El acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el denominado Foro de la Profesión Médica establece que “se promoverá un marco jurídico específico del profesional médico en el Sistema Nacional de Salud y un modelo de retribución voluntario vinculado a la gestión clínica que favorezca los principios de excelencia profesional y de gobernanza del sistema sanitario público”.
Esto, para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Aragón (ADSPA) supone que "el personal de las Unidades de Gestión clínica no podrá mantener las garantías del Estatuto Marco y deberá laboralizarse para trabajar en las mismas, paso necesario para que las Unidades de Gestión Clínica se constituyan en empresas autónomas con personalidad jurídica propia acogidas al modelo empresarial con participación del sector privado".
"La gestión clínica -añade la ADSPA- se entiende como la incorporación de los profesionales sanitarios a la gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica. Evidentemente la gestión clínica no precisa modificar el régimen jurídico del personal ni con la personalidad jurídica de las unidades que las llevan a cabo, que deberían todos los servicios del sistema de salud".
La ADSPA entiende que "lo que pretende la administración es utilizar el desarrollo de la misma para introducir cambios estratégicos en el sistema de cara a su privatización trasladando el modelo empresarial a los servicios de los centros sanitarios públicos, con un argumento claramente neoliberal de mejorar la eficiencia, calidad y costes gracias a la autonomía, la competencia interna y la asunción de riesgos".
La ADSPA enumera una serie de "instrumentos" para tal fin: "Descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios con la finalidad de fragmenta los centros sanitario públicos. Crear nuevas unidades que integran recursos y profesionales de diferentes especialidades, disciplinas y niveles asistenciales, pero dando entrada a capital, empresas y profesionales del sector privado. Dar autonomía plena para organizarse, financiarse y para establecer relaciones con otras unidades y centros, con el objetivo de generar beneficios económicos a las unidades y darles la posibilidad de apropiárselos, a quienes participan en ellas. Para ello estas unidades tendrían personalidad jurídica propia, acogiéndose a diferentes fórmulas jurídicas como fundaciones, consorcios, y otros modelos de gestión privada".
En este sentido, la ADSPA denuncia que la finalidad de esto es la creación de "microempresas dentro de los centros para competir entre sí, en el marco legal de un mercado sanitario público y privado, financiado esencialmente con fondos públicos y establecer alianzas y acuerdos con otras del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales". "Esto abriría -continúa- la posibilidad de dar entrada al capital, empresas, laboratorios farmacéuticos, medicina sanitaria, en la provisión y gestión de los servicios sanitarios".
Consecuencias previsibles
La ADSPA alerta de las consecuencias de este proceso, tales como el desmantelamiento del sistema sanitario "que se fragmentaría en múltiples reinos de taifas, con participación del capital privado y grupos empresariales", la pérdida de derechos para las y los profesionales "que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión)", el desmantelamiento del nivel de Atención Primaria "para crear las Áreas de Gestión integrada (las Gerencias de AP están siendo sustituidas por Direcciones de Procesos Asistenciales)".
Esto supone que "el nivel primario queda sometido a los intereses de los hospitales para los que pasará a realizar la función de puerta de entrada selección de pacientes y de riesgos". La ADSPA advierte también del "aumento de los costes del sistema sanitario (costes burocrático-administrativos vinculados a la trasformación de las unidades y servicios en empresas autónomas), las trabas de acceso a los servicios a pacientes con patologías no rentables (selección de riesgos por estas empresas que tienen la oportunidad de apropiarse de los beneficios que se generen), la apertura de puertas a la privatización del sistema sanitario ya que se le da la oportunidad a empresas privadas de intervenir e influenciar de manera directa en las decisiones sobre qué hacer, cómo, quien y con que, en las patologías más prevalentes, ya que supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en el tratamiento del cáncer, corazón, respiratorio, etc., en el que las decisiones sobre tratamiento farmacológico o utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de elevado coste".
La estrategia de desmantelamiento de la Sanidad Pública
La ADSPA hace una última reflexión sobre el carácter estratégico de estas propuestas, que hay que entender en las políticas de privatización a medio y largo plazo.
"Desde hace tiempo, las reformas del NHS de la señora Thatcher y el Informe Abril, se conoce que el primer paso en las contrarreformas privatizadoras de los sistemas sanitarios públicos tienen como objetivo la ruptura de la red pública en microempresas y la introducción de los criterios de mercado en la atención sanitaria, este primer paso es el que permite romper el sistema público, favorecer la presencia del sector privado en el mismo y a la vez introducir las relaciones mercantiles como prioridad para su funcionamiento. Después y de manera progresiva las empresas privadas irían, como así ha sucedido, ganando espacio en el sector, y haciéndose con un porcentaje cada vez mayor del mismo. Por supuesto una vez un centro sanitario pase a depender del sector privado todas los instrumentos que sirvieron para favorecer la privatización serán barridos del mapa, con el silencio y el apoyo de los que ahora los favorecen, es obvio que ni BUPA-Sanitas, ni CAPIO-IDC, ni Ribera Salud ni ninguna de las empresas del sector privado quieren saber nada de la gestión clínica y solo permiten un sistema de férreo control a las órdenes de sus consejos de administración y sus accionistas".
"Por eso es tan importante entender cuál es el horizonte y la intencionalidad de quienes hoy formulan unas propuestas “Light” que solo tienen como objetivo desestructurar el sistema sanitario público y romper su carácter integrador y de colaboración entre profesionales, niveles y servicios" concluye la ADSPA.
