La Unión Europea ha sido desde sus inicios un proyecto del capital, con una gran capacidad para aparentar ser más progresista de lo que es en realidad. En el Estado español, este espejismo se debe a varias causas. En primer lugar, tras las décadas oscuras del franquismo era inevitable mirar hacia Europa como referente. Pero también por el gran lavado de cara que se le ha realizado a través de los medios de comunicación, que lo han sabido vender como una unión de los pueblos, en lugar de la unión de los capitales que en realidad siempre ha sido.
Cuando la población comienza a percibir en el modo en que se conducen las políticas a nivel europeo un “cambio de rostro”, un giro antisocial (por otra parte muy real), se tiende a olvidar que desde el principio ha sido un proyecto generado y dirigido en beneficio de las oligarquías europeas. La Unión Europea y su mercado único se relanzaron en los años 80 por presión de la gran patronal europea, y ese mercado único exigió la creación de la moneda única que estamos sufriendo ahora.
La caída de los antiguos gobiernos soviéticos al otro lado del llamado “telón de acero” en 1989 colocó a las clases dominantes europeas ante una nueva situación internacional en la que tenían la oportunidad de incorporar dentro de su zona de influencia los potenciales mercados de Europa Central ocupados por el ejército soviético tras la II Guerra Mundial. Las comisiones europeas se convirtieron en la base para hacer frente a este desafío, y a una reestructuración de las economías occidentales que les permitiera recuperar la tasa de beneficios perdida tras la crisis de los 70.
Pacto entre élites
El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastritch en 1992, incluyó una gran parte de las losas que ahora mismo lastran las economías europeas, como ese artículo 104 que consagró la absurda prohibición de que los Bancos Centrales financiaran a los gobiernos. Una prohibición que sólo beneficia a la banca privada; los bancos europeos han recibido gracias a esto más de siete billones de euros de intereses desde la ratificación del tratado. O como los criterios de convergencia, que imponían un techo al déficit del 3% y de la deuda pública del 60%, límites que no han dejado de ser incumplidos por estados como Alemania o Francia, pero que se usan sin ningún rubor para justificar las presiones sobre las naciones de la periferia europea como el Estado español, Irlanda, Grecia o Portugal. Por otro lado, el Tratado de Maastritch trajo consigo la adopción de la moneda única, que tan desastrosa ha demostrado ser recientemente, y que entró en circulación en 2002.
Tras el fracaso del llamado Tratado Constitucional de 2004, que no fue ratificado por Francia y los Países Bajos, la maquinaria de la UE se dispuso a introducir de manera algo más sucinta, aunque básicamente igual, muchos de sus principios, sin contar esta vez con el voto de las poblaciones. Lo hizo a través del Tratado de Lisboa de 2007, con cuyo texto se promocionó la desregulación del mercado y desfavoreció la intervención del estado para lograr objetivos sociales.
La crisis, como no debería tomarnos por sorpresa, se está aprovechando a modo de atajo para recuperar la tasa de beneficios. A partir del 2009, la política de la UE cambió, pero no en sus líneas generales, sino que ahora, liberado de ciertas servidumbres como la existencia de partidos y sindicatos más potentes de tipo más progresista o la existencia de la propia URSS, se decide a tomar las riendas de una política económica mucho más dura, asumiendo completamente el neoliberalismo.
Así, en 2011, se crea el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en respuesta a la crisis del euro de 2010. Este organismo intergubernamental de carácter permanente, facilita ayuda financiera a países con graves problemas de financiación, a cambio de un programa de ajuste macroeconómico, por el cual los países en problemas se comprometen a todo tipo de medidas antisociales de carácter neoliberal; desregulaciones, privatizaciones, reformas laborales, etc. Para cubrirse las espaldas, el MEDE o cualquiera de las personas que hayan formado parte de su estructura directiva, no pueden ser llevadas a un juicio como acusados por el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el organismo tiene personalidad jurídica propia y sí puede entrar en un juicio, pero como parte acusadora.
También dentro de este cambio de rumbo, tenemos el Pacto Fiscal Europeo firmado en 2012 por 25 estados de la Unión Europea. Además de imponer límites al déficit del 3% bajo amenaza de sanciones, o la obligación de los países con deudas superiores al 60% del PIB a caer dentro de estos límites en 20 años, este tratado incluía la obligación de cada estado de poner nuevas reglas constitucionales para asegurar el cumplimiento de estas reglas. Estamos hablando de reglas que imponen, como en la reforma constitucional española “express” de 2011 aprobada con los votos del PSOE y el PP, la “prioridad absoluta” del pago de la deuda sobre el gasto social.
En definitiva, la UE muestra sus dientes y se dispone a alimentarse de las poblaciones. Bajo la consigna de la “estabilidad presupuestaria” y del “control estricto del déficit” se dispone a seguir ahondando en las desigualdades a fin de lograr su único objetivo: salvaguardar los intereses del capital. Asegurar el incremento de la tasa de beneficios y continuar ahondando en las desigualdades.
Una verdadera unión europea, una unión de los pueblos, sería sin duda algo muy deseable. Pero sólo puede lograrse si ponemos fin a esta Europa del capital. O nos movemos, o nos pasarán por encima.
Pablo Martínez, militante de En lluita | Publicado en el Periódico En lucha | Para AraInfo
