La España desindustrializada

El debate sobre despoblación en la llamada “España vaciada” establece una falsa dicotomía entre rural-urbano que no es tal. Cuando hablamos de despoblación situamos encima de la mesa toda una serie de agravios comparativos entre lo rural y lo urbano: ferrocarril, comunicaciones, servicios o la propia conexión de internet, situándolos en un mismo plano de igualdad que el empleo como responsables de la despoblación. Y no es cierto, los pueblos no se vacían por ser zonas rurales con determinados agravios comparativos con respecto a las ciudades, sino por carecer de tejido productivo que ofrezca posibilidades de ganarse la vida a …

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Alberto Cubero.

El debate sobre despoblación en la llamada “España vaciada” establece una falsa dicotomía entre rural-urbano que no es tal. Cuando hablamos de despoblación situamos encima de la mesa toda una serie de agravios comparativos entre lo rural y lo urbano: ferrocarril, comunicaciones, servicios o la propia conexión de internet, situándolos en un mismo plano de igualdad que el empleo como responsables de la despoblación. Y no es cierto, los pueblos no se vacían por ser zonas rurales con determinados agravios comparativos con respecto a las ciudades, sino por carecer de tejido productivo que ofrezca posibilidades de ganarse la vida a sus gentes.

Los cimientos de la “España vaciada” se empezaron a construir en la década de los sesenta tras la aprobación del Plan de Estabilización en 1959 que puso fin a la autarquía, dando comienzo a un desarrollismo industrial español altamente desigual y desequilibrado, que hizo que durante dicha década 3 millones de españoles y españolas abandonaran su lugar de origen para emigrar a aquellas zonas que demandaban mano de obra (País Vasco, Cataluña y Madrid fundamentalmente). Sólo desde Andalucía partieron a Cataluña cerca de un millón de trabajadores en busca de un trabajo que en su tierra se les negaba. La provincia de Teruel perdió el 37% de su población entre 1950 y 1980, y es que mientras España ha duplicado su población en los últimos 100 años, Teruel ha perdido la mitad de sus habitantes en este mismo periodo.

Si se hablase de la “España desindustrializada” entenderíamos mejor el porqué de la despoblación. Las infraestructuras y la comunicación son importantes en el desarrollo de un territorio y en sus posibilidades de fijar población, pero lo que determina que la gente viva o no en un territorio es la existencia de empleo. Por Calatayud pasa la nacional II y tiene parada de AVE desde hace 20 años, pero desde que se inauguró dicha parada ha perdido el 10% de su población.

El factor empleo es el determinante para la despoblación y difícilmente puede existir empleo allí donde no hay industria, principal motor del desarrollo económico. Quizá en un futuro el teletrabajo permita otras posibilidades de empleo en las zonas rurales, pero hasta el momento la existencia o no de industria determina que una zona rural sufra o no el despoblamiento. Incluso la agricultura y la ganadería tienen un impacto en el empleo varias veces mayor si la actividad primaria va acompañada de una transformación del producto, es decir, de industria alimentaria.

En Aragón conocemos bien la importancia de la industria pues somos la segunda comunidad autónoma más industrializada de España, sólo por detrás de Navarra y al mismo nivel que el País Vasco. La sola presencia de una fábrica de coches (OPEL Figueruelas) genera más de 20.000 empleos directos e indirectos, siendo la locomotora de toda una comunidad autónoma pero especialmente del valle del Ebro aragonés.

Pero Aragón es territorialmente enorme (7 veces más grande que el País Vasco con la mitad de población), así que también conocemos bien el impacto de la desindustrialización y sus efectos sobre la población. La crisis de la industria del calzado y su afección a la comarca de Aranda es un buen ejemplo ya que en esta comarca la población ha caído un 21% desde 2003. Una comarca que conseguía no perder población gracias a la citada industria pero que en poco tiempo ha visto como muchas de sus fábricas han cerrado y las que han permanecido abiertas ha sido a costa de externalizar a otros países buena parte del proceso productivo. El cierre de las minas también ha provocado la pérdida de más del 20% de la población de la comarca de las Cuencas Mineras turolenses. Y la reducción de la actividad y posterior cierre de la central térmica de Andorra ha hecho que esta comarca pierda el 15% de su población en sólo 10 años evidenciando que de momento eso de “Transición Justa” no pasa de ser un eslogan que queda bien en las campañas institucionales.

