanitario prioritaria y esencial para alcanzar el objetivo de mejora en la gestión de la función asistencial y de la sanidad pública”. En este mismo escrito el Justicia de Aragón recuerda que en el mismo decreto se especifica que “está expresamente prohibido prestar la actividad profesional a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público”.
El Justicia hace un llamamiento a la Administración a que extreme su celo para garantizar de manera escrupulosa el cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidad. La FABZ reclama al Gobierno de Aragón “que se verifiquen todos los casos en los que puedan incurrir en incompatibilidad, en particular en la Sanidad pública”.