Pero Aragón es extenso y las comarcas más industriales, por muy rurales que sean, no sufren la despoblación. La comarca de la Ribera Alta del Ebro, donde se ubica la factoría de Figueruelas, no sólo no ha perdido población, sino que en la década previa a la crisis de 2008 logró incrementar su población en un 50% y desde entonces ha logrado conservarla. Otro ejemplo es la comarca de Valdejalón, con los municipios de La Almunia y Épila a la cabeza y con un mayor tejido industrial, alguna de esas industrias auxiliares de la planta de Figueruelas, que ha visto incrementar su población en un 40% en los años previos a la crisis de 2008 y desde entonces ha sido capaz de sostenerla.

Luchar contra la despoblación implica necesariamente apostar por un tejido productivo que ofrezca posibilidades de sustento a sus habitantes, actuales y futuros. Un tejido productivo que no debe ser únicamente industrial pero que necesariamente debe contar con un sector industrial significativo. Y para ello, es fundamental la intervención pública. La España vaciada no puede confiar en el libre mercado, en que las empresas acudirán a su territorio con inversiones que generen empleo y riqueza de una manera sostenible. No ha sucedido en los últimos 50 años y no sucederá mientras nos basemos en un modelo cuyo único objetivo es maximizar beneficios. No hay futuro dentro de este modelo para la mayor parte de municipios de nuestro país, bajo el que están condenados a la desaparición.

Por ello, de la misma manera que el desarrollismo de los 60 fue dirigido por el Estado que apostó por convertir a España en la mano de obra barata de Europa, en la actualidad deben ser las administraciones públicas y los gobiernos los que planifiquen y dirijan la industrialización de la España desindustrializada. Y para ello es fundamental una fiscalidad justa e invertir esos recursos públicos directamente en el tejido productivo, y no dilapidarlo en rebajas fiscales y subvenciones a multinacionales que cogen el dinero público y luego se marchan cuando ya no les interesa seguir. Pero no solo es suficiente con inversión pública, esta debe ser invertida con un control y planificación públicos, no para generar los mayores beneficios y de la manera más rápida para los caciques del mundo rural, pues ya vimos que ocurrió con los planes Miner o FITE en la provincia de Teruel.

Un tejido productivo que sea sostenible por lo que debe asentar población en el territorio, pues tan preocupante es la despoblación como la acumulación de población en grandes urbes. Pero también respetuoso con el entorno y ahí la política industrial del Gobierno de Aragón es el mejor ejemplo del camino al desastre, como territorio y como planeta. Estaciones de esquí a base de cañones que suplen una nieve que ya apenas cae del cielo, macrogranjas de cerdos que contaminan nuestros acuíferos, megaproyectos de renovables con enorme impacto ambiental y multinacionales depredadoras como Amazon son la carta de presentación de un Lambán que gobierna bajo la máxima de que el cambio climático no puede arruinar un buen pelotazo.

Un tejido industrial que se apoye en el sector primario transformando el producto agrícola y ganadero, que aproveche las potencialidades del mundo rural, pero que también tenga en cuenta que la fórmula de despoblación ya no es tanto la inmigración como el crecimiento vegetativo negativo y por lo tanto se trata de atraer gente al mundo rural.

La solución no vendrá de las denominadas candidaturas de la "España vaciada", aparentemente sin ideología y que apuestan su éxito a explotar un victimismo más que justificado. La izquierda debemos tener un plan y un programa de transformación, de clase y solidario que incluya al mundo rural, pues la ruptura con este modelo es la única esperanza de la España desindustrializada.

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